Turismo bajo presión: Diputados ajustan el cobro migratorio y modifican el reparto de los ingresos
La cuota propuesta quedaría en mil 158 pesos, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional recibiría 57% de la recaudación y el INM, 15%.

Ciudad de México, 13 de octubre de 2026. La propuesta para encarecer el ingreso de turistas extranjeros a México cambió después de las objeciones de representantes del sector turístico y legisladores de oposición. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó reducir el incremento previsto para el Derecho de No Residente (DNR) de 35.8 a 17.8 por ciento, aunque modificó al alza la proporción de los recursos que se canalizarían a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
El ajuste, avalado el lunes 12 de octubre dentro del dictamen de reforma a la Ley Federal de Derechos para 2027, fija la cuota propuesta en mil 158 pesos, frente a los 983 pesos considerados como referencia en la discusión legislativa. La diferencia equivale a 175 pesos adicionales por visitante sujeto al cobro.
Aunque el incremento se redujo respecto del planteamiento inicial, la distribución de los ingresos cambió en sentido contrario a lo solicitado por quienes cuestionaban el peso de Defensa en el esquema: la dependencia recibiría 57 por ciento de la recaudación, frente al 50 por ciento contemplado originalmente en la iniciativa del Gobierno.
El Instituto Nacional de Migración (INM), en cambio, pasaría de una participación propuesta de 26 a 15 por ciento, mientras que la Tesorería de la Federación recibiría 28 por ciento, cuatro puntos más que en el esquema inicial.
El dictamen fue aprobado en lo general con 27 votos a favor y 10 en contra; en lo particular, las modificaciones recibieron 22 votos favorables y nueve en contra. La reforma fue turnada para continuar su trámite legislativo.
El cambio de cuota no elimina el debate sobre el costo de viajar a México
El Derecho de No Residente se cobra a visitantes extranjeros que ingresan al país bajo la condición migratoria correspondiente y sin permiso para realizar actividades remuneradas, con las excepciones previstas en la legislación. Su actualización forma parte de la reforma de derechos incluida en la discusión del paquete económico para 2027.
La propuesta inicial elevaba la cuota de aproximadamente 983 a mil 334 pesos, un aumento cercano a 35.8 por ciento. La reserva presentada durante el análisis en comisión redujo el monto a mil 158 pesos, con lo que el incremento quedó en 17.8 por ciento.
El ajuste disminuye el impacto directo frente a la iniciativa original, pero conserva un costo adicional para los viajeros sujetos al derecho. En un mercado donde los destinos compiten por atraer visitantes internacionales, el precio de entrada forma parte de las condiciones que pueden influir en la planificación de un viaje, junto con las tarifas aéreas, el hospedaje, el transporte y otros gastos.
Representantes del sector turístico han advertido que el aumento de los derechos puede restar competitividad a México frente a otros destinos. Un estudio del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac, citado en la cobertura del tema, también cuestionó el impacto que podría tener el incremento sobre la posición del país frente a competidores regionales.
Aunque, los cargos turísticos no son idénticos entre países: pueden variar en monto, forma de cobro, exenciones y servicios incluidos. Por ello, el costo cobrado en México debe evaluarse dentro del conjunto de gastos de viaje.
Defensa recibirá una mayor proporción; Migración perderá participación
La distribución de los ingresos es uno de los puntos más controvertidos de la reforma. En la propuesta original para 2027, 50 por ciento de la recaudación del DNR se asignaría a Defensa, 26 por ciento al INM y 24 por ciento a la Tesorería de la Federación.
Con la modificación aprobada en comisión, el reparto quedaría en 57, 15 y 28 por ciento, respectivamente.
El cambio supone siete puntos porcentuales adicionales para Defensa y una reducción de 11 puntos para el INM. La Tesorería recibiría cuatro puntos más.
Las autoridades federales sostienen que el aumento del derecho y los ajustes asociados buscan fortalecer la capacidad institucional, tecnológica y operativa en materia migratoria. La modernización de los sistemas de revisión documental, los registros de entradas y salidas y los mecanismos de control figuran entre los objetivos expuestos para el INM.
Sin embargo, el menor porcentaje asignado a Migración abre una pregunta presupuestaria concreta: cómo se financiarán esas mejoras si la institución recibirá una parte menor de los recursos provenientes del derecho.
La mayor participación de Defensa también exige claridad sobre el uso final del dinero. Para evaluar el alcance del cambio será necesario conocer los programas, proyectos y gastos que se financiarán con esos ingresos, así como los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.
La industria turística consiguió modificar el monto
La reducción del aumento se produjo después de las críticas del sector turístico y de legisladores que cuestionaron el costo adicional para los visitantes extranjeros. Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, defendió la modificación con el argumento de que los derechos migratorios deben fortalecer las capacidades institucionales sin ignorar el gasto adicional que representa para quienes ingresan al país.
Desde la oposición también se advirtió que el encarecimiento de los derechos migratorios, las visas y otros servicios puede repercutir en el precio de los viajes y en los destinos que dependen de los visitantes internacionales.
El debate tiene una dimensión económica especialmente relevante para estados como Quintana Roo, donde hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transportistas y comercios dependen en buena medida de la actividad de los viajeros extranjeros. Todo esto puede influir en una caída en el sector turístico, dadas las circunstancias que vive el país, y siendo un poco más costoso el ingreso al país. Existe la posibilidad de que haya un impacto en el ingreso de turistas.
La reducción de la cuota constituye una modificación concreta del planteamiento inicial. No obstante, la distribución aprobada mantiene abierto el desacuerdo sobre cuánto debe destinarse a la infraestructura y operación migratoria, cuánto a Defensa y qué proporción debe ingresar a la Tesorería.
Si el objetivo es mejorar los controles migratorios y la atención en los puntos de entrada, será necesario conocer qué inversiones se realizarán, cuáles serán sus plazos y cómo se medirá su efecto sobre los tiempos de espera, la revisión documental y la operación de aeropuertos, puertos y cruces terrestres.
El debate sobre el DNR ya produjo un cambio en la cifra propuesta, pero la disputa sobre el destino de los ingresos continúa. La decisión final determinará cuánto pagarán los visitantes sujetos al derecho y cómo se distribuirán los recursos entre las instituciones federales.

