Seguros médicos golpean el bolsillo: primas suben hasta 75% y crece presión por cambiar reglas fiscales

Renovar un seguro de gastos médicos mayores se ha convertido en un desafío para miles de familias mexicanas durante 2026. En algunas pólizas individuales y familiares se reportan incrementos de 20% a 40%, mientras que en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas los ajustes citados por legisladores alcanzan entre 60% y 75%, un escenario que ya abrió una discusión en el Congreso sobre impuestos, deducciones y regulación de las aseguradoras.

Los porcentajes no representan un aumento generalizado para todas las pólizas del país. Forman parte de los argumentos presentados en iniciativas legislativas y declaraciones públicas sobre casos específicos. El precio final de cada seguro depende de factores como edad, cobertura, historial de siniestralidad, costos hospitalarios, inflación médica, condiciones contractuales y metodología actuarial de cada compañía.

Uno de los proyectos centrales fue presentado el 10 de marzo de 2026 por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y legisladores de su grupo parlamentario. La iniciativa propone modificar disposiciones fiscales y de seguros para reducir la presión económica sobre quienes mantienen una póliza de gastos médicos mayores.

La discusión adquirió mayor relevancia este año por una modificación incluida en la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Su artículo 25 establece que, en determinadas operaciones utilizadas por las aseguradoras para cumplir contratos de seguro mediante terceros, el IVA pagado deja de ser acreditable. La medida abarca conceptos que pueden involucrar servicios relacionados con siniestros cubiertos.

Esto no significa que exista un nuevo IVA de 16% aplicado directamente a cada póliza ni que todos los incrementos observados durante 2026 provengan exclusivamente de esa disposición. El planteamiento de Ramírez Barba es que el impuesto que deja de acreditarse puede transformarse en un costo operativo adicional y terminar ejerciendo presión sobre las primas.

La propuesta legislativa busca establecer una excepción para los seguros de gastos médicos y salud, de manera que determinados servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, de laboratorio y diagnóstico vinculados con la atención del asegurado puedan recuperar ese tratamiento fiscal. Por ahora, el cambio continúa siendo una propuesta y no un beneficio que los usuarios puedan aplicar automáticamente.

Otro punto que podría impactar directamente a las familias es la deducción de las primas. La iniciativa plantea crear un espacio fiscal específico de hasta cinco UMA anuales para seguros de gastos médicos mayores, separado del límite general de otras deducciones personales y sujeto a los requisitos fiscales correspondientes.

El proyecto contempla que el beneficio pueda utilizarse cuando la póliza cubra al propio contribuyente, cónyuge o concubino, así como ascendientes y descendientes en línea recta. Su objetivo es que quienes destinan una parte importante de sus ingresos a conservar cobertura privada tengan un incentivo fiscal mayor.

La transparencia constituye el tercer gran frente. Las aseguradoras tendrían que explicar con mayor detalle cuánto del incremento anual responde a siniestralidad, costos médicos, edad del asegurado, gastos operativos y efectos fiscales, en lugar de comunicar únicamente el nuevo precio de renovación.

También se busca fortalecer las facultades de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para solicitar información técnica y actuarial. Esto permitiría conocer con mayor precisión cómo se construyen las tarifas y detectar incrementos que no cuenten con una justificación suficiente bajo los criterios establecidos por la regulación.

La discusión legislativa ya es más amplia que una sola iniciativa. Durante 2026 se han presentado distintas propuestas relacionadas con gastos médicos mayores, que incluyen desde incentivos fiscales y mayor supervisión hasta mecanismos de portabilidad y límites o fórmulas para controlar determinados incrementos.

La portabilidad aparece precisamente como uno de los asuntos de mayor interés para los usuarios. El objetivo es facilitar que una persona pueda cambiar de compañía sin perder automáticamente toda la antigüedad acumulada o tener que comenzar nuevamente determinados periodos de espera, aunque cualquier esquema definitivo dependerá de las reglas que eventualmente apruebe el Congreso y de las condiciones regulatorias posteriores.

El problema de fondo no termina en las aseguradoras. Los precios de hospitales privados, medicamentos, estudios, procedimientos y honorarios médicos también influyen en el costo de los siniestros. Cuando atender a un asegurado resulta más caro, esa presión termina incorporándose a los cálculos utilizados para determinar las primas futuras.

Por ahora, los usuarios deben distinguir entre las reglas fiscales que ya están vigentes y las reformas que apenas se discuten. La modificación del tratamiento del IVA forma parte del marco fiscal de 2026; en cambio, la ampliación de deducciones, las excepciones propuestas para gastos médicos y varias de las nuevas obligaciones de transparencia todavía requieren avanzar en el proceso legislativo.

El debate continuará mientras millones de asegurados enfrentan sus próximas renovaciones. Más allá de los porcentajes extremos registrados en determinados casos, el reto será determinar cuánto de las alzas responde al encarecimiento real de la atención médica, cuánto a factores fiscales y cuánto a las políticas comerciales y actuariales de cada compañía.