México reducirá 12% el costo del espectro
La Secretaría de Hacienda plantea reducir los derechos por el uso del espectro radioeléctrico, en un cambio histórico que reconoce, después de años de advertencias, que cobrar demasiado por las frecuencias terminó restando inversión, cobertura, competencia y hasta recaudación al Estado mexicano. El Economista/IBTimes México

México está a punto de cambiar una de las reglas más cuestionadas de su política de telecomunicaciones. El gobierno propone reducir 12% el costo del espectro radioeléctrico, en un giro que llega después de casi veinte años de reclamos de la industria.

La propuesta será presentada este martes ante el Congreso como parte del Paquete Económico de la Federación 2027 (PEF). Fuentes de alto nivel señalaron a El Economista que Hacienda ya avaló modificar la Ley Federal de Derechos (LFD).

El movimiento ocurre además en medio de la renegociación del T-MEC y con el respaldo de la Secretaría de Economía. Ahora corresponderá a los legisladores decidir si el ajuste avanza.

El cambio llega después de años de llamados de la GSMA, OCDE, ASIET, los extintos Cofetel e IFT y los operadores, que atienden a unos 145 millones de usuarios celulares en México.

El reclamo es claro: los altos costos del espectro han afectado la inversión, la cobertura, la competencia y el despliegue de redes 5G.

El resultado ha sido paradójico: licitaciones sin interesados, devolución de frecuencias, menor competencia y miles de millones de pesos que dejaron de ingresar al Estado.

México terminó pagando caro por cobrar caro

El propio gobierno reconoció el rezago. El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 establece que México dispone de 695 MHz para servicios móviles masivos.

La cifra está muy por debajo de los 1,280 MHz que la UIT utiliza como referencia para garantizar calidad y cobertura.

México opera con apenas 54.3% de ese nivel. Para 2030 se proyectan 1,095 MHz, todavía 185 MHz por debajo de la referencia internacional.

La evolución también preocupa. Enrique Peña Nieto terminó su gobierno con 660 MHz de espectro en explotación, mientras que Andrés Manuel López Obrador dejó el país con 500.9 MHz.

A comienzos de 2025, México tenía 562.51 MHz asignados entre Telcel, AT&T y Altán Redes, por debajo de Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Brasil ya había alcanzado 1,040.3 MHz en 2024. Mientras otros mercados ampliaban su disponibilidad, México enfrentaba devoluciones de frecuencias por falta de viabilidad económica.

El precio expulsó al espectro

El entonces IFT entregó a Hacienda un diagnóstico contundente. De los 475.35 MHz analizados para servicios masivos privados, 427.92 MHz, equivalentes a 89.83%, estaban sobrevaluados frente a referencias internacionales.

Sólo 48.43 MHz estaban por debajo de esas referencias. En las bandas clave, la diferencia era todavía mayor.

Los bloques de 1900 MHz y 1.7/2.1 GHz estaban 93% por encima del promedio internacional; los de 2.5 GHz, fundamentales para 5G, 83% arriba; y los de 3.5 GHz, 24% por encima.

México convirtió así un recurso estratégico en un insumo demasiado caro. La GSMA estimó que este costo había dejado sin cobertura 4G a alrededor de 5 millones de mexicanos.

Hacienda también perdió

La política de altos derechos buscaba fortalecer la recaudación, pero el efecto terminó siendo contrario. Cuando conservar las frecuencias dejó de ser rentable, algunas empresas comenzaron a devolverlas.

Entre 2019 y 2024, las renuncias de Telefónica y AT&T representaron para Hacienda unos 23,281 millones de pesos que dejaron de recaudarse.

La cifra equivale a 1,172 millones 244,969 dólares al tipo de cambio promedio del periodo.

AT&T aportaba alrededor de 7,481 millones de pesos anuales al Estado por el uso del espectro y aun así advirtió que podría devolver más frecuencias y no participar en nuevas subastas.

La señal llegó con la subasta de 2021, en la que sólo 3 de 41 bloques encontraron comprador. El problema no era la falta de demanda, sino la falta de viabilidad económica.

La OCDE reforzó el diagnóstico

En marzo de 2026, la OCDE señaló que las tarifas mexicanas están entre las más altas del organismo y que el costo total de buena parte de las frecuencias es casi el doble de la mediana internacional.

El organismo advirtió que el esquema puede desincentivar la inversión, favorecer la concentración y dificultar la entrada de nuevos competidores.

México combina una contraprestación inicial con pagos anuales durante la concesión. Estos pagos recurrentes representan entre 70% y 90% del costo total de buena parte del espectro.

Por eso, el recorte de 12% no sólo puede beneficiar a los operadores. También puede ser un intento de corregir una política que terminó afectando la propia recaudación pública.

La prueba será para la CRT

La nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tendrá ahora buena parte de la responsabilidad. El regulador prepara procesos para aplicaciones industriales, cobertura rural y banda ancha móvil 5G.

La CRT contempla poner en el mercado al menos 300 MHz de bandas como 600, 800/850 MHz, 1.9, 2.3, 2.5 y 3.5 GHz, además de bandas de alta capacidad.

El reto será demostrar que el nuevo modelo puede lograr lo que el anterior no consiguió: que el espectro encuentre compradores y termine convertido en inversión, antenas, cobertura y servicios.

La última gran licitación, la IFT-12, contemplaba 2,223 lotes de frecuencias para servicios 4G y 5G, después de casi seis años de preparación.

Ahora el verdadero desafío será transformar el menor costo del espectro en mayor inversión, competencia y conectividad.

El verdadero cambio no será el 12%

La reducción de 12% puede parecer modesta frente al tamaño del problema, pero representa un cambio de rumbo. Durante años, México trató el espectro principalmente como una fuente de recaudación.

La experiencia mostró el costo de esa estrategia: empresas que devolvieron frecuencias, licitaciones desiertas y 23,281 millones de pesos que Hacienda dejó de recibir entre 2019 y 2024.

Si el recorte incentiva nuevas inversiones, aumenta la participación en las licitaciones y acelera el despliegue de 5G, el Estado podría recuperar parte de esos ingresos mediante una mayor actividad económica.

Una frecuencia demasiado cara y sin comprador genera poco para el país. Una frecuencia asignada y utilizada puede convertirse en infraestructura, inversión, empleo, competencia y mejores servicios.

Por eso, el verdadero alcance de la propuesta no estará únicamente en el 12%, sino en si México consigue convertir el espectro en una herramienta para impulsar su economía digital.

Después de casi 20 años de advertencias y reclamos, el país tiene finalmente la oportunidad de cambiar la ecuación: menos espectro caro y más conectividad para los mexicanos.