Corte analiza si pruebas financieras de Suiza pueden volver al caso Odebrecht contra Lozoya
El Pleno analizará si la información bancaria obtenida mediante cooperación internacional requería autorización judicial previa en México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó atraer el recurso promovido por la Fiscalía General de la República (FGR) para resolver una controversia que podría determinar el futuro de parte de las pruebas financieras utilizadas en el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El punto central no es todavía determinar si Lozoya es responsable de los delitos que se le imputan, sino establecer si la información bancaria y financiera proporcionada por autoridades suizas fue obtenida e incorporada al proceso mexicano conforme a las reglas aplicables.
La Corte tendrá que resolver una disputa sobre las pruebas
El Pleno de la Corte decidió atraer el asunto a petición de la FGR. De acuerdo con los reportes sobre la sesión, la decisión fue aprobada con seis votos a favor, mientras que Yasmín Esquivel Mossa y Giovanni Figueroa Mejía votaron en contra.
La controversia surgió después de que en 2024 una autoridad judicial federal determinó que determinada información financiera procedente de Suiza no podía utilizarse como prueba, al considerar que el Ministerio Público no había obtenido previamente el control judicial que correspondía para solicitar esos datos.
La exclusión de esta información representó un obstáculo para la acusación, debido a que los documentos estaban relacionados con movimientos financieros que la Fiscalía pretendía utilizar dentro del expediente del caso Odebrecht. En una síntesis publicada por la propia SCJN en 2024 se reportó que las evidencias bancarias habían quedado fuera del proceso después de resoluciones judiciales que permitieron avanzar hacia un eventual juicio sin esos elementos.
¿Qué tendrá que decidir la Suprema Corte?
La pregunta que ahora deberá analizar la Corte se concentra en una cuestión jurídica: si la información financiera obtenida en Suiza mediante un tratado internacional de asistencia jurídica mutua requería además una autorización judicial previa conforme al derecho mexicano.
En otras palabras, el debate consiste en determinar si las formalidades previstas en el tratado entre México y Suiza son suficientes para que la información pueda incorporarse a un proceso penal mexicano, o si las autoridades nacionales debían cumplir también con un control judicial previo.
Los tratados de asistencia jurídica internacional tienen precisamente el objetivo de permitir que los Estados colaboren en investigaciones penales que involucran información ubicada fuera de sus fronteras. La legislación y los precedentes consultables de la SCJN reconocen que estos mecanismos pueden utilizarse para obtener pruebas, documentos, testimonios y otros elementos necesarios para investigaciones y procesos penales.
La resolución que emita la Corte podría establecer un criterio relevante para futuros casos en los que una Fiscalía mexicana solicite información financiera o evidencia ubicada en otro país mediante mecanismos de cooperación internacional.
La FGR ha cuestionado la exclusión de información
La Fiscalía ha sostenido que la información obtenida mediante tratados internacionales debe considerarse válida cuando se cumplen las reglas establecidas en esos instrumentos de cooperación.
La solicitud para que la Corte atrajera el caso fue presentada por Carmen Lucía Sustaita Figueroa, titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la FGR. El objetivo es que el máximo tribunal determine cuál debe ser el estándar aplicable para incorporar este tipo de información a una investigación penal.
El antecedente no se limita a Suiza. Durante la administración de Alejandro Gertz Manero, la FGR también cuestionó decisiones judiciales relacionadas con información obtenida mediante mecanismos de cooperación internacional con otros países, entre ellos Brasil.
La Fiscalía sostuvo entonces que los tratados internacionales utilizados para obtener las pruebas forman parte del orden jurídico mexicano y que su aplicación permite la colaboración entre autoridades de diferentes países.
Lozoya enfrenta acusaciones por el caso Odebrecht
Emilio Lozoya fue director general de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y enfrenta un proceso penal relacionado con el caso Odebrecht. La FGR le atribuye, entre otros señalamientos, delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El caso está relacionado con las investigaciones sobre presuntos pagos realizados por la constructora brasileña Odebrecht y su posible conexión con funcionarios mexicanos. La existencia de las acusaciones no equivale por sí misma a una declaración de culpabilidad.
La defensa de Lozoya también ha buscado excluir otros elementos del expediente, incluidos testimonios relacionados con exdirectivos de Odebrecht. Sin embargo, algunas de esas impugnaciones han tenido resultados distintos a los obtenidos respecto de la información financiera.
El siguiente paso será elaborar el proyecto
Con la atracción aprobada, el asunto será turnado a una ministra o ministro, quien deberá elaborar el proyecto de resolución que posteriormente será discutido por el Pleno.
La Corte no decidirá en esta etapa si Lozoya es culpable o inocente. Su análisis estará concentrado en la validez procesal de la información financiera obtenida mediante cooperación internacional y en los requisitos que debieron cumplirse para incorporarla al expediente.
La resolución podría tener efectos que trasciendan el caso Odebrecht, particularmente en investigaciones de delitos financieros y de corrupción que dependan de información bancaria o documental obtenida de autoridades extranjeras.
Por ahora, las pruebas provenientes de Suiza permanecen en el centro de una disputa jurídica que deberá resolver la nueva integración de la Suprema Corte.
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