Víctimas de tortura denuncian retrasos en indemnizaciones y presunta red
Víctimas de tortura denuncian retrasos en indemnizaciones y presunta red de cobros en la CEAV EE: Fernando Villa del Angel

Ciudad de México, 28 de octubre de 2026. A más de 16 años de haber sido detenidos y torturados por integrantes de la entonces Policía Federal, Rogelio Amaya y Noé Fuentes siguen reclamando la reparación del daño reconocida por las violaciones que sufrieron. Ambos denunciaron demoras en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuestionaron la resolución emitida sobre sus compensaciones y señalaron que abogados les ofrecieron acelerar el procedimiento a cambio de una parte del dinero.

El caso se remonta al atentado con coche bomba ocurrido en Ciudad Juárez el 15 de julio de 2010, que dejó cuatro personas muertas. Semanas después, el 11 de agosto, Amaya, Fuentes y otros tres jóvenes fueron detenidos por la Policía Federal y presentados públicamente como presuntos integrantes de una organización criminal. Los cinco permanecieron encarcelados durante aproximadamente tres años y medio y recuperaron la libertad en marzo de 2014, cuando fueron declarados inocentes, después de que la entonces Procuraduría General de la República reconociera la tortura y la falta de pruebas en su contra.

En 2019, Amaya y Fuentes iniciaron ante la CEAV el trámite para obtener la reparación del daño. Según relataron, recibieron una respuesta hasta agosto de 2026. Ambos sostienen que la resolución contempla únicamente las primeras 72 horas de su detención y deja fuera el periodo posterior de arraigo y prisión preventiva, que se prolongó durante casi cuatro años. También aseguran que no se incluyó a familiares considerados víctimas indirectas, entre ellas una adolescente y una mujer adulta mayor.

Ante esas diferencias, recurrieron al amparo para impugnar la resolución. Los afectados consideran que la valoración de su caso no refleja el tiempo que permanecieron privados de la libertad ni todas las consecuencias que la detención tuvo para sus familias.

A la demora se suma una denuncia sobre el ofrecimiento de servicios jurídicos para acelerar los pagos. Amaya señaló que los abogados Salvador Moreno Vázquez y Marco Antonio Ramírez Barragán lo contactaron en agosto de 2019, poco después de que presentara la solicitud de reparación ante la Comisión. Según su testimonio, le ofrecieron gestionar el procedimiento y conseguir una indemnización mayor a cambio de un porcentaje del monto final.

Amaya afirma que el contrato que le presentaron establecía honorarios equivalentes al 40% de la reparación del daño. También sostiene que los abogados le explicaron que una parte de ese porcentaje se destinaría a funcionarios para agilizar los trámites.

El afectado aseguró que conservó el documento contractual y relató que, tras rechazar la propuesta, recibió nuevos contactos durante los años siguientes. Según su versión, los honorarios ofrecidos disminuyeron progresivamente hasta llegar al 20%. En la última comunicación que describió, uno de los abogados le habría advertido que el pago se retrasaría durante años.

La obtención de información personal constituye otro de los puntos centrales del reclamo. Amaya cuestionó cómo los abogados conocieron sus nombres, teléfonos, domicilio y detalles del expediente. La denuncia plantea dudas sobre el manejo de los datos de las personas que solicitan compensaciones por violaciones a derechos humanos y sobre los mecanismos de acceso a esa información.

Fuentes también denunció que la resolución que recibió junto con Amaya contenía inconsistencias: ambos documentos, según su relato, estaban a nombre de Rogelio y establecían un monto que consideraron insuficiente. El afectado sostuvo que las respuestas de la Comisión llegaron cuando preparaban una conferencia frente a las instalaciones de la CEAV en la Ciudad de México para denunciar el retraso. Ambos interpretaron la actuación como una posible represalia por sus reclamos.

Los dos solicitaron la intervención de la titular de la Comisión, Martha Yuridia Rodríguez, para que se revise la resolución y se dé una respuesta a sus solicitudes. Hasta ahora, no hay pronunciamiento público reciente de la institución que respondiera específicamente a estas acusaciones.

El caso pone en el centro de la discusión la capacidad de las instituciones federales para garantizar una reparación integral a quienes sufrieron violaciones graves de derechos humanos. La indemnización forma parte de un proceso que debe considerar las afectaciones acreditadas, las circunstancias de cada persona y las consecuencias para sus familiares, conforme al marco legal aplicable.

Para Amaya y Fuentes, la disputa sigue abierta entre el trámite administrativo, el recurso judicial y la exigencia de que se reconozcan las consecuencias de la detención y la tortura. La revisión de su resolución y la respuesta de la CEAV serán determinantes para establecer cómo continuará su proceso de reparación, mientras las denuncias sobre intermediarios y posibles represalias plantean preguntas adicionales sobre las garantías que reciben las víctimas durante la búsqueda de justicia.