FGR apelará no vinculación a proceso de cinco exfuncionarios por caso Next Energy
La Fiscalía sostiene que la jueza federal omitió elementos jurídicos y mantiene abiertas otras investigaciones sobre recursos públicos y la estructura financiera del proyecto.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que apelará el auto de no vinculación a proceso dictado a cinco exfuncionarios del municipio de Aguascalientes relacionados con el proyecto Next Energy, al considerar que la resolución judicial no tomó en cuenta elementos jurídicos que, a criterio del Ministerio Público federal, deben ser revisados.
El recurso será presentado contra la resolución emitida por la jueza federal Yuridia Bello Camacho dentro de la causa penal 426/2026, en la que fueron señalados Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Alfredo Martín Cervantes García, Rodolfo Téllez Moreno, Luis Alberto Rivera Vargas y Mónica Marcela Díaz Aranda por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
El caso tiene como antecedente el contrato PPS 002/2019, firmado el 28 de marzo de 2019 entre el Ayuntamiento de Aguascalientes y Next Energy para desarrollar un proyecto de generación y suministro de energía eléctrica mediante un parque fotovoltaico. El contrato contempló una inversión de 948 millones 913 mil pesos y un esquema de asociación público-privada.
La resolución judicial que ahora será impugnada se produjo después de la audiencia en la que la defensa de los exfuncionarios planteó, entre otros argumentos, que había transcurrido el plazo para ejercer la acción penal y que existían antecedentes de investigaciones previas sobre los mismos hechos.
Con esos elementos, la jueza determinó la no vinculación a proceso de los cinco imputados. La decisión significa que, en esta causa penal y bajo los términos de esa resolución, no quedaron sujetos a proceso por el delito que les atribuyó la FGR.
La Fiscalía federal, sin embargo, determinó recurrir el fallo. En su comunicado más reciente, sostuvo que existen elementos jurídicos que no fueron considerados al momento de dictar el auto de no vinculación y confirmó que acudirá a la instancia correspondiente para que la resolución sea revisada.
El expediente tiene además un componente financiero documentado en auditorías federales. La Auditoría Superior de la Federación ha revisado operaciones relacionadas con el contrato PPS 002/2019 y los mecanismos de pago asociados al proyecto, dentro de la fiscalización de los recursos administrados por el municipio de Aguascalientes.
Entre los antecedentes del caso se encuentran pagos realizados por el ayuntamiento mientras el proyecto energético no había entrado en operación. Investigaciones y revisiones oficiales han documentado movimientos de recursos vinculados con los fideicomisos utilizados para atender las obligaciones derivadas de los contratos de asociación público-privada.
La propia documentación de la ASF identifica el contrato PPS 002/2019 con un monto de 948.9 millones de pesos y registra recursos federales destinados al cumplimiento de sus obligaciones financieras.
La investigación federal se originó a partir de una denuncia presentada ante la FGR por posibles irregularidades en la contratación del proyecto. A partir de esa indagatoria, el Ministerio Público federal llevó ante un juez a los cinco exfuncionarios ahora beneficiados con la no vinculación, pero la determinación judicial abrió una nueva etapa procesal.
La FGR precisó que la resolución tampoco representa el cierre de todas las investigaciones relacionadas con Next Energy. De acuerdo con la Fiscalía, permanecen abiertas líneas relacionadas con el uso de recursos públicos federales, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto y posibles mecanismos financieros y comerciales vinculados con la operación.
El siguiente paso será la revisión de la resolución mediante el recurso de apelación promovido por la Fiscalía. Mientras ese procedimiento avanza, las investigaciones que permanecen abiertas continuarán por las vías correspondientes.
El caso Next Energy mantiene así dos frentes: por un lado, la impugnación de la decisión que evitó la vinculación a proceso de los cinco exfuncionarios y, por otro, las indagatorias que la FGR mantiene activas sobre los recursos públicos y la estructura financiera relacionada con el proyecto.