Morelos arrastra una década de violencia; la gobernadora señala fallas en la Fiscalía anterior
Margarita González Saravia reportó una reducción en homicidios y extorsiones, pero datos nacionales mantienen a la entidad entre las más violentas del país.
CUERNAVACA, Morelos.— La crisis de seguridad en Morelos continúa como uno de los principales desafíos del gobierno de Margarita González Saravia, quien atribuyó parte de los problemas heredados a la gestión del exfiscal Uriel Carmona Gándara y defendió las medidas aplicadas durante sus primeros dos años al frente del estado.
En una entrevista publicada el 12 de octubre, la gobernadora sostuvo que al inicio de su administración encontró deficiencias en infraestructura y en las instituciones encargadas de combatir el delito. Entre los cambios que consideró prioritarios mencionó la renovación de la Fiscalía General del Estado y una mayor coordinación entre la policía estatal, las fuerzas federales y las autoridades municipales.
González Saravia afirmó que durante el periodo de Carmona no hubo acciones contundentes contra las organizaciones criminales que operaban en la entidad. Según la mandataria, la salida del entonces fiscal permitió avanzar en la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con las corporaciones federales.
Carmona ocupó la titularidad de la Fiscalía desde 2018 y fue separado del cargo en febrero de 2025, durante el gobierno de González Saravia. Su salida estuvo precedida por una confrontación política y jurídica relacionada, entre otros asuntos, con investigaciones federales y con la solicitud de desafuero del entonces gobernador y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco. La remoción fue aprobada por el Congreso estatal.
La gobernadora sostuvo que su administración ha reforzado la capacidad de vigilancia mediante la instalación de cámaras y arcos carreteros, además de mejorar las condiciones salariales de la policía estatal. De acuerdo con su balance, el salario policial pasó de ocho mil a 15 mil pesos mensuales, mientras que la coordinación con autoridades federales permitió detener a más de 500 personas señaladas por su presunta participación en actividades criminales.
También aseguró que, en el periodo que evaluó, los homicidios disminuyeron 51%, la extorsión cayó 20% y los cateos aumentaron 300%. Asimismo, afirmó que alrededor de 80% de los feminicidios registrados durante los dos años de su administración han sido resueltos.
Esas cifras forman parte del balance presentado por la gobernadora. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica datos mensuales de incidencia delictiva con base en las carpetas de investigación reportadas por las fiscalías, una referencia que permite contrastar los resultados anunciados por el gobierno estatal.
Los indicadores nacionales muestran que Morelos mantiene una situación de violencia persistente. En su edición del 12 de octubre, el reporte de seguridad consultado por este medio señaló que la entidad ocupaba el séptimo lugar nacional por número de homicidios y el segundo por incidencia por cada 100 mil habitantes. El mismo recuento expuso que los homicidios pasaron de 259 en 2009 a mil 125 en 2024, un aumento que refleja la dimensión acumulada del problema.
La gobernadora también señaló que la responsabilidad en materia de seguridad debe compartirse con los ayuntamientos. Mencionó a Cuautla, Cuernavaca, Temixco y Jiutepec entre los municipios que, según su valoración, concentran problemas de incidencia delictiva y que son gobernados por partidos distintos a Morena. Su postura es que los gobiernos municipales deben participar de manera más activa en la prevención, la vigilancia y la atención de los delitos.
La situación de seguridad ha alcanzado además a funcionarios y exfuncionarios municipales. Durante mayo de 2026, la operación Enjambre derivó en detenciones de autoridades de la región oriente de Morelos por presuntos vínculos con estructuras criminales y otros delitos. Entre los nombres reportados estuvieron el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, y el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián. Los señalamientos y procesos de cada persona deben evaluarse de acuerdo con su situación jurídica particular.
Otro foco de presión para las autoridades son las protestas estudiantiles en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, intensificadas tras la desaparición y el feminicidio de Kimberly Ramos Beltrán en marzo de 2026. Las movilizaciones han puesto en primer plano las exigencias de seguridad para las mujeres, la búsqueda de personas desaparecidas y el esclarecimiento de los casos de violencia.
González Saravia afirmó estar dispuesta a dialogar con las estudiantes y sostuvo que su administración mantiene la seguridad como eje prioritario. En paralelo, señaló que se han presentado expedientes ante las fiscalías anticorrupción por posibles irregularidades detectadas en gobiernos anteriores, cuya investigación corresponde a las autoridades competentes.
La estrategia estatal combina operativos, inversión tecnológica, cambios institucionales y coordinación con la Federación. El desafío inmediato consiste en traducir esas medidas en resultados sostenidos y verificables, en una entidad donde los homicidios, las extorsiones, las desapariciones y la violencia contra las mujeres continúan entre las principales preocupaciones de la población.