Los “pozoleros” del narco: tres décadas de crimen perfecto en un tambo con sosa cáustica

La sosa cáustica cuesta entre cuatro y seis pesos el kilo en cualquier ferretería de México. Con dos costales, un tambo de 200 litros, agua y fuego, un hombre puede hacer desaparecer un cuerpo humano en menos de ocho horas sin dejar nada reconocible excepto dientes y uñas. Esa ecuación, barata, portátil y reproducible, explica por qué el "pozoleo" no murió con el Cártel de Tijuana. Viajó a Sinaloa, a Tamaulipas, a Veracruz, a Jalisco. Se adaptó al ácido sulfúrico, a los hornos artesanales, a los crematoria improvisados bajo tierra. Y cada vez que viajó, dejó atrás a familias que nunca pudieron identificar a sus muertos.

El hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en marzo de 2025, devolvió al centro del debate nacional esta práctica que las organizaciones criminales mexicanas utilizan desde mediados de los años ochenta. Lo que encontraron las Guerreros Buscadores de Jalisco al ingresar al predio el 5 de marzo de ese año —cientos de zapatos, ropa apilada, restos óseos con indicios de exposición térmica y estructuras enterradas usadas para quemar cuerpos— no era el inicio de algo. Era el capítulo más reciente de una historia que comenzó en Tijuana, en 1996, con un experimento y una pierna de res.

El origen: Tijuana, 1996, y el primer experimento

El método tiene nombre, fecha y lugar de nacimiento. Efraín Pérez Arciniega, alias "El Efra", operador del Cártel Arellano Félix (CAF), organizó la primera prueba en la segunda mitad de 1996. Quería saber si la sosa cáustica podía disolver tejido humano. Para no arriesgarse con un cuerpo desde el principio, comenzó con una pierna de res.

El resultado convenció a los Arellano Félix. Seis meses después del experimento animal, el cártel ordenó la primera aplicación con restos humanos. Un cadáver fue introducido en un tambo de 200 litros con agua hirviente y sosa cáustica una noche de 1996, según consta en declaraciones ministeriales. El método quedó establecido: la carne se disolvía en horas, el líquido resultante se espesaba y se volvía oscuro, y al final flotaban dientes y uñas que tampoco dejan huella fácilmente rastreable.

Pérez Arciniega entrenó a varios operadores del CAF en la técnica y les transmitió no solo el procedimiento sino la lógica detrás de él: sin cuerpo, no hay delito comprobable. Sin cuerpo, no hay familia que identifique. Sin identificación, no hay presión pública. El método era, ante todo, una herramienta de impunidad.

Pérez Arciniega fue detenido en Estados Unidos, donde actualmente cumple una condena de 25 años. Según el Buró Federal de Prisiones, su fecha de liberación está fijada para el 20 de abril de 2030.

Santiago Meza López, "El Pozolero": el rostro más conocido de un oficio clandestino

El operador que convertiría el "pozoleo" en sinónimo del horror fue Santiago Meza López, albañil de oficio que llegó al Cártel de Tijuana cuidando caballos y salió de él con una confesión que sacudió a México: haber disuelto al menos 300 cuerpos humanos durante una década, a cambio de 600 dólares semanales.

Meza López relató ante la Fiscalía las instrucciones que recibió de Pérez Arciniega al iniciarse en el método: "Me pidieron moviera la sosa en el agua para que se desbaratara y cuando empezó a humear eché una pierna." La lección fue la misma que con el experimento animal. El proceso era el siguiente: llenar a la mitad un tambo de 200 litros con agua, agregar dos costales de sosa cáustica granulada, poner el recipiente al fuego hasta que hervía y comenzaba a humear, e introducir el cuerpo completo. Entre dos y ocho horas después, la carne se había disuelto. Solo quedaban dientes y uñas.

Para protegerse de los vapores tóxicos del proceso, Meza López usaba guantes de látex y máscaras especiales. Al día siguiente, cerraba los tambos de plástico, los cargaba en una camioneta pick up y los transportaba hasta arroyos o basurales donde vaciaba el contenido. En ocasiones le prendía fuego con gasolina a lo que quedaba.

Trabajó directamente para los hermanos Teodoro García Simental, "El Teo", y Emmanuel García Simental, "El Muletas", dos de los operadores más violentos del CAF. Fue detenido el 22 de enero de 2009 en Tijuana. En el predio conocido como "La Gallera", en el Ejido Maclovio Rojas, se localizaron entre 14 mil y 17 mil restos humanos, además de 16 mil 500 litros de emulsión orgánica que, según Fernando Ocegueda, presidente de la asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, podrían corresponder a 720 cuerpos adicionales que no pudieron exhumarse por encontrarse en estado líquido.

Las autoridades estimaron que la cifra real de personas disueltas por Meza López podría superar las 650, y una investigación académica posterior elevó ese número a cerca de 2 mil 500 si se considera el período total de operación del método en la organización desde 1984.

El caso judicial más inquietante: ¿dónde está "El Pozolero" hoy?

El proceso legal de Santiago Meza López es uno de los más reveladores sobre las fallas del sistema penal mexicano frente a crímenes de esta magnitud. En 2012, un juez federal lo condenó a 10 años de prisión por delincuencia organizada, inhumación clandestina y asociación delictuosa, una pena que organizaciones de víctimas denunciaron como absurda e insuficiente. Para 2024, Meza López ya había cumplido íntegramente esa condena.

El 4 de marzo de 2024, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó una segunda sentencia de 30 años y ocho meses de prisión por delincuencia organizada y secuestro, la misma pena que recibió su cómplice Héctor Manuel Diarte Guerrero. La nueva condena debería cumplirse en el Centro Penitenciario Número 18, en Ramos de Arizpe, Coahuila.

Sin embargo, un Tribunal de Apelación del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, aumentó posteriormente en cinco años una de sus condenas previas, pero determinó a la vez que dicha pena ya había sido compurgada al 21 de enero de 2024. En esa misma resolución, el Tribunal ordenó la libertad de Meza López en lo que respecta a esa causa penal. La consecuencia fue una paradoja sistémica: el Semanario ZETA, que siguió el caso durante tres semanas tras el fallo, no pudo ubicar a Santiago Meza López en ningún centro penitenciario del país. La persona que confesó haber disuelto cientos de cuerpos humanos no está localizada en el sistema penal mexicano.

"El Cris": el primer pozolero condenado y los 22 años que tardó la justicia

Antes de Meza López en el tiempo operativo, pero después de él en el tiempo judicial, está Marco Antonio García Simental, alias "El Cris", hermano de Teodoro "El Teo". Trabajó para el CAF desde 1999 y se le atribuye haber disuelto al menos 15 cuerpos en tambos con ácido, en su mayoría de integrantes del Cártel de Sinaloa durante la violenta disputa territorial que ensangrentó Baja California a principios de la década de 2000.

Fue detenido en 2004. Su proceso penal se extendió 22 años —dos décadas completas— hasta que en septiembre de 2026 un juez federal lo condenó a 41 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y homicidio simple en grado de tentativa. La causa también lo vinculó al asesinato de tres agentes federales de la entonces PGR en el año 2000, en la zona de La Rumorosa, Baja California. José Barraza Benítez, "El Chepe", cómplice en esos hechos, recibió una condena de 26 años.

El método viaja: Los Zetas, La Familia Michoacana y el CJNG

El debilitamiento del Cártel de Tijuana no extinguió la técnica. Los Zetas desarrollaron su propia variante, conocida entre sus operadores como "guisado", a comienzos de la década de 2000. La diferencia entre el "pozoleo" de los Arellano Félix y el "guisado" de Los Zetas era principalmente química: mientras el CAF prefería la sosa cáustica, Los Zetas incorporaron el ácido sulfúrico como solvente alternativo, más agresivo y de mayor disponibilidad en zonas industriales.

En 2015, autoridades jaliscienses aseguraron un rancho en Zapopan —dentro de la propia zona metropolitana de Guadalajara— donde hallaron restos óseos y dentales junto con cinco tinacos con residuos de ácido clorhídrico, en un predio que ya se atribuía al CJNG.

El caso que expuso públicamente la expansión del método al CJNG fue el de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara: Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco García Ávalos, secuestrados en marzo de 2018 por miembros del cártel tras ser confundidos con integrantes de una banda rival. La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que los jóvenes fueron torturados, asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido sulfúrico. En el domicilio donde ocurrieron los hechos se encontraron 46 bidones de 56 litros de ese compuesto y tres depósitos con restos de la mezcla, además de 18 perfiles genéticos distintos a los de los estudiantes, evidencia de que el sitio había sido utilizado previamente con otras víctimas.

Uno de los detenidos por ese caso fue Christian Omar Palma Gutiérrez, el rapero conocido como "QBA", quien confesó haber disuelto los tres cuerpos a cambio de 3 mil pesos semanales y reconoció haber realizado la misma tarea con al menos dos personas anteriormente asesinadas por el CJNG.

Rancho Izaguirre: cuando el método se industrializó bajo tierra

El hallazgo que volvió a colocar el "pozoleo" y sus variantes en el centro del debate nacional ocurrió el 5 de marzo de 2025. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco recibió una llamada anónima e ingresó al Rancho Izaguirre, en la localidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco. Tras cinco horas de búsqueda encontraron lo que llamarían un "campo de exterminio": estructuras enterradas utilizadas para quemar cuerpos, más de 400 prendas de vestir, alrededor de 200 pares de zapatos, mochilas, maletas, identificaciones oficiales y libros.

La disputa sobre la naturaleza exacta de las estructuras fue inmediata. La Fiscalía de Jalisco rechazó que existieran "estructuras que fungieran como hornos" en el sentido técnico del término. Sin embargo, la coordinadora del colectivo, Indira Navarro, precisó que los hornos eran improvisados, construidos en la tierra: cavaban un hoyo, colocaban una cama de leña, luego el cuerpo y encima más leña para quemarlo. Eran hornos de tierra, no de ladrillo. La Fiscalía confirmó la presencia de restos óseos con indicios de exposición térmica —el término técnico que usó— y registró al menos cinco lotes de restos fragmentados y calcinados, además del catálogo de prendas y objetos personales.

Lo que resultó igualmente perturbador fue el contexto en que operaba el rancho. Según testimonios de sobrevivientes recabados por el propio colectivo, el CJNG atraía a jóvenes mediante falsas ofertas de empleo publicadas en redes sociales —puestos de guardias de seguridad o peones de albañilería— para trasladarlos al predio donde eran sometidos a entrenamiento forzado. Uno de los sobrevivientes relató: "Nos obligaban a hacer unos hoyos, unas fosas... ponían una plancha de piedra y ladrillo, ahí aventaban los cuerpos seccionados. En el fondo había un cuarto que le llamaban 'la carnicería', ahí nos obligaban a quemarlos."

El predio ya había sido intervenido por la Guardia Nacional el 18 de septiembre de 2024, con diez personas detenidas, dos liberadas y un cuerpo localizado. La Fiscalía de Jalisco reconoció públicamente que la inspección inicial fue insuficiente. El fiscal Salvador González de los Santos admitió que "se hace evidente que los trabajos fueron insuficientes" y anunció una investigación por posibles omisiones. Un informe de la FGR documentó entre 13 y 14 presuntas omisiones de instituciones estatales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó las fallas de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses como violaciones a los derechos humanos y señaló que se lavaron manchas de sangre en los baños y se pintaron paredes antes de que el caso se hiciera público.

Las investigaciones federales derivaron en la detención de más de 40 personas, incluido el entonces alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, acusado de haber usado patrullas y policías municipales para proteger el predio e impedir la fuga de las víctimas.

La cifra que lo enmarca todo

Más de 5 mil 600 fosas clandestinas han sido registradas en México, desde La Bartolina en Tamaulipas hasta Colinas de Santa Fe en Veracruz. Solo en Jalisco, más de 15 mil personas figuran como desaparecidas. El "pozoleo" y sus variantes no explican todas esas ausencias, pero contribuyen de manera determinante al problema forense central: cuando los cuerpos son disueltos, incinerados o fragmentados, los análisis de ADN se vuelven imposibles o incompletos, la identificación se bloquea y las familias quedan atrapadas en la incertidumbre indefinida.

Detrás de cada tambo con sosa cáustica, de cada bidón con ácido sulfúrico y de cada hoyo en la tierra cavado por una víctima obligada a hacerlo, hay una familia que espera saber qué pasó. Y una práctica criminal que lleva tres décadas demostrando que el costo de borrar ese rastro es de apenas unos pocos pesos por kilo de reactivo