México cae 19 posiciones en oportunidades económicas para las mujeres en dos décadas
El IMCO advierte que el país ocupa el lugar 117 de 145 economías en oportunidades económicas y que solo 5% del presupuesto de igualdad se enfoca en ampliar la participación laboral femenina.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre de 2026.— México se encuentra entre las 20 economías con mayor paridad de género, pero esa posición contrasta con las dificultades que enfrentan las mujeres para incorporarse al mercado laboral, mejorar sus ingresos y acceder a puestos de liderazgo. El país ocupa el lugar 117 de 145 economías en participación y oportunidades económicas, una de las dimensiones con peor desempeño dentro de su evaluación internacional de igualdad.
El diagnóstico, presentado este martes por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a partir del Índice Global de Brecha de Género 2026 del Foro Económico Mundial, identifica una fractura entre los avances en representación política y las condiciones económicas de las mexicanas. En los últimos 20 años, México perdió 19 posiciones en el indicador de oportunidades económicas, pese a que su puntuación general de paridad pasó de 64.6 a 78.7 puntos.
La brecha se refleja en el acceso al empleo, la remuneración y la estabilidad laboral. En México participa en la economía 46% de las mujeres, frente a 75% de los hombres. Además, por cada 100 pesos que perciben ellos, las trabajadoras ganan en promedio 86 pesos. Entre las mujeres ocupadas, la informalidad alcanza 54% y sube a 58% entre las madres.
Estas diferencias afectan la capacidad de millones de mujeres para obtener ingresos propios, construir una trayectoria profesional continua y acceder a prestaciones y protección social. También representan un desafío para la economía nacional, que mantiene fuera de la actividad económica a una proporción considerable de mujeres en edad de trabajar.
El presupuesto de igualdad deja una brecha pendiente
El análisis del IMCO también examina el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 y encuentra una diferencia entre los recursos etiquetados para la igualdad y el dinero destinado específicamente a ampliar las oportunidades económicas femeninas.
El Anexo 13, dedicado a la igualdad entre mujeres y hombres, concentra recursos en tres programas sociales: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con 46%; la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, con 17%, y la Pensión Mujeres Bienestar, con 9%. En conjunto, estas partidas representan 72% del presupuesto clasificado en ese anexo.
En contraste, las acciones dirigidas a aumentar la participación económica de las mujeres —como apoyos a productoras y programas de autonomía financiera— representan apenas 5% de esos recursos, según la clasificación elaborada por el instituto a partir de las acciones incluidas en el proyecto presupuestario.
La distribución plantea un reto para la política pública: convertir la inversión destinada a la igualdad en mejores condiciones para que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral, permanecer en él y avanzar hacia empleos con mayores ingresos.
El informe recomienda incorporar indicadores que permitan medir avances concretos, entre ellos la participación laboral femenina, las horas dedicadas a cuidados no remunerados y la cobertura de servicios. La propuesta busca que el gasto público pueda evaluarse por su contribución al cierre de las brechas.
La carga de cuidados condiciona el acceso al empleo
La desigualdad económica está relacionada con la distribución del trabajo doméstico y de cuidados. Las mujeres siguen dedicando más tiempo que los hombres a estas actividades, una carga que puede reducir sus posibilidades de aceptar empleos de tiempo completo, continuar su formación o buscar mejores puestos.
El IMCO reportó en su estudio Estados #ConLupaDeGénero 2026, publicado en julio, que las mujeres destinan 58% más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. También encontró que nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral para cuidar son mujeres.
El problema tiene una dimensión económica directa. Cuando una trabajadora deja su empleo para atender a hijos, personas mayores o familiares que necesitan cuidados, puede perder ingresos, antigüedad, prestaciones y oportunidades de promoción. Cuando permanece en el mercado laboral, la falta de servicios accesibles puede obligarla a reducir sus horas de trabajo o aceptar ocupaciones compatibles con sus responsabilidades familiares, aunque ofrezcan menores remuneraciones.
La demanda de cuidados también aumentará con el envejecimiento de la población. Para el IMCO, ampliar la cobertura de guarderías, centros de atención para personas mayores, casas de día y modelos comunitarios es parte de las medidas necesarias para favorecer la permanencia de las mujeres en el empleo.
El Anexo 31 del proyecto presupuestario, destinado a la consolidación de una sociedad de cuidados, presenta una distribución que el instituto también considera insuficiente para fortalecer los servicios: casi 78% de los recursos corresponde a transferencias, mientras 7.2% se dirige a servicios de cuidado y 0.8% a infraestructura y equipamiento.
Más representación política, pero menos oportunidades económicas
México ocupa el octavo lugar mundial en empoderamiento político y el primero en América Latina y el Caribe en ese componente del índice. El avance se relaciona, en buena medida, con las cuotas de género y una mayor presencia de mujeres en el Congreso y en los gabinetes de gobierno.
El desempeño es distinto en el ámbito económico. El país se encuentra cerca de la paridad en educación y salud, pero conserva rezagos en participación laboral, ingresos y acceso a posiciones de liderazgo. La distancia entre ambos resultados muestra que una mayor representación en los espacios de decisión no se ha traducido al mismo ritmo en igualdad de condiciones dentro de las empresas y del mercado de trabajo.
El ingreso es otro indicador de esa diferencia. La brecha promedio de remuneración —86 pesos por cada 100 que perciben los hombres— reduce los recursos disponibles para el ahorro, la vivienda, la jubilación y la independencia financiera. La informalidad agrava el problema porque una parte importante de las trabajadoras carece de acceso estable a prestaciones laborales y seguridad social.
Las diferencias también varían entre entidades. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para 2025 muestran que la participación económica femenina fue más alta en Colima, con 56.6%, y Baja California Sur, con 55.8%; en el extremo inferior se ubicaron Chiapas, con 32.5%, y Veracruz, con 36.3%. La disparidad territorial refleja que las oportunidades laborales dependen también de las condiciones económicas locales y de la disponibilidad de servicios de apoyo.
Un costo para el crecimiento y la competitividad
El aprovechamiento del talento femenino tiene consecuencias que van más allá de la igualdad de derechos. Una participación laboral reducida limita la cantidad de personas que pueden generar ingresos, desarrollar habilidades y contribuir a la producción nacional. Las brechas salariales y la concentración de mujeres en empleos informales también afectan su capacidad de consumo y la estabilidad de sus hogares.
El Foro Económico Mundial estima que, al ritmo actual, cerrar las brechas de género a escala global tomaría alrededor de 120 años. La cifra refleja la lentitud de los avances internacionales y la magnitud del desafío que enfrentan los países para transformar sus mercados laborales y sus políticas de cuidados.
En México, el diagnóstico del IMCO coloca la política presupuestaria y los servicios de cuidado entre los puntos que requieren atención. Ampliar las oportunidades económicas implica facilitar la entrada al empleo, mejorar las condiciones para permanecer en él, reducir las diferencias de ingresos y crear rutas para que más mujeres accedan a puestos de decisión.
El proyecto presupuestario para 2027 será una de las decisiones que determinarán cómo se distribuyen los recursos federales en materia de igualdad y cuidados.

