El cierre de ductos redujo el robo, pero el contrabando
El desplazamiento del robo de combustible hacia modalidades de contrabando IA

El negocio ilegal de combustibles en México cambió de rostro durante los últimos años. Mientras el robo mediante tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos perdió fuerza después de las medidas implementadas a partir de 2019, otra modalidad comenzó a ganar terreno: el denominado huachicol fiscal, una práctica que utiliza operaciones de comercio exterior para introducir combustibles al país sin cubrir, presuntamente, todos los impuestos y controles establecidos por la ley.

Esta transformación es analizada por Francisco José Barnés de Castro, investigador, exrector de la UNAM y exsubsecretario de Energía, quien sostiene que la estrategia aplicada durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustible pudo haber provocado un cambio en la forma de operar de las organizaciones dedicadas a este negocio. De acuerdo con su planteamiento, el mayor control sobre los ductos habría reducido las posibilidades de extracción directa y llevado a estas estructuras a buscar nuevas rutas para mantener sus operaciones.

El planteamiento no significa que el gobierno de López Obrador haya creado el huachicol fiscal. Lo que sostiene el especialista es que la estrategia contra el robo tradicional pudo haber contribuido a modificar el mercado ilegal, que posteriormente encontró nuevas oportunidades en las importaciones y en el movimiento de combustibles a través de las aduanas. Se trata de una hipótesis basada en el comportamiento de los datos y no de una determinación judicial sobre responsabilidades del anterior gobierno.

El cambio resulta relevante porque las organizaciones que ya participaban en el robo y distribución ilegal de combustibles contaban con infraestructura que podía ser reutilizada. Vehículos, bodegas, rutas de transporte y contactos comerciales podían adaptarse a un modelo diferente, en el que el combustible ya no necesariamente era extraído de los ductos, sino introducido al territorio mexicano mediante operaciones de importación que buscaban aparentar legalidad.

En este esquema, uno de los mecanismos señalados consiste en declarar ante las autoridades aduaneras un producto distinto al combustible que realmente se transporta o registrar cantidades inferiores a las efectivamente introducidas. Con ello, quienes participan en la operación buscan reducir los controles y evitar el pago de impuestos que corresponderían a la gasolina o al diésel.

La dimensión del fenómeno ha llamado la atención de las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de la República ha identificado investigaciones relacionadas con redes que presuntamente utilizan empresas, importadores, operadores logísticos y diferentes mecanismos de transporte para introducir hidrocarburos de manera irregular y posteriormente incorporarlos al mercado nacional.

El análisis de Barnés de Castro parte, entre otros elementos, de las diferencias entre los registros de exportación de diésel de Estados Unidos hacia México y las cifras que aparecen como importaciones oficiales mexicanas. Según su estudio, esa brecha aumentó de manera considerable durante los últimos años, particularmente después de 2019.

A partir de esos datos, el investigador calcula que la evasión relacionada con el huachicol fiscal habría superado los 730.000 millones de pesos entre 2019 y mediados de 2026. Sin embargo, esta cifra debe entenderse como una estimación del especialista, construida a partir del cruce de información de distintas fuentes, y no como un monto oficial establecido por las autoridades mexicanas o por una sentencia judicial.

El mismo análisis señala que 2021 habría sido uno de los años de mayor expansión del contrabando de diésel procedente de Estados Unidos, con una diferencia estimada de aproximadamente 35 millones de barriles entre los registros analizados. El dato permite dimensionar la magnitud que pudo alcanzar el fenómeno y explica por qué el huachicol fiscal se convirtió en una preocupación que va más allá del robo de combustible tradicional.

El impacto no se limita al sector energético. La entrada irregular de combustibles puede representar un golpe para las finanzas públicas, debido a la evasión de impuestos como el IVA y el IEPS. También genera una competencia desigual frente a las empresas que importan, almacenan y comercializan hidrocarburos cumpliendo con sus obligaciones fiscales.

A diferencia de las tomas clandestinas, que pueden ser detectadas directamente sobre la infraestructura de Pemex, el huachicol fiscal requiere investigaciones mucho más complejas. Las autoridades deben seguir la ruta del combustible desde su ingreso al país, revisar documentación comercial, verificar empresas y transportistas, identificar los lugares de almacenamiento y determinar quiénes participan finalmente en su distribución.

Por esa razón, el combate contra esta modalidad ha comenzado a trasladarse de los ductos hacia aduanas, puertos, empresas y operaciones financieras. El objetivo es impedir que un cargamento que ingresó irregularmente pueda mezclarse posteriormente con el mercado formal y terminar en manos de consumidores o empresas sin que sea posible determinar su procedencia.

Las investigaciones también han derivado en procesos judiciales contra personas presuntamente relacionadas con estas redes. La FGR ha informado sobre casos en los que se han obtenido vinculaciones a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilícitas en materia de hidrocarburos. Sin embargo, cada caso debe mantenerse dentro del ámbito de las investigaciones y los procesos judiciales, sin presentar como culpables a personas que todavía no cuentan con una sentencia definitiva.

El fenómeno también ha puesto bajo escrutinio a personas que tuvieron relación con instituciones vinculadas con puertos y aduanas. Entre los nombres que aparecen en investigaciones se encuentran Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes han sido señalados por las autoridades en expedientes relacionados con presunto contrabando de combustibles. La situación jurídica de los involucrados debe diferenciarse de cualquier conclusión de responsabilidad, pues una investigación o un proceso no equivale a una condena.

Frente a este escenario, el actual Gobierno de Claudia Sheinbaum ha reforzado los controles destinados a conocer el origen, traslado y comercialización de los hidrocarburos. El objetivo es aumentar la trazabilidad de los combustibles y cerrar los espacios que permiten que productos introducidos irregularmente terminen incorporándose al mercado nacional.

La diferencia entre el huachicol tradicional y el fiscal es fundamental para entender el nuevo desafío. En el primer caso, las organizaciones recurren a la extracción clandestina desde los ductos; en el segundo, pueden utilizar operaciones comerciales, documentación, empresas, transporte y estructuras financieras para introducir el combustible al país y posteriormente distribuirlo. Esa complejidad dificulta la detección y exige una coordinación mucho mayor entre las autoridades fiscales, aduaneras, energéticas y judiciales.

El debate sobre el origen y crecimiento de este negocio, sin embargo, no puede reducirse a una sola administración. El contrabando de combustibles existía antes del gobierno de López Obrador y las investigaciones actuales abarcan diferentes periodos. Lo que plantea el análisis de Barnés de Castro es que la modalidad y magnitud del fenómeno habrían cambiado después de 2019, coincidiendo con la reducción del robo mediante ductos. Esa relación forma parte de su interpretación y no constituye por sí misma una prueba de responsabilidad política o criminal.

Lo que está fuera de discusión es que el huachicol fiscal representa actualmente un desafío para México por sus posibles consecuencias económicas y de seguridad. Las redes dedicadas a esta actividad no solamente buscan apropiarse de combustible, sino que pueden aprovechar mecanismos de comercio exterior para evitar controles y obtener importantes ganancias mediante la evasión de impuestos.

Por ello, el reto para las autoridades consiste en desarticular toda la cadena y no únicamente detener a quienes transportan el combustible. Las investigaciones deben establecer quién financia las operaciones, cómo se realizan las importaciones, qué empresas participan, quién facilita el almacenamiento y transporte y dónde termina el producto.

La evolución del huachicol demuestra que cuando una ruta ilegal es cerrada, las organizaciones pueden intentar trasladar sus operaciones hacia otros mecanismos. El desafío para el Estado mexicano será impedir que las nuevas modalidades encuentren espacios para reproducirse y garantizar que los combustibles que ingresan al país puedan ser rastreados desde su origen hasta su comercialización.

En ese escenario, el huachicol fiscal se ha convertido en una prueba para las instituciones encargadas de proteger las finanzas públicas y controlar el comercio exterior.

Las investigaciones todavía deberán determinar la dimensión exacta de las redes, los recursos involucrados y las responsabilidades individuales, pero el cambio en la forma de operar del mercado ilegal ya coloca a las aduanas y a la trazabilidad de los hidrocarburos en el centro de la estrategia contra el contrabando.