Empresarios advierten que México debe cuidar sus finanzas para mantener inversión

La discusión del Paquete Económico 2027 colocó nuevamente a las finanzas públicas en el centro de la conversación entre el Gobierno federal y el sector empresarial. Después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregara al Congreso la propuesta presupuestaria, las principales organizaciones empresariales coincidieron en que México necesita avanzar en la reducción del déficit y contener el crecimiento de la deuda sin sacrificar la inversión productiva.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó el 10 de septiembre que preservar el grado de inversión debe mantenerse como una de las prioridades de la política económica. El organismo también pidió reducir gradualmente el déficit público, desacelerar el crecimiento del endeudamiento y mejorar las condiciones para que la economía alcance un mayor ritmo de crecimiento.

La petición ocurre mientras el Gobierno federal plantea para 2027 una reducción del déficit respecto al nivel previsto para 2026. De acuerdo con la información oficial de Hacienda, el Paquete Económico 2027 fue entregado al Congreso el 8 de septiembre y establece los principales supuestos de ingresos, gasto, deuda y crecimiento que deberán ser analizados y, posteriormente, aprobados por los legisladores.

El punto de fondo para el sector privado es la relación entre estabilidad financiera y decisiones de inversión. Una empresa que evalúa construir una planta, ampliar una fábrica, instalar un centro logístico o desarrollar un proyecto energético necesita calcular sus costos financieros y anticipar las condiciones económicas durante varios años. Por ello, la evolución de la deuda pública, el déficit, las tasas de interés y la calificación crediticia forman parte del entorno en el que se toman esas decisiones.

El déficit baja, pero la presión continúa

La propuesta para 2027 contempla reducir el déficit público a 3.9% del Producto Interno Bruto, frente al 4.1% considerado previamente. Para Coparmex, el ajuste representa un avance, pero todavía deja un margen fiscal limitado.

La organización empresarial señaló que el déficit proyectado continúa por encima del nivel de inversión pública previsto y advirtió sobre el peso creciente de compromisos como el servicio de la deuda y las pensiones. De acuerdo con su análisis del Paquete Económico, el costo financiero de la deuda alcanzaría 1.57 billones de pesos, con un crecimiento real de 11.8%, mientras que el gasto destinado a pensiones rondaría los 2.48 billones de pesos.

Estos componentes tienen una característica particular: una parte importante del presupuesto queda comprometida antes de que el Gobierno pueda decidir cuánto dinero adicional destinar a nuevos proyectos de infraestructura, seguridad, educación, salud o desarrollo productivo.

Por ello, el debate no se limita a determinar cuánto gastará el Gobierno durante 2027. También implica decidir qué proporción de los recursos puede destinarse a proyectos capaces de aumentar la productividad y generar crecimiento económico.

Coparmex ha planteado que el objetivo de ordenar las finanzas no debe reducirse a mejorar indicadores fiscales, sino traducirse en mejores condiciones para la actividad empresarial, la generación de empleos y la inversión.

La deuda se convierte en una variable clave

Otro de los puntos que concentra la atención empresarial es el nivel de endeudamiento.

La propuesta presupuestaria contempla que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se ubique alrededor de 55% del PIB. Ese indicador reúne una medida amplia de las obligaciones financieras del sector público y permite observar la evolución del endeudamiento más allá de la deuda presupuestaria tradicional.

Para los empresarios, mantener bajo control esta variable es relevante porque una mayor carga financiera puede reducir el espacio disponible para otros gastos y aumentar la sensibilidad de las finanzas públicas ante cambios en las tasas de interés, el tipo de cambio o las condiciones internacionales.

El CCE pidió precisamente que el crecimiento de la deuda se desacelere y que el gasto público tenga una utilización más eficiente. También planteó soluciones estructurales para las empresas del Estado, además de una ampliación de la base de contribuyentes y un combate más efectivo contra la evasión y las redes de facturación falsa.

La lógica empresarial es que una mayor recaudación proveniente de contribuyentes que actualmente no cumplen con sus obligaciones puede fortalecer los ingresos sin concentrar todo el esfuerzo fiscal en quienes ya están dentro de la economía formal.

Inversión pública, el otro lado de la discusión

Sin embargo, reducir el déficit no es el único objetivo planteado por el sector privado.

Las organizaciones empresariales también han pedido que el ajuste fiscal no termine debilitando la inversión pública que necesita el país para mejorar su capacidad productiva.

Concamin destacó como un elemento positivo del proyecto presupuestario el incremento previsto de 3.5% en términos reales de la inversión física para 2027, así como la incorporación de proyectos relacionados con energía, agua, transporte y logística.

Estos sectores tienen una importancia directa para las empresas. La disponibilidad de electricidad, agua, carreteras, ferrocarriles, puertos y sistemas logísticos determina en buena medida dónde puede instalarse una industria y cuánto cuesta producir y trasladar mercancías.

La energía representa uno de los principales factores de decisión para industrias intensivas en consumo eléctrico. El agua es determinante para sectores como alimentos, bebidas, manufactura y algunos procesos industriales. La infraestructura de transporte, por su parte, influye en el tiempo y costo que requieren las mercancías para llegar a los mercados.

Por eso, el sector privado ha insistido en que la disciplina fiscal debe acompañarse de inversión productiva, no solamente de recortes.

Reglas claras para atraer capital

El llamado empresarial también incluye una dimensión que va más allá de las cuentas presupuestarias: la certidumbre.

El CCE pidió reglas claras, seguridad jurídica, certidumbre fiscal y acceso suficiente a energía y agua como condiciones para impulsar la inversión nacional y extranjera.

La relevancia de estas condiciones aumenta en un momento en que México busca aprovechar la relocalización de cadenas productivas y atraer nuevas inversiones vinculadas con manufactura, logística y exportaciones hacia Norteamérica.

El país tiene una oportunidad importante en ese proceso, pero la decisión de instalar capital de largo plazo depende de que las empresas puedan calcular costos, reglas y riesgos durante varios años.

Una política fiscal predecible puede contribuir a esa planificación. En contraste, cambios frecuentes o un deterioro de las condiciones financieras pueden aumentar la cautela de las empresas antes de comprometer capital.

El crecimiento sigue siendo el desafío

La preocupación empresarial ocurre además en un contexto de crecimiento económico moderado.

Hacienda estima para 2027 una expansión de la economía de entre 1.5% y 2.5%, mientras busca reducir el déficit y mantener bajo control el endeudamiento.

El desafío consiste en conseguir que la consolidación fiscal no se traduzca en menor actividad económica. Para ello, el gasto que permanezca disponible deberá dirigirse hacia sectores capaces de elevar la productividad y facilitar nuevas inversiones.

El propio sector empresarial ha planteado que seguridad, infraestructura, energía, agua, salud y educación deben conservar un papel prioritario, debido a su impacto tanto en la competitividad como en la generación de empleo formal.

En paralelo, el Gobierno busca elevar la recaudación mediante modificaciones fiscales y una mayor fiscalización, sin plantear un aumento general de las tasas impositivas. La propuesta incluye medidas dirigidas a ampliar la base de contribuyentes y combatir prácticas de evasión.

El siguiente paso estará en el Congreso

El Paquete Económico 2027 todavía debe recorrer el proceso legislativo. La discusión permitirá determinar si las previsiones de ingresos, gasto, déficit, deuda e inversión se mantienen en los términos propuestos o sufren modificaciones.

Para las empresas, esa discusión será relevante porque de ella dependerán parte de las condiciones económicas con las que comenzará el próximo año.

El mensaje central del sector privado no es únicamente reducir la deuda. Es ordenar las finanzas públicas mientras se conserva la capacidad de invertir.

El reto para México será encontrar ese equilibrio: disminuir gradualmente el déficit, contener el crecimiento del endeudamiento, mantener la confianza de los mercados y, al mismo tiempo, canalizar recursos hacia infraestructura y servicios que permitan que las empresas produzcan más, generen empleos y amplíen sus operaciones.

La discusión del presupuesto de 2027 definirá buena parte de esa ruta durante las próximas semanas.