Carlos Torres rechaza acusaciones de Estados Unidos y anuncia acciones ante la OFAC
El exfuncionario anunció gestiones ante la OFAC para solicitar una aclaración, mientras Baja California revisará posibles contratos con las empresas sancionadas.
Tijuana, 30 de septiembre de 2026. Carlos Alberto Torres Torres negó tener vínculos con grupos o actividades criminales después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera en las sanciones anunciadas el 29 de septiembre contra personas y empresas presuntamente relacionadas con una estructura del Cártel de Sinaloa.
En un comunicado difundido la noche del martes, Torres rechazó las acusaciones y anunció que iniciará gestiones ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras autoridades para solicitar que se aclare su inclusión en la lista estadounidense.
El exfuncionario afirmó que no ha sido citado a comparecer ante una autoridad mexicana por los señalamientos que, según su versión, comenzaron con denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República en 2025.
La respuesta se produjo el mismo día en que el Gobierno estadounidense anunció sanciones contra 21 personas y 25 entidades, dentro de una operación dirigida contra integrantes y presuntos facilitadores de la facción del Cártel de Sinaloa asociada con Ismael Zambada Sicairos, conocido como "Mayito Flaco".
La empresa mencionada en las sanciones
Torres señaló que posee el 30 por ciento de Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., empresa que opera el establecimiento comercial Vive Orgánico, en Tijuana, Baja California, y que también fue incluida en la lista de entidades sancionadas.
En su comunicado, afirmó que el negocio registra ventas mensuales promedio de 570 mil pesos.
El Departamento del Tesoro identificó a Carlos Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres entre las personas sancionadas. En su comunicación oficial, atribuyó a ambos presunta participación en una red que habría facilitado operaciones financieras y protección para actividades delictivas vinculadas con el grupo criminal.
Las designaciones de la OFAC implican restricciones sobre los bienes e intereses patrimoniales sujetos a la jurisdicción estadounidense y limitaciones para realizar determinadas operaciones con las personas y entidades incluidas en la lista.
La respuesta de Torres y la postura del gobierno estatal
En su posicionamiento, Torres negó cualquier relación con actividades criminales dentro o fuera de México y manifestó que busca que las autoridades concluyan las diligencias correspondientes. También sostuvo que está dispuesto a atender los procedimientos que se le requieran.
Por separado, el Gobierno de Baja California informó el 29 de septiembre que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Torres y que no figura entre las personas sancionadas por la OFAC. La administración estatal añadió que la Oficialía Mayor revisará si las empresas incluidas en las sanciones han celebrado contratos con el gobierno de la entidad y remitirá los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para las actuaciones que procedan.
La inclusión de Torres en la lista estadounidense constituye una medida administrativa del Gobierno de Estados Unidos.