¡Alerta en México! Falsos sacerdotes cobran por bodas y bautizos con documentos religiosos falsificados
Una investigación de Reuters documentó ceremonias y certificados sin validez, además de anuncios de supuestos documentos religiosos en redes sociales.

Una alerta de la Iglesia católica encendió las preocupaciones en México ante el aumento de personas que se hacen pasar por sacerdotes para ofrecer bodas, bautizos, primeras comuniones, funerales y otros servicios religiosos a cambio de dinero. Una investigación de la agencia Reuters, publicada el 30 de octubre de 2026, documentó casos de familias que contrataron ceremonias sin saber que los supuestos ministros no contaban con autorización de la Iglesia católica.
María Magdalena de Ibarrola, canciller de la Arquidiócesis Primada de México, estimó que cientos de falsos sacerdotes podrían operar en el país. La cifra es una estimación eclesiástica y no corresponde a un registro oficial de personas identificadas. Reuters consultó a representantes de nueve arquidiócesis y encontró que siete reportaron un aumento de estos casos después de la pandemia de COVID-19, cuando muchas familias buscaron servicios religiosos para enfermos, funerales y celebraciones.
Uno de los casos documentados ocurrió en diciembre de 2024, cuando una familia contrató a través de una funeraria a un hombre identificado como Jesús Romero para oficiar el funeral de una mujer en Ciudad de México. El supuesto sacerdote utilizó vestimenta religiosa y se presentó como una autoridad eclesiástica. Sin embargo, después de la ceremonia, la familia recibió información de la Arquidiócesis: ninguna diócesis mexicana tenía registro de él como sacerdote. La funeraria Gayosso reconoció ante Reuters que no contaba con un procedimiento formal para verificar las credenciales de los religiosos y ofreció disculpas.
Las irregularidades también alcanzaron a las ceremonias de primera comunión. En agosto de 2025, alrededor de 40 menores participaron en una celebración en un inmueble de San Buenaventura, cerca de Toluca, Estado de México. Una madre relató que pagó aproximadamente 200 dólares por la preparación religiosa y la ceremonia. Posteriormente descubrió que el certificado de su hija tenía una fecha incorrecta, mencionaba una parroquia sin autorización y llevaba la firma de un sacerdote fallecido en 2020. El caso evidenció cómo los documentos falsificados pueden generar problemas a las familias incluso después de haber participado en una celebración.
Otro canal de riesgo son las redes sociales. Reuters identificó anuncios en Facebook Marketplace que ofrecían certificados supuestamente originales de bautismo, primera comunión y confirmación, con precios de entre 30 y 100 dólares. La agencia contactó a cinco vendedores: tres parroquias negaron expedir documentos por esa vía, una de las iglesias mencionadas no existía y otro vendedor se negó a identificar la institución con la que supuestamente trabajaba. Meta informó que retiró los anuncios señalados y desactivó un grupo relacionado con estas publicaciones por incumplir sus políticas sobre compraventa de documentos.
Ante esta situación, la Arquidiócesis Primada de México pidió a los fieles verificar la identidad y las licencias ministeriales de quienes ofrecen ceremonias religiosas. La recomendación es acudir directamente a las oficinas parroquiales, solicitar la credencial correspondiente y confirmar con la diócesis que el sacerdote está autorizado para ejercer. También se debe desconfiar de certificados ofrecidos por Facebook, WhatsApp o intermediarios que prometen trámites rápidos sin intervención de una parroquia. Las familias que ya contrataron estos servicios pueden acercarse a su iglesia para revisar cada caso, pues la situación y el reconocimiento de una ceremonia dependen del sacramento y de las condiciones en que se realizó.
La investigación también relacionó el problema con la escasez de sacerdotes y la falta de información sobre los requisitos eclesiásticos. Datos del Vaticano citados por Reuters señalan que México cuenta con 17 mil 331 sacerdotes, aproximadamente uno por cada 7 mil católicos. Mientras tanto, las autoridades religiosas buscan reforzar la verificación de credenciales y proteger a las familias de cobros por servicios que podrían no contar con reconocimiento de la Iglesia.

