Tribunal de Disciplina Judicial acumula 248 casos contra funcionarios del Poder Judicial
El nuevo órgano recibió mil 167 expedientes heredados y analiza, entre otros casos, el procedimiento contra la jueza en retiro Martha Eugenia Magaña López.
El Tribunal de Disciplina Judicial llega a su primer año de funcionamiento con 248 servidores públicos vinculados a procedimientos disciplinarios, de los cuales 75 ya cuentan con resoluciones firmes que derivaron en 95 sanciones, mientras que otros 173 enfrentan investigaciones administrativas en curso.
El balance fue dado a conocer por el magistrado Rufino H. León Tovar, integrante del Tribunal y presidente de su Comisión de Disciplina. Las cifras corresponden al corte del 1 de septiembre y muestran el volumen de expedientes que ha asumido el nuevo órgano encargado de investigar y sancionar posibles responsabilidades dentro del Poder Judicial de la Federación.
Los procedimientos alcanzan a distintos niveles de la estructura judicial. Entre las personas involucradas figuran jueces y magistrados, pero también secretarios, actuarios, oficiales judiciales, personal auxiliar y servidores de áreas técnicas y administrativas.
Las 95 sanciones no corresponden a 95 personas distintas. El reporte establece que fueron aplicadas a 75 servidores públicos, por lo que algunos expedientes derivaron en más de una medida disciplinaria. Entre las sanciones ejecutadas durante el primer año se encuentran destituciones, inhabilitaciones, suspensiones y amonestaciones.
El Tribunal también ha recurrido a medidas cautelares mientras se desarrollan los procedimientos. En el primer balance anual se reportaron 94 medidas de este tipo, entre ellas suspensiones temporales, cambios de adscripción y órdenes restrictivas.
El volumen de expedientes se explica, en parte, por la transición institucional que acompañó a la reforma judicial. El Tribunal de Disciplina sustituyó las funciones disciplinarias que anteriormente correspondían al Consejo de la Judicatura Federal y recibió una cantidad importante de asuntos que ya se encontraban en trámite.
Durante su primer año, el organismo recibió mil 167 investigaciones heredadas de la estructura anterior. A ellas se sumaron nuevos procedimientos generados desde el inicio de operaciones del Tribunal, lo que incrementó la carga de trabajo de las áreas encargadas de investigar y resolver las posibles responsabilidades.
Uno de los casos que vuelve a colocar este tema en el centro de la agenda judicial es el de Martha Eugenia Magaña López, jueza federal en retiro que este jueves 8 de octubre comparece ante el Tribunal de Disciplina.
El procedimiento está relacionado con una resolución que emitió en agosto de 2024, cuando se encontraba al frente del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos. Dentro del amparo 1251/2024, Magaña concedió una suspensión provisional vinculada con el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial.
La medida fue dictada antes de la aprobación definitiva de la reforma y ordenaba detener temporalmente determinadas actuaciones relacionadas con su trámite legislativo. La decisión generó una disputa institucional y posteriormente derivó en un procedimiento administrativo.
La exjueza dejó el cargo en julio de 2025 y actualmente reside en España, desde donde tiene previsto participar en la audiencia de este jueves, mientras su representación jurídica acudirá de manera presencial.
El expediente plantea una de las discusiones centrales que han acompañado al nuevo esquema disciplinario: hasta dónde puede llegar la responsabilidad administrativa de una persona juzgadora cuando la conducta cuestionada está vinculada con una resolución emitida durante el ejercicio de su función.
La propia Magaña sostiene que el procedimiento está relacionado con el sentido de la decisión que tomó en 2024. El Tribunal, por su parte, analiza si en su actuación existieron elementos que puedan configurar una responsabilidad administrativa. Hasta ahora no existe una resolución definitiva sobre su responsabilidad en este procedimiento.
El caso también permite observar cómo el nuevo sistema disciplinario está procesando actuaciones ocurridas antes de que el Tribunal comenzara a operar. La institución asumió expedientes procedentes del extinto Consejo de la Judicatura Federal y debe resolverlos bajo el nuevo esquema establecido por la reforma judicial.
Entre los asuntos heredados y los nuevos procedimientos existen casos de distinta naturaleza. El Tribunal ha intervenido en expedientes relacionados con posibles irregularidades administrativas, desempeño de funcionarios y decisiones adoptadas dentro de órganos jurisdiccionales.
En marzo de este año, por ejemplo, la Comisión de Disciplina informó la suspensión de dos magistradas de un tribunal colegiado por actuaciones que, de acuerdo con el órgano disciplinario, presentaban posibles irregularidades procesales. La medida fue presentada como una determinación cautelar mientras avanzaba el procedimiento correspondiente.
La actividad del Tribunal representa uno de los cambios institucionales más visibles derivados de la reforma judicial de 2024. Sus cinco integrantes fueron elegidos mediante voto popular en el proceso electoral judicial de 2025 y comenzaron funciones dentro de la nueva estructura del Poder Judicial. El Instituto Nacional Electoral formalizó su integración y constancias de mayoría.
El órgano tiene entre sus responsabilidades investigar y resolver procedimientos disciplinarios, además de participar en mecanismos de evaluación y vigilancia de las personas juzgadoras. Durante su etapa inicial también comenzó a establecer sistemas para evaluar el desempeño judicial y organizar la función de visitaduría.
El volumen de expedientes marca, por ahora, el primer año de esta nueva estructura. Las 95 sanciones reportadas representan decisiones ya firmes, mientras que los 173 servidores públicos sujetos a investigaciones todavía se encuentran dentro de distintas etapas procesales.
Su audiencia de este jueves permitirá conocer la evolución de un procedimiento iniciado por una decisión judicial tomada hace más de dos años.