Derechos humanos y democracia, pilares del gobierno de Puebla: Armenta
El gobernador Alejandro Armenta destacó el compromiso de Puebla con la protección de los derechos humanos como un elemento fundamental para fortalecer la democracia, promover la participación ciudadana y construir una sociedad basada en el respeto, la igualdad y la justicia. Gobierno de Puebla/IBTimes México

PUEBLA, Pue.- Una democracia no se mide únicamente por sus leyes o por las instituciones que la representan, sino por la manera en que las personas viven, ejercen y defienden sus derechos todos los días. Bajo esta premisa, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que en Puebla garantizar los derechos humanos debe ser una responsabilidad permanente de las autoridades y una condición indispensable para construir una sociedad más justa, incluyente y cercana a la ciudadanía.

Durante la revelación de la placa conmemorativa por el 33 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) , el mandatario destacó que toda autoridad tiene la obligación de actuar con apego a la legalidad y colocar el bienestar de las personas como una prioridad. Señaló que un gobierno democrático debe demostrar su compromiso con la sociedad a través del respeto a las libertades y garantías de cada individuo, evitando que los principios constitucionales se conviertan únicamente en declaraciones escritas.

Armenta sostuvo que la diferencia entre un gobierno democrático y uno que vulnera las libertades se encuentra precisamente en la forma en que ejerce el poder. Por ello, subrayó la importancia de que las instituciones mantengan una actuación responsable, transparente y apegada al marco jurídico. En este sentido, destacó que el Plan Estatal de Desarrollo con horizonte al 2030 contempla la construcción de un Estado moderno, en el que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y encontrar mejores condiciones para su desarrollo.

El gobernador explicó que esta estrategia se articula en torno a tres grandes ejes: seguridad, justicia y riqueza comunitaria , con el objetivo de generar oportunidades y procurar una distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo. A esta visión se suma una política de inclusión social que busca colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas. También destacó la Bioética Social como una directora del Plan Estatal de Desarrollo y señaló que el respeto a los derechos humanos debe estar presente en las acciones de gobierno y en la relación cotidiana entre las instituciones y la ciudadanía.

Durante el acto, Armenta también reconoció la importancia de las recomendaciones emitidas por los organismos defensores de los derechos humanos . Lejos de considerarlas como un obstáculo para las autoridades, dijeron que deben asumirse como oportunidades para detectar fallas, corregir prácticas y mejorar el funcionamiento de las instituciones. Bajo esta perspectiva, la defensa de los derechos humanos también implica la capacidad del Estado para reconocer sus áreas de oportunidad y responder ante las necesidades de la sociedad.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya , destacó que la labor de este organismo tiene como principal propósito escuchar y acompañar a las personas. Explicó que la Comisión representa un puente entre la ciudadanía y las instituciones, particularmente para quienes enfrentan condiciones de desigualdad o consideran que alguno de sus derechos ha sido vulnerado.

Sánchez Soya remarcó que el poder público debe entenderse como una herramienta al servicio de la sociedad y no como una posición de superioridad frente a ella. En ese sentido, defendió una visión en la que la dignidad humana sea el punto de partida de las decisiones públicas y donde el ciudadano pueda encontrar instituciones dispuestas a escuchar, atender y responder.

La historia de la Comisión en Puebla se remonta al 6 de septiembre de 1993 , fecha en la que iniciaron formalmente sus funciones, después de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del establecimiento de organismos públicos de protección en las entidades federativas. A 33 años de distancia, la institución conmemora más de tres décadas de trabajo en favor de la protección y promoción de los derechos de la población.

Sin embargo, la defensa de los derechos humanos va mucho más allá de las leyes, oficinas o documentos. Para Sánchez Soya, una institución verdaderamente cercana a la sociedad se construye con personas que escuchan, acompañan, investigan y atienden a quienes buscan protección. Esa cercanía resulta fundamental para que una persona que enfrenta una situación de vulnerabilidad no se sienta sola frente a las instituciones.

La conmemoración dejó así un mensaje que trasciende el acto protocolario: los derechos humanos deben convertirse en una realidad cotidiana . Desde el gobierno y los organismos autónomos hasta cada institución que tiene contacto con la ciudadanía, el reto consiste en hacer que la legalidad, la justicia, la inclusión y el respeto a la dignidad sean parte de las decisiones que impactan directamente la vida de las personas.

En Puebla, el compromiso planteado durante esta conmemoración apunta a una idea fundamental: una democracia se fortalece cuando las instituciones entienden que su razón de ser es servir a las personas, proteger sus derechos y garantizar que nadie quede fuera de la justicia y de las oportunidades.