Sheinbaum aplaza envío de ley indígena al Congreso y dará más tiempo a las comunidades para decidir
La iniciativa no será presentada hasta que los pueblos originarios y afromexicano concluyan la revisión del proyecto y alcancen acuerdos sobre temas pendientes.
En el Día de la Resistencia Indígena, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se ampliará la consulta sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, tras escuchar las solicitudes de representantes comunitarios.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este 12 de octubre la ampliación del periodo de consulta para elaborar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una decisión que modifica el calendario inicialmente previsto para presentar la iniciativa ante el Congreso de la Unión y concede más tiempo a las comunidades para revisar su contenido.
El anuncio se realizó durante un encuentro en el Primer Patio Mariano de Palacio Nacional, en el marco del Día de la Resistencia Indígena, con representantes de los 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano. La mandataria señaló que la propuesta legislativa no será enviada al Poder Legislativo hasta que las propias comunidades consideren concluido el proceso de diálogo.
La decisión respondió, entre otras solicitudes, al planteamiento de Yaneth Cruz Gómez, representante del pueblo tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, quien pidió ampliar el plazo de consulta y entregó una propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Sheinbaum explicó que el Gobierno federal había considerado presentar la iniciativa este mismo 12 de octubre, pero reconoció que todavía existen asuntos que requieren discusión. Sostuvo que una legislación destinada a garantizar los derechos de los pueblos indígenas debe construirse con su participación efectiva, en concordancia con el reconocimiento constitucional de su derecho a ser consultados.
La presidenta insistió en que las comunidades tendrán un papel decisivo en la definición del documento final. Durante el encuentro, subrayó el principio de igualdad entre autoridades y representantes indígenas, al señalar que ninguna persona debe colocarse por encima de otra en el ejercicio de sus derechos.
Entre los temas pendientes de incorporar o precisar en la iniciativa mencionó el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), los Planes de Justicia, los Caminos Artesanales y la protección de la propiedad comunal tradicional.
Uno de los principales intereses expresados por los representantes fue garantizar la continuidad del FAISPIAM, mecanismo mediante el cual las comunidades reciben recursos para desarrollar obras de infraestructura de acuerdo con sus necesidades.
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que entre 2025 y 2026 se han ejercido 25 mil 424 millones de pesos de este fondo para la realización de 52 mil 547 obras. Estas cifras, presentadas por el funcionario, forman parte del balance gubernamental sobre la implementación de los derechos reconocidos en la Constitución.
Regino Montes también señaló que los 22 Planes de Justicia han beneficiado a 2.6 millones de personas indígenas en 14 estados, mediante una inversión reportada de 64 mil 523 millones de pesos.
En materia territorial, destacó la restitución de 45 mil 794 hectáreas al pueblo yaqui, 6 mil 26 hectáreas en la Sierra Tarahumara, 5 mil 956 hectáreas a comunidades wixárikas de Jalisco y 569 hectáreas al primer ejido otomí. Además, mencionó una meta de 400 caminos artesanales para 2026.
El funcionario detalló que, como parte de la elaboración de la ley, se han desarrollado 77 asambleas regionales y 19 mesas de trabajo, de las cuales se han recopilado 2 mil 287 aportaciones. La ampliación anunciada permitirá continuar este proceso antes de definir la versión que será presentada al Congreso.
Durante el encuentro también participaron representantes de distintas regiones del país. María Márquez Joaquín, del pueblo p'urhépecha, destacó el reconocimiento constitucional de las comunidades como sujetos de derecho público, mientras Lucas Pérez Hernández, del pueblo tsotsil, agradeció la posibilidad de plantear directamente sus necesidades ante el Gobierno federal.
Crisóforo Valenzuela, representante del pueblo yaqui, reconoció los avances en infraestructura hidráulica; Rosa María Hernández, del pueblo afromexicano de Veracruz, destacó la importancia del reconocimiento de sus derechos, y Agustina del Carmen Tah Pech, de Quintana Roo, planteó inquietudes sobre la continuidad de proyectos de desarrollo.
Por su parte, Hortencia Palma Palma, gobernadora indígena de Guachochi, Chihuahua, resaltó los beneficios de los comedores comunitarios y solicitó ampliar los apoyos para jóvenes universitarios.
El encuentro dejó como principal resultado la decisión de prolongar la consulta, sin establecer todavía una nueva fecha para presentar la iniciativa legislativa.
La siguiente etapa será revisar las propuestas pendientes y alcanzar acuerdos sobre los mecanismos de financiamiento, la protección territorial y el ejercicio de los derechos colectivos. Solo después de ese proceso el Gobierno federal prevé remitir la iniciativa al Congreso de la Unión.