La crisis de contrataciones escala en el INE: pedirán revisiones a la ASF, UIF y SAT
El Consejo General discutirá auditorías externas, verificaciones fiscales, resguardo de expedientes y un mecanismo confidencial de denuncias.

El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una revisión extraordinaria de sus contratos y proveedores en medio de los señalamientos por posibles irregularidades durante la administración de Guadalupe Taddei. Este jueves 5 de noviembre, el Consejo General tiene previsto discutir un paquete de medidas que contempla auditorías externas, verificaciones fiscales y financieras a empresas contratistas, resguardo de expedientes y un mecanismo confidencial para recibir denuncias.
La propuesta representa el siguiente paso de una crisis que ya provocó cambios en la estructura administrativa del organismo y la salida de 30 funcionarios, 17 de ellos vinculados a la oficina de la anterior consejera presidenta, según los datos informados por la presidencia provisional. Las diez consejerías buscan establecer controles adicionales y entregar a las autoridades fiscalizadoras la documentación relacionada con las contrataciones cuestionadas.
Entre las medidas previstas figura solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión emergente de los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. También se plantea pedir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre posibles hallazgos relacionados con las empresas proveedoras y realizar verificaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para conocer su situación fiscal.
El plan incluye auditar los contratos vigentes y evaluar su posible rescisión cuando las revisiones acrediten incumplimientos o irregularidades que permitan aplicar esa medida conforme a la ley. Las empresas que mantengan relaciones comerciales con el Instituto también quedarían sujetas a una revisión de su estructura administrativa, socios y accionistas. El propósito es identificar quiénes participan en cada contratación y documentar las relaciones comerciales que intervienen en el uso de recursos públicos.
Otra de las acciones propuestas es establecer un sistema de alertamiento interno que permita a trabajadores y ciudadanos aportar información sobre posibles prácticas indebidas sin exponer su identidad. La propuesta contempla además conservar los expedientes de adquisiciones, servicios, arrendamientos y obra pública para evitar la pérdida de documentos relevantes durante las investigaciones.
La discusión llega después de que la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, anunciara que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue a funcionarios y exfuncionarios que pudieran tener responsabilidad en las contrataciones señaladas. La denuncia, según explicó, solicitaría investigar a cualquier persona cuya participación pudiera desprenderse de los hechos.
Cruz García también adelantó que el Instituto facilitará a la ASF la información que requiera y que adoptará medidas administrativas para proteger los documentos relacionados con los procedimientos cuestionados. La funcionaria precisó que corresponde a las autoridades fiscalizadoras y ministeriales determinar si existieron delitos o responsabilidades administrativas.
La investigación de la ASF amplía el alcance del caso más allá de los contratos recientes del INE. La Auditoría informó que trabaja en tres líneas relacionadas con adquisiciones y servicios: investigaciones de oficio sobre el INE y los organismos públicos locales electorales; un análisis histórico de las contrataciones realizadas entre 2000 y 2025, y una auditoría integral al gasto del sistema electoral. El objetivo es identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales.
Los señalamientos también alcanzaron a empresas vinculadas con la producción de materiales electorales y servicios contratados por distintas autoridades. En las revisiones se han mencionado posibles mecanismos de simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre compañías relacionadas y el uso de empresas presuntamente instrumentales. La existencia de responsabilidades deberá establecerse a partir de los expedientes y las conclusiones de las autoridades.
La dimensión institucional del conflicto aumenta porque el INE se encuentra en la preparación del proceso electoral federal de 2026-2027. La contratación de materiales, documentación, servicios tecnológicos y otros insumos resulta indispensable para organizar los comicios. Por ello, el plan también plantea modificar los procedimientos de adquisición para el próximo ejercicio presupuestal, reforzar la publicidad de las licitaciones y reducir la concentración de contratos en un grupo limitado de proveedores.
La consejera electoral Carla Humphrey ha señalado la necesidad de aumentar las licitaciones y reducir las adjudicaciones directas, además de establecer mecanismos que permitan seguir cada contrato desde su convocatoria hasta la entrega de los bienes o servicios. En una conferencia del 27 de octubre, advirtió que algunos procedimientos habían presentado retrasos en entregas, incluso en materiales relacionados con la credencial para votar.
El debate sobre los proveedores coincide con la propuesta de abrir el micrositio institucional "INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso", presentado por el organismo el 21 de octubre. La herramienta busca facilitar la consulta de las contrataciones, las empresas participantes, los montos, las etapas de los procedimientos y los pagos documentados. El Instituto ya cuenta con el sistema CompraINE, pero la nueva plataforma pretende reunir la información en un formato más accesible para la ciudadanía.
La crisis también ha abierto una discusión sobre la conducción administrativa del organismo. Las diez consejerías acordaron revisar los perfiles y el desempeño de quienes integran la Junta General Ejecutiva y su estructura ampliada, por lo que podrían producirse nuevos relevos. La presidencia provisional ha señalado que esos cambios deben realizarse sin afectar la organización de los próximos comicios.
El Consejo General tiene ahora ante sí la tarea de convertir las medidas anunciadas en decisiones formales y establecer los mecanismos para ejecutarlas. La revisión de contratos, la cooperación con la ASF, la UIF, el SAT y la FGR, así como la preservación de documentos, serán determinantes para esclarecer las contrataciones cuestionadas y definir si existen responsabilidades.
El impacto trasciende la administración interna del Instituto. El INE organiza las elecciones federales y coordina tareas con los organismos electorales locales; la confianza en sus procedimientos de compra y en la imparcialidad de sus decisiones forma parte de las condiciones para conducir el proceso de 2027.

