La evaluación internacional registra retrocesos en cinco años y coloca
La evaluación internacional registra retrocesos en cinco años y coloca al país en el puesto 139 mundial en justicia penal. La corrupción y la seguridad también figuran entre las áreas con resultados más bajos. worldjusticeproject/IA

México retrocedió cuatro posiciones en el Índice de Estado de Derecho 2026 y quedó en el lugar 125 de 143 países y jurisdicciones evaluados, con una puntuación de 0.39 sobre uno. El resultado, publicado el 21 de octubre, confirma una tendencia de deterioro que afecta especialmente al sistema de justicia penal, la capacidad para contener la corrupción y las condiciones de seguridad.

La evaluación del World Justice Project (WJP) coloca a México en el puesto 28 de 32 países de América Latina y el Caribe y en el 43 de 44 economías de ingreso mediano alto. Su calificación se encuentra por debajo del promedio global, de 0.55 puntos, y descendió desde los 0.40 registrados en la edición de 2025.

El dato más desfavorable aparece en justicia penal. México obtuvo 0.22 puntos y ocupó el lugar 139 de 143 países, una de sus peores posiciones entre los ocho componentes del índice. La puntuación de este rubro cayó 21.2 por ciento entre 2021 y 2026, en una medición que examina la investigación de delitos, la eficacia de las fiscalías y los tribunales, el respeto al debido proceso y la protección de víctimas y personas acusadas.

La justicia civil también se encuentra entre los principales rezagos: México obtuvo 0.34 puntos y quedó en el puesto 135 mundial. Este componente mide las posibilidades de resolver controversias mediante procedimientos accesibles, oportunos e imparciales. En la práctica, el desempeño de ambas áreas es determinante para que las personas puedan denunciar delitos, obtener una resolución y hacer valer sus derechos ante las instituciones.

La ausencia de corrupción registró otra de las calificaciones más bajas del país, con 0.26 puntos y el lugar 135 de 143 naciones. El indicador considera si las personas servidoras públicas utilizan sus cargos para obtener beneficios privados y evalúa prácticas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

En orden y seguridad, México obtuvo 0.50 puntos y se ubicó en el puesto 132 mundial y en el 30 regional. El informe reportó retrocesos desde 2021 y resultados débiles en la capacidad para controlar el crimen y limitar los conflictos civiles. La medición aborda las condiciones para que la población pueda realizar sus actividades sin enfrentar amenazas persistentes contra su integridad o sus bienes.

El índice también señala dificultades en los controles al poder gubernamental. México consiguió 0.39 puntos en este apartado y ocupó el lugar 109 a escala mundial. Entre 2021 y 2026, la calificación cayó 11.6 por ciento. Este factor evalúa los límites institucionales al ejercicio del poder, incluidos los contrapesos legislativos y judiciales, los organismos de supervisión y la capacidad de la sociedad civil para vigilar las decisiones públicas.

Los derechos fundamentales obtuvieron 0.46 puntos, con una disminución de 6.4 por ciento respecto de 2021. En esta dimensión se analizan, entre otros aspectos, el debido proceso, la seguridad personal, la igualdad de trato y las libertades de opinión y expresión. El cumplimiento regulatorio, que mide la aplicación justa y efectiva de las normas, alcanzó 0.41 puntos y colocó a México en el puesto 118 mundial.

El gobierno abierto fue el componente mejor evaluado para el país, con 0.54 puntos y la posición 57 de 143. Aun así, también registró una caída de 9.9 por ciento en cinco años. El apartado considera la transparencia, el acceso a la información pública y las oportunidades de participación ciudadana.

El deterioro mexicano ocurre dentro de una tendencia internacional más amplia. En la presentación global de la edición 2026, el World Justice Project informó que el Estado de derecho empeoró en el 62 por ciento de los países evaluados, frente a mejoras en el 38 por ciento. La organización advirtió además que el debilitamiento de los contrapesos, las restricciones a las libertades y las interferencias indebidas en los sistemas judiciales son factores que presionan a las instituciones en distintas regiones.

El índice se elabora con encuestas a hogares y especialistas, y compara ocho dimensiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones, la aplicación de la ley, los derechos y la seguridad. Sus resultados ofrecen una referencia internacional sobre cómo opera el Estado de derecho y permiten observar cambios a lo largo del tiempo.

Para México, la nueva clasificación concentra los principales desafíos en la capacidad de investigar y resolver delitos, prevenir la corrupción, garantizar la seguridad y mantener controles efectivos sobre las autoridades. La puntuación general descendió de 0.40 en 2025 a 0.39 en 2026, mientras que la posición internacional pasó del lugar 121 al 125.