Sheinbaum exige explicaciones a Jalisco por actuación policial en protestas contra problemas del agua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó la actuación de las autoridades de Jalisco durante las manifestaciones registradas el fin de semana y pidió al gobierno estatal explicar las medidas utilizadas para controlar las protestas. La mandataria rechazó cualquier forma de represión y señaló que las demandas ciudadanas deben atenderse mediante el diálogo, especialmente cuando están relacionadas con problemas que afectan directamente a la población.

Durante su posicionamiento, Sheinbaum se refirió a los señalamientos sobre el presunto uso de agua y gases lacrimógenos contra manifestantes. Aunque no confirmó que estos mecanismos hubieran sido empleados, sostuvo que corresponde a las autoridades estatales esclarecer lo ocurrido y justificar sus decisiones.

La presidenta estableció una diferencia entre las acciones de contención que pueden realizar los cuerpos de seguridad y aquellas que vulneran el derecho a la protesta. Consideró que el mantenimiento del orden público no debe convertirse en una justificación para ejercer violencia contra quienes expresan inconformidades.

El pronunciamiento se produjo en medio de las preocupaciones por la contaminación del agua que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara, una problemática que ha generado malestar entre habitantes de distintos municipios y que requiere respuestas coordinadas de las autoridades responsables del servicio.

Sheinbaum indicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sostendría una reunión con representantes del gobierno de Jalisco para continuar las conversaciones sobre posibles soluciones. Uno de los asuntos centrales es la propuesta estatal de utilizar un esquema de financiamiento denominado CMRO, que contempla construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación de infraestructura mediante asociaciones público-privadas.

La mandataria explicó que este mecanismo puede funcionar en proyectos como carreteras, pero advirtió que su aplicación al sector hídrico requiere una evaluación diferente, debido a que podría involucrar la participación de empresas privadas en la operación del servicio de agua.

En ese sentido, reiteró la postura del gobierno federal contra la privatización del suministro de agua potable. No obstante, reconoció que el gobernador de Jalisco cuenta con atribuciones para impulsar proyectos dentro de su ámbito de competencia, por lo que consideró indispensable discutir los alcances del modelo propuesto antes de adoptar decisiones.

El financiamiento planteado por el gobierno estatal también tendría que contar con la aprobación del Congreso de Jalisco, de acuerdo con la información presentada por la presidenta. Esto abre un proceso de revisión en el que deberán analizarse las obligaciones financieras, las condiciones de operación y las posibles consecuencias para los usuarios.

La discusión ocurre en un contexto de creciente preocupación por la calidad y disponibilidad del agua en Guadalajara y los municipios conurbados. Más allá de las diferencias entre autoridades, el problema exige medidas inmediatas para atender las afectaciones actuales y una estrategia de largo plazo que permita fortalecer la infraestructura hidráulica.

Sheinbaum recordó que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsó la construcción de la presa El Zapotillo, una obra destinada a contribuir al abastecimiento de agua en la región. También cuestionó el cumplimiento de compromisos correspondientes al gobierno estatal anterior, encabezado por Enrique Alfaro, al considerar que algunas intervenciones realizadas no consiguieron resolver la problemática.

Sin embargo, la mandataria insistió en que las diferencias sobre responsabilidades pasadas no deben impedir la búsqueda de acuerdos. Afirmó que el gobierno federal mantiene su disposición para colaborar con Jalisco y evitar que la situación se transforme en una confrontación política.

El señalamiento sobre la actuación policial añade un nuevo elemento a la discusión. Mientras las autoridades estatales deberán responder por los procedimientos empleados durante las manifestaciones, las instituciones federales y locales tienen pendiente definir una ruta de trabajo que atienda las demandas relacionadas con el suministro y la calidad del agua.

Por ahora, la atención se concentra en las explicaciones que pueda ofrecer el gobierno de Jalisco, los resultados de las conversaciones con Conagua y el futuro del esquema de financiamiento propuesto. La solución de fondo dependerá de acuerdos que garanticen infraestructura suficiente, transparencia en el manejo de los recursos y acceso a un servicio de agua seguro para la población.