¡Escándalo en el INE! Informantes entregan fotos, videos y chats
La ASF recibió fotografías, videos, documentos y chats de informantes que buscan reducir posibles sanciones. Las pruebas apuntan a presuntas irregularidades en contratos electorales desde el año 2000. reporteindigo/IBTimes México

La Auditoría Superior de la Federación recibió testimonios, documentos, grabaciones y mensajes de WhatsApp sobre posibles anomalías en contratos electorales. Los colaboradores buscan reducir sus sanciones a cambio de aportar pruebas.

La investigación sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) tomó un nuevo rumbo. Por primera vez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que trabaja directamente con informantes que están entregando evidencia para esclarecer cómo habrían operado posibles prácticas indebidas durante varios años.

Entre los materiales recibidos hay fotografías, videos, documentos, información financiera y conversaciones de WhatsApp. La colaboración forma parte de un mecanismo legal que permite a quienes aporten información relevante solicitar una reducción de las sanciones que podrían corresponderles.

¿Qué pruebas entregaron los informantes a la ASF?

De acuerdo con la Auditoría, las personas que participan en este esquema han proporcionado testimonios y documentos sobre las operaciones investigadas, además de datos que podrían ayudar a identificar a quienes intervinieron en las contrataciones.

La evidencia incluye:

  • Fotografías y grabaciones de video.
  • Mensajes y conversaciones de WhatsApp.
  • Documentos y testimonios.
  • Información financiera y domicilios.
  • Nombres y alias de personas presuntamente involucradas.

La ASF explicó que estos elementos han permitido conocer con mayor detalle cómo habrían funcionado las irregularidades en la contratación de bienes y servicios electorales. Sin embargo, la entrega de pruebas no significa que todas las personas señaladas hayan sido declaradas responsables.

Informantes buscan reducir posibles sanciones

Uno de los puntos centrales del caso es el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

A través de este mecanismo, personas con información sobre posibles irregularidades pueden colaborar con las autoridades y aportar elementos para esclarecer los hechos, con la posibilidad de obtener beneficios en las sanciones que pudieran imponérseles.

La ASF confirmó que esta es la primera ocasión en que utiliza directamente esta figura dentro de investigaciones relacionadas con contrataciones de organismos electorales.

El organismo no ha revelado públicamente la identidad de todos los colaboradores ni los beneficios específicos que podrían recibir.

ASF investiga contratos electorales desde el año 2000

Las indagatorias no se limitan a una sola administración del organismo electoral. La Auditoría informó que revisa operaciones realizadas desde el año 2000, cuando el INE todavía era conocido como Instituto Federal Electoral (IFE).

Para avanzar en el caso, estableció tres líneas de trabajo: una investigación de oficio sobre posibles anomalías en las contrataciones públicas, un análisis histórico de las adquisiciones y una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.

Uno de los hallazgos preliminares apunta a que los beneficiarios finales de algunas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses. La ASF busca determinar cómo se realizaron esas operaciones y quiénes participaron.

INE también presentó una denuncia ante la Fiscalía

El caso avanzó también por la vía penal. El Instituto Nacional Electoral presentó el pasado 6 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles conductas delictivas relacionadas con el manejo de recursos públicos.

El organismo señaló que la denuncia busca esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales. También sostuvo que debe garantizarse la legalidad y transparencia en el uso del presupuesto, independientemente de las personas o administraciones involucradas.

¿Qué sigue en la investigación?

La ASF informó que continuará recopilando información para identificar a más personas presuntamente involucradas, rastrear el destino de los recursos públicos y promover las responsabilidades que correspondan.

Por ahora, no se han anunciado sanciones definitivas derivadas de esta nueva etapa de colaboración ni se ha establecido judicialmente la responsabilidad de todas las personas o empresas mencionadas en las investigaciones.

La entrega de fotografías, videos y conversaciones podría aportar nuevas pistas para reconstruir las operaciones bajo revisión. El desafío para las autoridades será convertir esos indicios en pruebas verificables y determinar si existieron actos ilegales en la contratación de materiales y servicios electorales.