Lemus atribuye disturbios a un grupo de choque y ofrece investigar posibles excesos policiales
Pablo Lemus pidió analizar cada arresto y las grabaciones del operativo, luego de que Claudia Sheinbaum cuestionara el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ordenó revisar individualmente las detenciones y los videos del operativo policial desplegado durante la marcha por agua limpia que llegó el domingo 11 de octubre a las inmediaciones de Casa Jalisco, en Guadalajara. La decisión se anunció este lunes, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara explicaciones por el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes.
La movilización reunió a miles de personas que recorrieron la ciudad desde la glorieta de La Minerva para exigir soluciones al suministro de agua turbia y con olores desagradables en colonias de la zona metropolitana. La protesta terminó con enfrentamientos, personas lesionadas y detenciones frente a la residencia oficial del gobernador.
Lemus sostuvo que la marcha transcurrió pacíficamente durante más de dos horas y que los disturbios comenzaron con la intervención de un grupo de choque que, según su versión, estaba integrado por alrededor de 400 personas. El mandatario afirmó que algunos participantes llevaban objetos con los que agredieron a policías y dañaron infraestructura cercana.
El gobernador informó que pidió a la Fiscalía de Jalisco analizar cada detención y revisar las grabaciones disponibles para determinar si hubo excesos en la actuación de los agentes. También señaló que 12 de las personas detenidas habían sido liberadas. La revisión anunciada deberá establecer las circunstancias de cada arresto y las posibles responsabilidades, tanto de particulares como de servidores públicos.
Los balances difundidos tras la protesta reportaron 39 personas detenidas y 59 lesionadas. Entre los heridos se encontraban policías estatales; el gobierno informó que dos agentes presentaban lesiones graves.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno jalisciense explicar por qué se recurrió a gases lacrimógenos y chorros de agua para contener la manifestación, además de transparentar la identidad y situación jurídica de las personas detenidas. La mandataria sostuvo que el derecho a protestar debe respetarse y que las autoridades deben aclarar las decisiones tomadas durante el operativo.
La controversia se desarrolla en medio de una crisis que lleva meses afectando a habitantes de Guadalajara y municipios cercanos. Vecinos han denunciado que el agua distribuida en sus hogares presenta turbiedad, coloración y olores anormales, mientras reclaman información verificable sobre su calidad y medidas para garantizar un suministro seguro.
El gobierno estatal ha atribuido parte de los problemas al deterioro de la infraestructura de abastecimiento y ha planteado obras para sustituir componentes del sistema que conduce agua desde Chapala. Sin embargo, el financiamiento de ese proyecto abrió otra disputa: Sheinbaum señaló que el esquema propuesto debe revisarse para evitar que implique una privatización del servicio.
Lemus rechazó que su plan busque privatizar el agua y afirmó que no se contempla aumentar las tarifas. La diferencia entre ambos gobiernos se centra ahora en las alternativas de financiamiento y en las condiciones bajo las cuales se realizarían las obras. Para este lunes se anunció una reunión entre autoridades estatales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para analizar opciones.
Se debe analizar que provoca los cambios en el agua que llega a sus viviendas, qué colonias están afectadas y qué medidas se aplicarán para proteger la salud pública mientras se realizan las reparaciones. Esos puntos requieren información técnica sobre muestreos, resultados de laboratorio, distribución y acciones correctivas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco también inició actuaciones de oficio para revisar lo sucedido durante la movilización. La revisión de las detenciones, los videos y las lesiones reportadas será relevante para determinar cómo se desarrolló el operativo y si la actuación de las autoridades se ajustó a los protocolos aplicables.