México decomisa miles de armas, pero el arsenal sigue cruzando desde Estados Unidos
Entre 2015 y 2025 México decomisó al menos 193.918 armas. El Gobierno mexicano sostiene que una parte importante del armamento que termina en manos del crimen organizado llega desde Estados Unidos, mientras un reciente operativo en Nuevo León permitió interceptar otras 210 armas procedentes de Texas.
La lucha contra el tráfico ilegal de armas se mantiene como uno de los principales desafíos de seguridad para México. Las cifras recopiladas por dependencias federales y analizadas por El País muestran que entre 2015 y 2025 fueron incautadas al menos 193.918 armas en operativos contra organizaciones criminales.
El dato refleja la magnitud de un fenómeno que continúa alimentando el poder de fuego de los grupos delictivos y que, además, se ha convertido en uno de los puntos de mayor tensión dentro de la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.
La situación volvió a quedar expuesta el pasado 31 de agosto, cuando autoridades mexicanas decomisaron 210 armas de fuego en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, en un cargamento que, según las autoridades, procedía de Texas y estaba destinado a grupos criminales.
210 armas interceptadas en Nuevo León
El operativo se realizó sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, donde agentes de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Guardia Nacional, detuvieron a tres personas.
El arsenal estaba compuesto por 195 armas largas y 15 armas cortas, además de 93 cargadores. Las autoridades señalaron que el armamento había ingresado desde Estados Unidos y presuntamente tenía como destino organizaciones criminales en México.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que con este decomiso ya suman más de 30.000 armas de fuego aseguradas durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
El funcionario también insistió en que la lucha contra el crimen organizado requiere acciones en ambos lados de la frontera.
El reclamo de México a Estados Unidos
Para el Gobierno mexicano, combatir el narcotráfico no puede limitarse al flujo de drogas hacia Estados Unidos. También considera necesario frenar el movimiento contrario: las armas que ingresan ilegalmente a México.
García Harfuch ha planteado que la responsabilidad debe ser compartida entre ambos países, particularmente porque una parte importante del armamento utilizado por grupos criminales mexicanos tiene origen estadounidense.
Esta postura ha cobrado mayor fuerza en medio de las presiones de Washington para que México incremente sus resultados contra los cárteles y el tráfico de drogas.
¿De dónde provienen las armas?
Un informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) estableció que el 74% de las armas recuperadas en México entre 2017 y 2021 y rastreadas hasta un comprador tenían origen en Estados Unidos. Los principales estados de origen identificados fueron Texas, Arizona, California y Nuevo México.
La cifra requiere una precisión importante: ese 74% corresponde a las armas recuperadas en México que fueron rastreadas y pudieron vincularse con un comprador, no significa que el 74% de absolutamente todas las armas existentes o decomisadas en el país sean estadounidenses.
La propia ATF advierte que las armas sometidas a rastreo no constituyen una muestra representativa de todas las armas utilizadas por el crimen organizado en México.
Los decomisos no detienen por completo el flujo
El volumen de armas aseguradas demuestra que las autoridades mexicanas han intensificado sus operativos, pero también evidencia la dificultad de impedir que nuevos cargamentos ingresen al país.
De acuerdo con el análisis publicado por El País, México estima que alrededor de 200.000 armas provenientes de Estados Unidos son introducidas ilegalmente al país cada año. Esta cifra corresponde a una estimación del Gobierno mexicano, no a un conteo directo de armas efectivamente ingresadas.
Por eso, mientras las autoridades celebran cada decomiso, el desafío de fondo permanece: impedir que las redes de tráfico puedan reponer rápidamente los arsenales que son confiscados.
México también ha llevado el reclamo a los tribunales
El Gobierno mexicano ha intentado responsabilizar judicialmente a fabricantes y distribuidores estadounidenses por presuntas prácticas comerciales que, según sus argumentos, facilitan que sus productos terminen en manos de organizaciones criminales.
La disputa legal ha enfrentado importantes obstáculos en Estados Unidos. En junio de 2025, la Suprema Corte de Estados Unidos desestimó una demanda presentada por México contra fabricantes de armas, al considerar que las empresas estaban protegidas por la legislación estadounidense que limita su responsabilidad frente al uso posterior de sus productos.
El conflicto jurídico, sin embargo, forma parte de una discusión más amplia sobre la responsabilidad de fabricantes, distribuidores, autoridades y compradores frente al tráfico internacional de armas.
El reto para Sheinbaum
La administración de Claudia Sheinbaum ha colocado el combate al tráfico de armas dentro de su estrategia de seguridad y de su relación con Estados Unidos.
Los más de 30.000 decomisos reportados durante su Gobierno representan una cantidad considerable, pero el problema no desaparece con cada operativo. La llegada constante de nuevos cargamentos mantiene abierta una de las principales fuentes de abastecimiento del poder de fuego de las organizaciones criminales.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en decomisar armas dentro de México, sino también en desarticular las redes que las compran, transportan, introducen ilegalmente y distribuyen.
Una lucha que exige acciones en ambos lados de la frontera
El reciente decomiso de 210 armas en Nuevo León vuelve a colocar el problema en el centro de la discusión bilateral.
México enfrenta una presión constante para combatir a los grupos criminales y reducir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, mientras exige a Washington mayores esfuerzos para impedir que las armas crucen en sentido contrario.
Los datos disponibles muestran que ambos fenómenos están estrechamente vinculados dentro de la agenda de seguridad de los dos países. La pregunta ahora es si los decomisos y los operativos serán suficientes para reducir de manera sostenida el flujo ilegal de armas que alimenta la violencia en México.
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