Clara Brugada descarta aumento al predial en CDMX y aclara alcance de nueva ley catastral

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que no habrá un incremento al impuesto predial como consecuencia de la nueva legislación catastral aprobada en lo general por la Cámara de Diputados. Su declaración busca despejar las dudas surgidas entre propietarios de viviendas y otros inmuebles ante los cambios propuestos para modernizar los registros de propiedad en México.

La mandataria capitalina rechazó que la iniciativa represente una autorización para elevar el cobro de este impuesto en la ciudad y pidió a la población no dejarse llevar por información que relacione directamente la reforma con un aumento de las contribuciones inmobiliarias.

"La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar", expresó Brugada en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

La aclaración se produjo después de que la Cámara de Diputados aprobara en lo general la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una propuesta que plantea mejorar la organización, actualización y coordinación de la información sobre los bienes inmuebles del país.

El dictamen obtuvo 299 votos a favor, emitidos por legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), frente a 92 votos en contra de integrantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, según los resultados reportados de la votación.

La aprobación abrió una discusión pública sobre los posibles efectos de la modernización catastral en las finanzas de los propietarios, especialmente porque los registros catastrales contienen información relacionada con la ubicación, superficie, características y valor de los inmuebles.

Sin embargo, el propósito central de la legislación presentada es establecer mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para mejorar la calidad de los datos y facilitar su intercambio, no fijar directamente nuevas tasas del impuesto predial.

En México, el predial es una contribución de carácter local vinculada con la propiedad inmobiliaria. Su determinación depende de las disposiciones fiscales aplicables en cada entidad o municipio, según corresponda, y de elementos como el valor catastral de los inmuebles.

Por ello, resulta importante distinguir entre la actualización de los sistemas de información catastral y la modificación de las obligaciones tributarias. Aunque ambas materias pueden relacionarse en determinados procesos administrativos, no son equivalentes ni producen necesariamente los mismos efectos.

La nueva legislación busca avanzar hacia criterios comunes para registrar y consultar información sobre terrenos, viviendas, edificios y otros bienes inmuebles. También pretende reducir diferencias entre las bases de datos de los catastros y los registros públicos de la propiedad.

Actualmente, la información inmobiliaria se administra mediante sistemas que pueden variar considerablemente entre entidades federativas y municipios. Esa diversidad puede dificultar la identificación precisa de propiedades, la actualización de datos y la realización de ciertos trámites.

La armonización propuesta pretende facilitar la coordinación institucional y contribuir a una mayor seguridad jurídica para quienes compran, venden, heredan o regularizan un inmueble.

Otro de los objetivos es fortalecer la confiabilidad de los registros, de manera que la información sobre la titularidad y las características de las propiedades pueda consultarse con mayor consistencia entre las autoridades competentes.

Desde la perspectiva administrativa, disponer de datos actualizados también puede ayudar a detectar errores, duplicidades e inconsistencias documentales. No obstante, el alcance concreto de estas mejoras dependerá de las disposiciones finales de la ley y de su implementación en los distintos territorios.

La discusión legislativa también plantea preguntas sobre la protección de los datos personales, los costos de modernización y las capacidades técnicas de los gobiernos locales para adaptar sus sistemas.

En el caso de la Ciudad de México, Brugada buscó separar expresamente ese proceso de modernización de cualquier anuncio de incremento al predial. Su declaración constituye un compromiso político de su administración respecto al cobro del impuesto, pero no sustituye las disposiciones fiscales que deban aprobarse por los procedimientos legales correspondientes.

La controversia pone de relieve la necesidad de explicar con claridad qué información cambiará en los catastros, cómo se protegerán los datos de los propietarios y cuáles serán las consecuencias administrativas de la reforma.

Mientras continúa el proceso legislativo, el punto central para los habitantes de la capital es que la aprobación en lo general de una ley de armonización catastral no significa, por sí misma, un aumento automático del impuesto predial.