Coahuila aparece en auditoría de Liconsa por pagos de 14.9 millones a productores observados
En el Centro de Acopio de San Pedro, 12 proveedores recibieron pagos pese a rebasar el límite de vacas en ordeña previsto para el precio de garantía.
La Auditoría Superior de la Federación puso bajo la lupa las operaciones de Liconsa durante 2023 y encontró un monto que obliga a revisar cómo se utilizaron los recursos destinados a la compra de leche nacional: 45 millones 101 mil 448 pesos quedaron pendientes de aclarar.
Dentro de ese expediente, Coahuila aparece con uno de los focos de mayor peso. En el Centro de Acopio de San Pedro, la auditoría identificó 14 millones 915 mil 592.57 pesos pagados a 12 proveedores que, durante parte del periodo revisado, habían rebasado el límite máximo de vacas en ordeña establecido para acceder al esquema de precio de garantía.
La revisión plantea preguntas sobre los controles utilizados para verificar quién podía recibir ese beneficio, cómo se comprobaba la producción entregada y qué documentación respaldaba las operaciones registradas por Liconsa.
La auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2023 y revisó específicamente las erogaciones del Programa de Adquisición de Leche Nacional. La ASF examinó una muestra de 4 mil 176 millones de pesos, equivalente a 62.3% de los recursos reportados como pagados por Liconsa en los capítulos de materiales, suministros y servicios relacionados con el programa.
El resultado fue una serie de observaciones que abarcan varios estados y que, en conjunto, dejaron 45.1 millones de pesos sujetos a aclaración.
Coahuila: casi 15 millones en el centro del expediente
Durante 2023, Liconsa tenía registrados en ese centro de acopio 39 productores personas físicas dentro del contrato LICONSA/CADQ/001323/2023. En ese esquema se reportaron pagos por 377 millones 175 mil 700 pesos por la adquisición de leche fresca.
La revisión de la ASF detectó que 12 proveedores habían superado el límite máximo de vacas en ordeña establecido para ser considerados dentro de las categorías de productores beneficiarios del precio de garantía.
Entre el 1 de enero y el 19 de agosto de 2023, esos proveedores recibieron pagos por 14 millones 915 mil 592.57 pesos, de acuerdo con la documentación revisada.
Los nombres de los productores aparecen protegidos mediante claves en el informe público de auditoría. El expediente identifica las operaciones, los montos y las condiciones observadas, pero no publica sus nombres completos.
El problema señalado por los auditores está relacionado directamente con las reglas del programa.
Liconsa informó en 2023 que el esquema estaba dirigido a pequeños y medianos productores. La propia empresa explicó que los pequeños productores eran aquellos con entre una y 100 vacas en ordeña, mientras que los medianos tenían entre 101 y 500, además de establecer límites de producción por vaca.
Por eso, cuando un proveedor rebasa las condiciones establecidas, deja de cumplir uno de los requisitos para recibir el beneficio bajo ese esquema.
La ASF encontró que eso ocurrió con los 12 proveedores del centro de San Pedro.
El problema no terminó en el número de vacas
Los auditores identificaron a otros 10 proveedores que entregaron en el Centro de Acopio de San Pedro cantidades que rebasaban el límite máximo de litros por vaca establecido dentro de las reglas del programa.
También se detectaron deficiencias documentales.
Liconsa no pudo acreditar completamente la recepción de determinadas cantidades de leche correspondientes al periodo revisado mediante documentos como boletas o dictámenes de recepción y tickets emitidos por la báscula.
Este punto resulta relevante porque el sistema depende de que cada etapa pueda comprobarse: quién produjo la leche, cuánto entregó, cuándo llegó al centro de acopio, cómo fue pesado el producto y qué cantidad terminó siendo pagada.
Cuando alguno de esos elementos no puede acreditarse documentalmente, el problema deja de ser únicamente administrativo y se convierte en una cuestión de control sobre los recursos públicos.
Los 45 millones tienen varias historias detrás
La observación total de 45.1 millones de pesos no corresponde a una sola operación ni exclusivamente a Coahuila.
La ASF identificó 35 millones 267 mil 300 pesos pagados a productores que habían rebasado el límite máximo de vacas en ordeña y que, bajo las reglas del programa, no reunían las condiciones para recibir el precio de garantía.
Las operaciones se distribuyeron entre Coahuila, Chihuahua y Jalisco.
El expediente también documentó otros casos que incrementaron la preocupación de los auditores.
En Chihuahua, Liconsa realizó pagos relacionados con dos proveedores que habían fallecido durante 2023. En uno de los casos se documentó un pago de alrededor de 973 mil pesos a un productor fallecido el 5 de febrero de ese año; otro expediente involucró a un proveedor que murió el 4 de marzo.
En Jalisco, la auditoría identificó operaciones por 8.8 millones de pesos relacionadas con leche cuya recolección y traslado no pudieron ser acreditados con la documentación requerida.
Las observaciones abarcan desde la elegibilidad de los productores hasta la comprobación física y documental de la leche adquirida.
¿Qué estaba fallando en el control?
El objetivo del precio de garantía es proteger a determinados productores y establecer condiciones que permitan asegurar el abasto de leche nacional. Liconsa señaló en 2023 que su esquema estaba dirigido a pequeños y medianos productores y que el registro en su padrón permitía acceder al Programa de Precios de Garantía y Estímulos.
Precisamente por eso, la verificación del padrón y de las características de cada productor constituye una parte fundamental del mecanismo.
La auditoría encontró expedientes en los que los controles no evitaron que productores que habían rebasado los límites establecidos recibieran pagos bajo ese esquema.
En San Pedro, además, los auditores revisaron los procedimientos utilizados para verificar las condiciones de los proveedores y documentaron las explicaciones proporcionadas por personal responsable del programa.
La revisión puso así el foco no sólo en los productores que recibieron los recursos, sino también en los mecanismos internos mediante los cuales Liconsa debía comprobar que cada operación cumpliera con las reglas.
Siete procedimientos administrativos
Como resultado de la fiscalización se generaron siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, además de cuatro pliegos de observaciones, cinco recomendaciones y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.
Los pliegos de observaciones están relacionados con recursos que requieren aclaración o, en su caso, recuperación, mientras que las promociones de responsabilidad administrativa buscan que las autoridades competentes determinen si existieron conductas atribuibles a servidores públicos que deban ser investigadas.
La cifra de 45.1 millones de pesos, por tanto, representa recursos que quedaron bajo revisión de la fiscalización y cuya situación debe avanzar conforme a los procedimientos correspondientes.
Coahuila queda bajo el reflector
Para Coahuila, el punto central del expediente se encuentra en San Pedro. Los 14.9 millones de pesos observados representan una parte importante de los 45.1 millones detectados en el conjunto de la auditoría. Pero más allá de la cifra, el caso muestra cómo un programa diseñado para canalizar recursos hacia productores puede enfrentar dificultades cuando los mecanismos de verificación no detectan oportunamente que algunos beneficiarios ya no cumplen las condiciones establecidas.
El expediente también permite dimensionar el tamaño de la operación que estaba bajo vigilancia.
Los 377.1 millones de pesos reportados en el contrato del Centro de Acopio de San Pedro muestran que no se trataba de una operación menor. Sobre ese universo, los auditores identificaron pagos que requerían aclaración y revisaron la documentación utilizada para respaldarlos.
Una revisión que llega después del caso Segalmex
Las observaciones adquieren un peso adicional por el historial reciente de los organismos relacionados con la seguridad alimentaria y el manejo de recursos públicos.
Liconsa forma parte de la estructura de Seguridad Alimentaria Mexicana y administra el Programa de Abasto Social de Leche, destinado a atender a millones de beneficiarios. La propia institución informó que su programa llegaba a más de cinco millones de personas vulnerables a nivel nacional.
Por ello, las irregularidades detectadas no sólo involucran procedimientos administrativos. También ponen bajo revisión los mecanismos utilizados para garantizar que los recursos destinados a la compra de leche lleguen a los proveedores que cumplen las reglas y que cada litro adquirido pueda ser respaldado mediante registros verificables.
El antecedente de Segalmex ha hecho que cualquier observación relacionada con organismos de abasto y recursos públicos sea seguida con especial atención.
La diferencia en este caso es que el expediente de la ASF permite identificar operaciones concretas, montos, centros de acopio y mecanismos que fueron cuestionados durante la fiscalización.
¿Qué sigue para Liconsa?
Liconsa deberá aportar la documentación y las explicaciones necesarias para aclarar los recursos señalados. Cuando una observación no pueda ser solventada, el procedimiento puede avanzar hacia las acciones que correspondan para determinar responsabilidades y, en su caso, recuperar recursos.
En Coahuila, la revisión tendrá como uno de sus puntos centrales los 14.9 millones de pesos relacionados con 12 proveedores del Centro de Acopio de San Pedro, así como las operaciones de otros proveedores cuya entrega de leche rebasó los parámetros establecidos.
La ASF también tendrá que dar seguimiento a las acciones promovidas y a las respuestas de la institución.
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