Sheinbaum firma reforma que exigirá nacionalidad mexicana única para Presidencia y gubernaturas
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 constitucionales y obliga a renunciar a una segunda nacionalidad antes del registro como candidato.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto de la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, cerrando el proceso legislativo de uno de los cambios electorales más relevantes aprobados este año.
La modificación alcanza los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su aplicación electoral comenzará a partir de 2028, por lo que tendrá efectos sobre quienes busquen competir por alguno de los cargos ejecutivos comprendidos en la reforma.
El nuevo requisito no elimina ni prohíbe la doble nacionalidad para la población mexicana en general. La restricción se concentra en quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal, un gobierno estatal o el Gobierno de Ciudad de México. La propia mandataria ha insistido en esta diferencia ante las dudas surgidas entre comunidades mexicanas en el extranjero.
Para quienes posean una segunda nacionalidad y quieran competir por estos cargos, la reforma establece que deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos. La disposición busca que quienes ejerzan estas responsabilidades mantengan exclusivamente el vínculo jurídico de nacionalidad mexicana durante su desempeño.
Las restricciones van más allá del momento de la candidatura. Una vez en funciones, el titular del cargo tampoco podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una distinta de la mexicana.
La reforma contempla además el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y el acogimiento a protección diplomática de otro país.
Sheinbaum presentó originalmente la iniciativa bajo el argumento de que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben tener como único interés superior el de México. El Ejecutivo sostuvo que la legislación anterior podía generar dudas interpretativas debido a la relación entre los requisitos establecidos para estos cargos y las disposiciones constitucionales sobre mexicanos por nacimiento que adquieren otra nacionalidad.
El cambio atravesó un intenso debate en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 22 de septiembre con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. Posteriormente, el Senado lo avaló el 29 de septiembre con 86 votos a favor y 43 en contra, según el registro del Sistema de Información Legislativa.
Al tratarse de una modificación constitucional, la aprobación del Congreso de la Unión no era suficiente. La propuesta también necesitaba el respaldo de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.
El Congreso recibió finalmente 22 votos aprobatorios de legislaturas locales, superando el mínimo constitucional necesario. Entre ellas estuvieron Baja California, Campeche, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México, entre otras.
La reforma también obliga a realizar ajustes posteriores. El Congreso de la Unión deberá armonizar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras las entidades federativas tendrán que adecuar sus propias constituciones y normas electorales dentro de los plazos previstos.
Durante la discusión legislativa surgieron posturas encontradas. Los defensores de la modificación argumentaron que la nacionalidad única refuerza la soberanía y evita posibles conflictos de lealtad en los cargos ejecutivos. Legisladores opositores, en cambio, cuestionaron que poseer otra nacionalidad implique una menor identificación con México y señalaron posibles restricciones a los derechos políticos de mexicanos con doble ciudadanía.
Con la firma presidencial y su publicación oficial, México entra ahora en una etapa de adecuación normativa antes de que las nuevas reglas comiencen a impactar directamente en las candidaturas.