Jubilados bloquean San Lázaro y paralizan actividades; exigen recuperar apoyos
Jubilados bloquean San Lázaro y paralizan actividades; exigen recuperar apoyos suspendidos desde abril César Velázquez

La disputa por las prestaciones económicas de los trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados escaló este miércoles hasta el cierre de todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro. Desde antes de las siete de la mañana, los manifestantes ocuparon las entradas del recinto para exigir que se restablezcan los beneficios que dejaron de recibir en abril y que se asignen recursos para mantenerlos en el presupuesto de 2027.

La movilización reúne a extrabajadores afectados por la suspensión de apoyos contemplados en el numeral 23 del Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas. El reclamo incluye una ayuda mensual cercana a los 11 mil 800 pesos, además de apoyos para anteojos, medicamentos, despensa y otros beneficios que, según los jubilados, formaron parte de sus condiciones laborales durante más de cuatro décadas.

El bloqueo impidió el ingreso de legisladores, trabajadores y visitantes. La protesta también alteró las actividades previstas en la Cámara: quedó afectada la comparecencia de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, y la realización de la sesión plenaria quedó en incertidumbre durante las primeras horas de la movilización. Los inconformes instalaron una carpa sobre la calle Emiliano Zapata y anunciaron que mantendrían el cierre hasta obtener atención de la Junta de Coordinación Política y de la administración del recinto.

Los jubilados buscan que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, intervenga para abrir una mesa de negociación y que sus demandas sean consideradas en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027. La movilización ocurre precisamente cuando la Cámara se prepara para discutir el gasto público del próximo año, lo que coloca el conflicto laboral dentro de una negociación presupuestaria de mayor alcance.

De acuerdo con los datos expuestos por los propios afectados, alrededor de 534 jubilados tenían derecho a recibir el apoyo mensual. Unos 280 habían iniciado demandas individuales contra la Cámara, según información difundida durante el seguimiento del conflicto en julio. Los trabajadores en retiro sostienen que la suspensión de los pagos redujo de manera considerable sus ingresos y que la propuesta institucional de entregar una cantidad única de aproximadamente 52 mil pesos no compensa el valor de las prestaciones que recibían.

El origen inmediato de la disputa se remonta a diciembre de 2025, cuando se modificó el acuerdo de prestaciones para sujetar su entrega a la disponibilidad presupuestal de la Cámara. Los depósitos dejaron de realizarse en abril de 2026. Desde entonces, los jubilados han realizado reuniones, protestas y acciones legales para exigir que se mantenga el esquema anterior.

La administración de San Lázaro ha defendido la suspensión por razones financieras. En julio, el secretario general de la Cámara, Mauricio Farah Gebara, sostuvo que mantener los apoyos adicionales habría sido "insostenible e irresponsable". El funcionario señaló que el recinto enfrentaba un déficit presupuestal de 250 millones de pesos y que cada uno de los jubilados recibía más de 195 mil pesos anuales en distintos beneficios. También afirmó que el gasto relacionado con salarios y conceptos laborales había aumentado de manera considerable en los últimos años.

La diferencia entre ambas posiciones mantiene abierto el conflicto: los jubilados reclaman prestaciones que consideran parte de sus derechos laborales, mientras la administración argumenta que el costo de mantenerlas compromete las finanzas del órgano legislativo.

La inconformidad también ha alcanzado a trabajadores en activo, algunos de los cuales han expresado preocupación por el futuro de sus propias prestaciones. En octubre, la diputada Margarita García García denunció presuntas presiones laborales contra empleados que respaldaban a los jubilados. Esas acusaciones ampliaron el conflicto dentro de la Cámara y añadieron una dimensión sindical a la disputa por el numeral 23.

La protesta de este miércoles deja a San Lázaro ante un problema que combina derechos laborales, decisiones administrativas y presión presupuestaria. El bloqueo interrumpió el acceso al recinto en una jornada de actividad legislativa y puso sobre la mesa una exigencia concreta: que la Cámara defina si restituirá los apoyos, negociará un esquema alternativo o mantendrá la suspensión.