Exfuncionario de Michoacán encabezaba presunta red que clonaba voces para extorsionar
Cinco personas fueron vinculadas a proceso; las autoridades aseguran que utilizaban datos personales, números telefónicos falsificados y voces generadas artificialmente para engañar a sus víctimas.
Una red de presuntos extorsionadores que habría convertido la identidad de funcionarios públicos en una herramienta de engaño fue desarticulada en el Estado de México. Entre los cinco detenidos se encuentra Luis "N", exfuncionario de Michoacán, señalado por las autoridades como presunto líder del grupo, que habría utilizado inteligencia artificial para imitar voces de ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales y otros servidores públicos.
La operación tuvo como punto de investigación un inmueble del fraccionamiento La Providencia, en Metepec. Ahí, las autoridades localizaron equipos telefónicos y tarjetas SIM que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, estarían relacionados con las comunicaciones utilizadas para contactar a las víctimas.
Junto con Luis "N" fueron detenidos Liliana "N", Luis Samuel "N", Aimee de Guadalupe "N" y Agustín Arturo "N". Los cinco fueron vinculados a proceso el pasado 6 de octubre por el delito de extorsión y quedaron sujetos a prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya.
El caso fue hecho público este 8 de octubre por el Gabinete de Seguridad, dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. La investigación se desarrolló de manera coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía.
La particularidad del expediente está en la forma en que, según las autoridades, se construía el engaño. El primer contacto con las posibles víctimas se realizaba mediante llamadas o mensajes a sus teléfonos personales. Un integrante se presentaba como secretario particular de un funcionario y utilizaba información previamente obtenida para generar confianza.
Después aparecía otro supuesto funcionario de mayor jerarquía. Desde esa identidad se solicitaba dinero para actividades políticas, agilizar pagos, incorporar personas a estructuras administrativas o recomendar la contratación de determinados servicios.
La fachada se reforzaba mediante números telefónicos configurados con nombres, fotografías, logotipos e identificadores relacionados con instituciones públicas. De esta manera, una llamada aparentemente procedente de un funcionario podía coincidir con elementos visuales que hacían más creíble la identidad utilizada.
El siguiente componente fue la inteligencia artificial. Los investigadores detectaron que los integrantes de la organización recurrían a herramientas capaces de imitar las voces de funcionarios y actores políticos. También habrían generado conversaciones ficticias entre supuestos servidores públicos para posteriormente compartirlas con las personas a quienes buscaban convencer.
La investigación documentó incluso un caso en el que una empresa dedicada al desarrollo de tecnología para documentos de identidad de alta seguridad habría recibido una propuesta para obtener un contrato. Después del primer contacto, los presuntos extorsionadores habrían solicitado dinero para concretar la operación.
El inmueble de Metepec permitió a los investigadores avanzar en la identificación de la estructura. Durante el cateo fueron asegurados diversos teléfonos celulares, tarjetas SIM y vehículos de alta gama. La Fiscalía estableció que al menos 19 dispositivos —entre ellos equipos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola— habrían sido utilizados con las tarjetas encontradas y presentarían correspondencia con números vinculados a algunas de las denuncias analizadas.
Otro componente de la investigación está relacionado con el destino de los recursos. De acuerdo con la información oficial, Luis "N" tenía restricciones dentro del sistema bancario derivadas de antecedentes relacionados con su actividad previa, por lo que las exigencias económicas se realizaban en efectivo. Cuando el dinero debía incorporarse al sistema financiero, los investigadores identificaron una empresa dedicada a la arquitectura y construcción, vinculada con su hija.
Las autoridades sostienen que parte de los recursos obtenidos habría sido destinada a la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.
El perfil del principal detenido fue otro elemento considerado por los investigadores. Luis "N" ocupó cargos dentro de la administración pública de Michoacán entre 2012 y 2013: primero como tesorero general y posteriormente como secretario de Administración y Finanzas. También tuvo otros cargos públicos, experiencia que, según las autoridades, le habría permitido conocer estructuras administrativas y relaciones entre funcionarios de distintos niveles de gobierno.
Su paso por la administración michoacana también está ligado a un expediente de años anteriores. Luis Miranda Contreras fue detenido en octubre de 2017 por una investigación relacionada con un presunto peculado por más de 26 millones de pesos. Sin embargo, en marzo de 2018 un magistrado revocó el auto de formal prisión al considerar insuficientes los elementos para mantener esa resolución.
La investigación actual comenzó a seguir una ruta diferente: identificar cómo información aparentemente ordinaria sobre funcionarios, empresarios y operaciones institucionales terminaba convertida en una herramienta para fabricar identidades y solicitudes falsas.
El mecanismo atribuido al grupo dependía precisamente de esa combinación. Primero se obtenían datos personales o relacionados con las actividades de las víctimas; después se utilizaban nombres, imágenes y números asociados con funcionarios reales; finalmente, las comunicaciones podían reforzarse con voces generadas mediante inteligencia artificial.
La operación muestra una modalidad de extorsión en la que la tecnología no sustituye al engaño tradicional, sino que lo hace más convincente. La llamada telefónica continúa siendo el punto de contacto, pero ahora puede incorporar una voz artificialmente semejante a la de una persona conocida por la víctima y elementos visuales que aparentan pertenecer a una institución oficial.
Los cinco detenidos permanecen sujetos al proceso penal por el delito de extorsión. La vinculación a proceso permite que la investigación continúe bajo control judicial, mientras la Fiscalía deberá presentar y sostener los elementos que relacionan a cada uno de los imputados con los hechos investigados.
La desarticulación de esta estructura ocurre además dentro de la estrategia federal que busca combatir la extorsión mediante coordinación entre autoridades federales y estatales. En este expediente, la investigación se concentró en una red que habría aprovechado tanto los contactos derivados de la actividad pública como herramientas digitales para construir una apariencia de autoridad.
El caso deja como principal elemento de investigación una modalidad en la que una identidad oficial puede ser fabricada en varias capas: nombre, fotografía, número telefónico, información privada y finalmente voz.