El titular de la Contraloría estatal presentó ante el Congreso
El titular de la Contraloría estatal presentó ante el Congreso un balance de cuatro años de fiscalización. La dependencia reporta 762 resoluciones sancionatorias, 97 denuncias penales y cerca de 500 millones de pesos recuperados de un monto estimado de 2,400 millones relacionado con presuntas irregularidades Congreso de Hidalgo

Pachuca, Hidalgo, 15 de octubre de 2026. La Contraloría de Hidalgo reportó 247 inhabilitaciones de servidores públicos, 97 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y cerca de 500 millones de pesos recuperados en investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. El balance presentado por el secretario Álvaro Bardales Ramírez ante el Congreso estatal también dejó sobre la mesa dos asuntos de mayor alcance: la recuperación pendiente de recursos vinculados con posibles desvíos y las observaciones federales por 487 millones de pesos en cuatro municipios.

Las cifras fueron expuestas durante la comparecencia del funcionario el 14 de octubre, como parte de la revisión del cuarto informe del gobierno de Julio Menchaca. En el periodo informado, la dependencia emitió 762 resoluciones sancionatorias contra servidores públicos, entre ellas 317 amonestaciones y 247 inhabilitaciones. Además, remitió 51 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa por presuntas faltas graves, mientras que las 97 denuncias penales permanecen en distintas etapas de investigación.

El reporte reúne procedimientos administrativos, investigaciones penales y revisiones de auditoría que tienen alcances distintos. En conjunto, muestran la magnitud de las acciones de fiscalización descritas por el gobierno estatal y el volumen de recursos cuya situación todavía requiere seguimiento.

El dinero recuperado y el monto pendiente

Uno de los datos centrales del informe es el monto relacionado con presuntas operaciones irregulares en obras y servicios públicos: alrededor de 2 mil 400 millones de pesos. De esa cantidad, la Contraloría afirma haber recuperado cerca de 500 millones, pero la mayor parte del monto señalado continúa pendiente de recuperación o resolución dentro de los procedimientos correspondientes.

La dependencia también informó de la incorporación de 435 inmuebles al patrimonio público, valuados en más de mil 267 millones de pesos.

Durante la comparecencia, Bardales sostuvo que las investigaciones continúan y que la dependencia mantendrá las acciones legales para recuperar recursos públicos. En la sesión también se abordaron las dificultades para localizar o notificar a algunas personas relacionadas con expedientes abiertos, así como los procedimientos que siguen su curso ante las instancias competentes.

El caso conocido como la Estafa Siniestra, relacionado con presuntos desvíos de recursos extraordinarios destinados a municipios, dependencias y organismos públicos, forma parte de ese contexto. El funcionario señaló que las denuncias se mantienen activas y que la recuperación del patrimonio depende de la continuidad de los procedimientos legales.

Cuatro municipios concentran 487 millones de pesos observados

Otro de los focos del informe está en los recursos federales que la Auditoría Superior de la Federación mantiene bajo observación en cuatro municipios. Tepehuacán de Guerrero concentra 210 millones de pesos; Huichapan, 168 millones; Tepetitlán, 58 millones, y Huehuetla, 51 millones. En conjunto, los montos ascienden a 487 millones de pesos.

Las observaciones están relacionadas principalmente con obras de infraestructura y servicios públicos, entre ellas redes de agua, carreteras, un hospital, una planta de tratamiento y un pozo. Los municipios cuentan con un plazo legal para presentar documentación y aclarar el uso de los recursos observados.

La Contraloría indicó que da seguimiento a estos expedientes en coordinación con la autoridad federal fiscalizadora.

La distribución de los montos también muestra dónde se concentra la mayor parte de las aclaraciones: Tepehuacán de Guerrero y Huichapan reúnen 378 millones de pesos, casi cuatro quintas partes del total señalado para los cuatro municipios.

Las investigaciones también alcanzan las contrataciones y las obras

Durante la sesión legislativa, el titular de la Contraloría informó que la dependencia acompañó la presentación de 33 denuncias contra administraciones municipales salientes, principalmente por deficiencias en obras públicas. También mencionó 17 denuncias relacionadas con proyectos como el parque de Tulancingo, el bulevar Aviación de Huejutla y vialidades de Apan, Tula y Villa de Tezontepec.

En algunos de esos trabajos, explicó, se detectaron irregularidades que requirieron medidas correctivas o reposición de obras. El informe también abordó la depuración de registros de proveedores y contratistas: la dependencia reportó bajas por domicilios no acreditados, falta de capacidad técnica o financiera, incumplimientos contractuales y posibles operaciones simuladas.

Estas revisiones tienen consecuencias directas sobre la administración de recursos destinados a infraestructura y servicios. Cuando una obra presenta fallas o un contrato incumple las condiciones establecidas, las autoridades deben determinar si corresponde corregir los trabajos, aplicar sanciones administrativas o dar vista a las instancias que investigan posibles delitos.

El funcionario también informó de investigaciones por presunto nepotismo en la Secretaría de Cultura, el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Las revisiones buscan determinar si existieron contrataciones indebidas y, en su caso, establecer responsabilidades.

Las cifras que deberán traducirse en resultados

El balance presentado ante el Congreso permite medir el volumen de la actividad fiscalizadora, pero el seguimiento de los expedientes será decisivo para conocer sus resultados patrimoniales y administrativos. Entre los datos relevantes se encuentran el número de procedimientos que concluyan con resoluciones firmes, el monto que efectivamente se recupere y las aclaraciones que presenten los municipios por los recursos federales observados.

La Contraloría informó que ha realizado más de 10 mil 416 inspecciones y 544 auditorías sobre recursos por más de 256 mil 700 millones de pesos. También reportó 17 mil 614 actas de entrega-recepción correspondientes a inversiones revisadas por 27 mil millones de pesos.

En Hidalgo, el contraste entre los montos reportados como presuntamente afectados y los recursos recuperados coloca ese seguimiento en el centro de la rendición de cuentas.