Sheinbaum anuncia decreto para frenar contenidos violentos y proteger a menores en redes sociales

El Gobierno de México prepara nuevas obligaciones para las plataformas digitales con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos que promuevan la violencia, el acoso y la explotación sexual. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el decreto será publicado la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que su entrada en vigor marcará el inicio de una nueva etapa de coordinación entre las empresas tecnológicas y las autoridades federales.

La medida busca impedir que los menores tengan acceso a publicaciones, imágenes o videos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, ciberacoso y otras conductas que representen riesgos para su integridad física y emocional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa responde a la obligación constitucional de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia, particularmente frente a los riesgos asociados con el uso de redes sociales y otras plataformas de interacción digital.

Sheinbaum señaló que el propósito no se limita a retirar publicaciones después de que hayan sido denunciadas. También pretende que las empresas desarrollen mecanismos capaces de evitar que los contenidos peligrosos lleguen a las cuentas de menores mediante recomendaciones automatizadas o herramientas de difusión.

La presidenta relacionó el anuncio con un episodio de violencia ocurrido en Coahuila, tras el cual asumió el compromiso de impulsar medidas para impedir que los entornos digitales se conviertan en espacios de promoción de agresiones, especialmente dentro de las comunidades escolares.

La elaboración del decreto involucra a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), instituciones que continuarán trabajando en los mecanismos necesarios para su publicación y aplicación.

Uno de los principales cambios anunciados consiste en exigir a las plataformas que identifiquen y retiren de inmediato cuentas o publicaciones que promuevan o generen violencia. La disposición comprende contenidos relacionados con explotación sexual, conductas ilícitas, material sexual explícito y mensajes que puedan incentivar comportamientos peligrosos.

También se contempla la clasificación de contenidos por edades, con el propósito de limitar la exposición de niñas, niños y adolescentes a materiales inadecuados para su desarrollo.

Otra obligación será incorporar herramientas de supervisión para madres, padres y personas tutoras. Estas funciones deberán facilitar el seguimiento de la actividad digital de los menores y permitir la presentación de reportes sobre usuarios o publicaciones que representen algún riesgo.

Además, las cuentas de menores deberán contar con configuraciones de privacidad y seguridad activadas de manera predeterminada, de modo que la protección no dependa exclusivamente de que las familias modifiquen manualmente los ajustes de cada aplicación.

La propuesta también establece responsabilidades de colaboración con las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Las empresas deberán disponer de un punto de contacto permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana, para responder a requerimientos de las autoridades investigadoras.

Entre esas responsabilidades se encuentran preservar y entregar información que pueda servir como evidencia en investigaciones, así como alertar inmediatamente a las autoridades cuando se identifiquen contenidos que representen amenazas contra la vida.

De acuerdo con lo expuesto por la Consejería Jurídica, las disposiciones estarán dirigidas a plataformas que permitan la interacción, comunicación, creación, publicación o intercambio de contenidos entre usuarios.

El anuncio también contempla una etapa de trabajo para evaluar si será necesario impulsar reformas legales adicionales. Para ello, se instruirá a la Consejería Jurídica a instalar una mesa de coordinación encargada de elaborar propuestas que fortalezcan la protección de menores en los entornos digitales.

Esta previsión resulta relevante porque el decreto constituye un primer paso dentro de una política más amplia. Los mecanismos específicos de aplicación y las posibles medidas posteriores deberán conocerse con mayor precisión una vez publicado el texto definitivo en el DOF.

La presidenta destacó que las acciones de protección digital estarán acompañadas por programas preventivos dirigidos a estudiantes y familias. Entre ellos mencionó El ABC de las emociones, una estrategia que aborda la salud mental, la identificación de riesgos y el uso responsable de las plataformas digitales.

Según la información presentada por el Gobierno federal, se dedica una hora cada lunes a trabajar temas emocionales con estudiantes de tercero de secundaria y educación media superior. Asimismo, se han realizado 35 mil 458 asambleas con madres y padres de familia para promover la prevención y el acompañamiento de los adolescentes.

Como parte de los recursos de apoyo, las autoridades recordaron que la Línea de la Vida, disponible en el número 800 911 2000, ofrece orientación en materia de salud mental a personas que requieren acompañamiento.

La iniciativa abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a los riesgos que enfrentan los menores. Su implementación exigirá establecer criterios claros para detectar contenidos dañinos, proteger los datos personales y coordinar las acciones de prevención con las instituciones públicas.

El siguiente paso será la publicación oficial del decreto, prevista para el 14 de octubre. A partir de ese momento podrá conocerse su redacción definitiva, las condiciones de entrada en vigor y el alcance de las obligaciones que deberán asumir las plataformas digitales.