México cierra la puerta a la doble nacionalidad para aspirantes a Presidencia y gubernaturas
La modificación constitucional, respaldada por las legislaturas estatales, aún debe publicarse y no afectará de forma retroactiva a quienes ya ocupen esos cargos.
México dio un paso definitivo dentro del Congreso para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. La reforma constitucional completó el respaldo necesario de las legislaturas estatales y ahora deberá remitirse al Ejecutivo federal para su publicación.
La modificación alcanza los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Su propósito es que quienes pretendan encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales no mantengan simultáneamente otra nacionalidad al momento establecido por la nueva disposición. La Cámara de Diputados había aprobado previamente la reforma y el Senado hizo lo propio el 29 de septiembre, con 86 votos a favor y 42 en contra en lo general.
El proceso continuó en los congresos estatales debido a que no se trata de una modificación a una ley ordinaria, sino de una reforma constitucional. El artículo 135 de la Constitución exige, además de la aprobación del Congreso de la Unión, el respaldo de la mayoría de las legislaturas de los estados y de Ciudad de México.
Para comienzos de octubre, la propuesta ya había superado el número mínimo necesario de congresos locales. La información disponible daba cuenta de más de 17 avales e incluso de al menos 20 legislaturas que habían respaldado el cambio, permitiendo continuar con el procedimiento constitucional.
La reforma establece que las personas que aspiren a estos cargos deberán contar exclusivamente con nacionalidad mexicana. Si poseen otra nacionalidad, tendrán que renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura, según el contenido aprobado por el Senado.
El cambio, por tanto, no significa una prohibición general de la doble nacionalidad para los mexicanos. Su alcance se concentra específicamente en quienes busquen encabezar la Presidencia de la República, los gobiernos estatales o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
La disposición también busca evitar que, durante el ejercicio de esos cargos, sus titulares adquieran otra nacionalidad o ejerzan determinados derechos vinculados jurídicamente con un Estado extranjero. La discusión legislativa ha girado precisamente alrededor de si estas restricciones fortalecen la independencia de quienes ejercen el Poder Ejecutivo o representan una limitación excesiva de derechos políticos.
Durante el debate en el Senado surgieron posiciones claramente enfrentadas. Legisladores favorables argumentaron que quienes encabecen un Poder Ejecutivo deben mantener un vínculo jurídico exclusivo con México para evitar posibles conflictos de intereses o lealtades frente a otro Estado.
La oposición cuestionó ese razonamiento. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron durante la discusión que tener dos nacionalidades no hace a una persona menos mexicana y advirtieron que la modificación puede restringir derechos políticos de mexicanos que también poseen ciudadanía extranjera. Esas objeciones quedaron registradas durante el debate parlamentario previo a la votación.
La controversia también alcanzó la redacción y el momento en que deberá cumplirse el requisito. Durante la discusión se presentaron reservas para modificar el dictamen, pero fueron rechazadas, por lo que el proyecto avanzó en los términos aprobados por la mayoría.
Un elemento fundamental es que el cambio no comenzará a aplicarse inmediatamente a las candidaturas actuales. El régimen transitorio establece que las nuevas condiciones electorales serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente a 2028.
El decreto, en cambio, entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial, una vez concluido el procedimiento constitucional. La diferencia entre ambas fechas permite que la reforma forme parte de la Constitución antes de que sus nuevos requisitos comiencen a operar electoralmente.
También se contempla que las nuevas restricciones no afecten retroactivamente a quienes ya se encuentren ejerciendo alguno de los cargos comprendidos cuando entre en vigor la modificación.
La reforma abre así una nueva etapa para los requisitos de acceso a los principales cargos ejecutivos del país. Su efecto práctico comenzará a observarse rumbo a 2028, cuando cualquier persona con una segunda nacionalidad que pretenda competir por alguno de estos puestos deberá revisar su situación jurídica antes de solicitar el registro correspondiente.
Más allá del procedimiento legislativo, el cambio deja abierta una discusión de fondo: si exigir una sola nacionalidad fortalece la soberanía en los cargos de mayor responsabilidad ejecutiva o restringe innecesariamente los derechos políticos de mexicanos con vínculos jurídicos con otro país. Esa discusión acompañará ahora la implementación de una reforma que cambiará las reglas para futuras candidaturas.