”El Señor de los Buques” enfrenta tercera orden de aprehensión por contrabando de combustible
El juez federal también ordenó la captura de otros empresarios y agentes aduanales investigados por presunto contrabando de diésel y huachicol fiscal.
Una nueva orden de aprehensión amplió este lunes la presión judicial sobre Roberto Blanco Cantú, conocido como "El Señor de los Buques", señalado por la Fiscalía General de la República como uno de los involucrados en investigaciones por contrabando de hidrocarburos y huachicol fiscal.
La resolución fue emitida por un juez federal e incluye también a José René Tijerina Mendoza y José Isabel Murguía Santiago, conocido como "El Choko", además de otros empresarios y agentes aduanales relacionados con la investigación sobre el buque Challenge Procyon.
Para Blanco Cantú y Tijerina Mendoza se trata de una tercera orden de captura dentro de expedientes relacionados con el contrabando de combustibles. Ambos son copropietarios de la empresa Mefra Fletes, firma que aparece de manera recurrente en las investigaciones federales sobre el traslado y distribución de hidrocarburos ingresados irregularmente al país.
La nueva resolución atribuye a los involucrados posibles delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos y contrabando. Al tratarse de una orden de aprehensión, los señalamientos corresponden a una investigación penal y no a una sentencia.
El expediente tiene como punto central el Challenge Procyon, buque asegurado en marzo de 2025 en Tamaulipas. De acuerdo con la investigación, el cargamento fue registrado ante las autoridades aduaneras como aditivos para aceites lubricantes a granel, aunque los análisis posteriores determinaron que se trataba de diésel.
El cargamento se convirtió en una de las piezas relevantes de la investigación sobre una estructura dedicada al ingreso y comercialización irregular de combustibles. La resolución judicial establece que las operaciones relacionadas con el buque habrían generado un daño al fisco superior a 146 millones de pesos.
La orden también alcanza a Ramiro Rocha Alvarado, Ricardo Ayón Rodríguez y Hernán Guillermo Fernández Morán, señalados como accionistas de Intanza; Eduardo de los Ángeles Rosales, relacionado con Enerpol Transportes; y los agentes aduanales Nazario Rodríguez López y Benito Abad Pérez Escalante.
El expediente sostiene que estas empresas y personas tuvieron participación en distintas etapas relacionadas con la importación, traslado y despacho del combustible. La investigación busca establecer la función que habría desempeñado cada uno dentro de la operación detectada por las autoridades.
El nombre de Roberto Blanco Cantú ya había aparecido en investigaciones federales anteriores. En septiembre de 2025 fue emitida una orden de aprehensión en su contra relacionada con otra investigación por hidrocarburos, mientras que en febrero de este año recurrió a un juicio de amparo para intentar frenar su detención.
El empresario permanece prófugo y las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación sobre su presunta participación en operaciones de contrabando de combustible. En meses recientes, otros integrantes de la estructura investigada han sido detenidos o procesados.
Entre ellos se encuentra Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como "Capitán Sol", detenido el 1 de octubre en Zapopan, Jalisco. La FGR, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que era buscado por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La captura fue presentada por las autoridades como resultado de meses de trabajos de inteligencia e intercambio de información.
También se encuentra bajo proceso el excontralmirante Fernando Farías Laguna, trasladado desde Argentina a México en agosto para enfrentar las acusaciones correspondientes. Las investigaciones federales han relacionado su nombre y el de su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, con una estructura investigada por el ingreso irregular de hidrocarburos.
El nuevo mandamiento judicial ocurre, por tanto, en una etapa en la que la investigación federal ha ampliado el número de personas y empresas bajo revisión. La FGR ha informado previamente que las indagatorias sobre el huachicol fiscal marítimo han permitido identificar accionistas, representantes, operadores y otros participantes presuntamente vinculados con la distribución del combustible.
En el caso específico del Challenge Procyon, el punto central para los investigadores es determinar cómo se realizó el ingreso del combustible, qué empresas participaron en su traslado y quiénes intervinieron en la documentación presentada ante las autoridades aduaneras.
La nueva orden coloca nuevamente a Roberto Blanco Cantú en el centro de esa investigación, pero su eventual detención será necesaria para que pueda comparecer ante la autoridad judicial que lo requiere y se defina su situación jurídica dentro de este expediente.
Mientras tanto, el proceso continúa con otros imputados y con la revisión de las operaciones financieras, empresariales y aduaneras relacionadas con el movimiento del combustible.
La investigación del Challenge Procyon se mantiene así como uno de los expedientes que forman parte de la ofensiva federal contra las redes dedicadas al huachicol fiscal, ahora con una nueva orden de captura que amplía el frente judicial contra quienes las autoridades consideran vinculados con el traslado y comercialización irregular de hidrocarburos.