Chihuahua crea fondo especial para policías: habrá apoyos médicos, vivienda, jubilación y protección jurídica
El mecanismo financiará atención médica, vivienda, préstamos, jubilación, asistencia jurídica y apoyos por fallecimiento, con aportaciones voluntarias de los agentes y una contribución equivalente del Gobierno estatal.
El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó este 1 de octubre la creación del Fideicomiso Orgullo Policía Estatal, un nuevo mecanismo que concentrará recursos para respaldar económicamente a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y a sus familias. La medida contempla desde atención médica y gastos funerarios hasta préstamos, apoyos para vivienda, jubilación y asistencia jurídica, con un esquema en el que también participarán económicamente los propios agentes.
La decisión representa un cambio en la administración de las prestaciones policiales. El fideicomiso funcionará como un instrumento público irrevocable de administración e inversión y quedará separado administrativa, jurídica y financieramente del esquema denominado Policía Amigo. La intención es que los recursos destinados a los agentes estatales puedan manejarse de acuerdo con las necesidades específicas de esa corporación.
La propuesta fue presentada originalmente por la gobernadora Maru Campos y posteriormente analizada por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. Su presidente, el diputado Jorge Soto Prieto, llevó el dictamen ante el Pleno y defendió la creación del mecanismo como una forma de convertir el reconocimiento a los policías en beneficios concretos para ellos y sus familias.
Uno de los aspectos más relevantes está en la variedad de apoyos previstos. El fideicomiso podrá cubrir atención médica complementaria, gastos funerarios, apoyos por fallecimiento en servicio, honorarios jurídicos, acuerdos reparatorios y garantías económicas, además de préstamos personales y gratificaciones relacionadas con jubilación o pensión.
También contempla recursos para equipamiento de vivienda, estímulos por permanencia dentro de la corporación y un reconocimiento anual relacionado con el Día del Policía. La entrega de estos beneficios dependerá del patrimonio disponible y de las reglas bajo las cuales opere el fideicomiso.
El financiamiento tendrá un esquema de corresponsabilidad. Los policías que decidan participar podrán realizar voluntariamente una aportación quincenal equivalente a tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), previa autorización por escrito. Por su parte, el Gobierno del Estado aportará una cantidad equivalente mediante la Secretaría de Hacienda.
No todos los cuerpos de seguridad estarán incluidos. El nuevo instrumento estará dirigido a elementos de las policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mientras que la Policía Vial quedará fuera debido a que ya cuenta con un fideicomiso propio. Ese esquema para agentes viales había distribuido más de 45 millones de pesos en beneficios durante los primeros 46 meses de la actual administración estatal, según información de la propia Secretaría de Seguridad Pública.
Otro punto relevante será quién participará en las decisiones sobre los recursos. El Comité Técnico del nuevo fideicomiso incluirá a seis policías de la Secretaría de Seguridad Pública: tres elementos con rango y personal bajo su responsabilidad y otros tres representantes del personal operativo, quienes serán seleccionados mediante votación.
El fideicomiso también estará sujeto a mecanismos de fiscalización. Sus estados financieros deberán incorporarse a la Cuenta Pública anual y contará con la vigilancia de un Órgano Interno de Control vinculado a la Secretaría de la Función Pública. Estos controles serán especialmente importantes porque el mecanismo administrará tanto aportaciones gubernamentales como recursos provenientes de los propios policías.
Jorge Soto sostuvo que mejorar las condiciones de los agentes debe considerarse parte de la estrategia de seguridad pública. Desde su perspectiva, exigir policías profesionales y preparados también implica proporcionar condiciones que reduzcan la incertidumbre económica que ellos y sus familias pueden enfrentar frente a una lesión, fallecimiento, retiro o problema jurídico relacionado con su trabajo.
La aprobación adquiere relevancia en un estado donde las corporaciones enfrentan importantes desafíos de seguridad. El Índice de Paz México 2026 colocó a Chihuahua en el lugar 26 de las 32 entidades del país, mientras diversas regiones continúan enfrentando violencia vinculada con organizaciones criminales. Aunque ese indicador no mide directamente las condiciones laborales de los policías, muestra el contexto de seguridad en el que desarrollan sus funciones.
El siguiente paso será la formalización del contrato por parte del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, con la institución fiduciaria que ofrezca las condiciones operativas correspondientes. Será entonces cuando las reglas de funcionamiento y disponibilidad financiera permitan conocer el alcance efectivo que tendrán los beneficios.
Con ello, Chihuahua busca pasar de los reconocimientos institucionales a un sistema permanente de respaldo. Para los policías estatales, la diferencia estará en que situaciones como una emergencia médica, el retiro, una necesidad jurídica o incluso un fallecimiento en servicio puedan contar con un mecanismo financiero específicamente creado para responder a esas circunstancias.