Rafael Ojeda: desclasifican su patrimonio mientras su testimonio es requerido en el caso Farías

La declaración patrimonial del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán dejó de estar bajo reserva y ya puede consultarse públicamente, después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno autorizara la desclasificación de información correspondiente a 69 militares en activo y nueve exfuncionarios de la Secretaría de Marina.

La apertura de los documentos se produce apenas dos días después de que se difundiera que la información patrimonial de Ojeda permanecía reservada hasta el 1 de enero de 2030. La Unidad de Transparencia de la Marina solicitó el levantamiento de la reserva el 16 de septiembre y el Comité de Transparencia aprobó la medida.

La decisión permite conocer por primera vez en varios años información patrimonial que había quedado fuera del acceso público. Pero el contenido de la declaración también adquiere relevancia por el contexto en el que se produce su publicación: el nombre de Ojeda está actualmente relacionado con una disputa dentro del proceso que enfrenta a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna por un caso de presunto huachicol fiscal.

¿Qué reportó Rafael Ojeda?

La declaración de modificación patrimonial presentada en mayo de 2026 señala que Ojeda reportó ingresos netos por 2 millones 40 mil 558 pesos correspondientes a 2025, derivados de su actividad como asesor en la Secretaría de Marina. El documento no registra ingresos adicionales.

En cuanto a bienes, el expediente no registra inmuebles a su nombre y reporta una camioneta modelo 2009 adquirida mediante crédito.

Sin embargo, uno de los datos que permite ampliar la lectura del patrimonio aparece en los pasivos. Las declaraciones desclasificadas muestran dos créditos: uno con Banjercito por 4 millones 559 mil 609 pesos y otro con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas por 1 millón 800 mil pesos. Ambos créditos ya habían sido reportados en declaraciones anteriores.

La documentación también permite observar la evolución de sus ingresos declarados. En 2018, Ojeda reportó ingresos netos anuales por 1 millón 287 mil 736 pesos, mientras que para 2024 declaró poco más de 2 millones de pesos.

Estos datos describen lo declarado por el exfuncionario ante las autoridades correspondientes, pero por sí mismos no establecen la existencia de alguna irregularidad.

La otra historia: ¿por qué la defensa quiere que declare?

El levantamiento de la reserva ocurre mientras la defensa de los hermanos Farías Laguna insiste en que Ojeda comparezca ante el juez que lleva el caso.

El abogado Epigmenio Mendieta ha señalado que busca que el exsecretario de Marina declare como testigo para explicar qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones tomó. La defensa también ha planteado preguntas específicas sobre si Ojeda recibió al contralmirante Rubén Guerrero.

La petición tiene como antecedente un cateo realizado por la Fiscalía General de la República en una bodega vinculada con Manuel Roberto Farías Laguna. La defensa sostiene que parte de los documentos asegurados no fueron firmados por los hermanos, sino por Ojeda Durán, y reclama acceso a esos materiales para utilizarlos dentro de su estrategia jurídica.

Aquí existe una diferencia que resulta relevante para entender el caso: la solicitud para que una persona declare como testigo no equivale por sí misma a una imputación penal en su contra. El alcance de su eventual participación dependerá del procedimiento y de las decisiones de las autoridades judiciales.

La disputa por los documentos de la Marina

La defensa y la Fiscalía mantienen versiones distintas sobre los materiales localizados en la bodega.

La FGR informó sobre el aseguramiento de documentos, archivos y otros objetos durante el cateo. La defensa cuestionó posteriormente la presentación de esos materiales y afirmó que algunos documentos atribuidos a los hermanos llevan en realidad la firma de Ojeda.

Ese punto explica por qué el testimonio del exsecretario aparece como una pieza de interés para la defensa: no se trata únicamente de localizarlo, sino de obtener una explicación sobre el origen de documentos vinculados con la estructura y operación de la Secretaría de Marina.

La defensa también ha cuestionado que determinados materiales fueran presentados como nuevos hallazgos, al señalar que la orden de cateo de la bodega existía desde febrero de 2026. Esa afirmación corresponde a la versión de los abogados y forma parte de una disputa que deberá ser contrastada con las actuaciones de la Fiscalía y los registros judiciales.

¿Qué ha dicho el gobierno?

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este viernes que Ojeda no está escondido y afirmó que no existe una carpeta de investigación penal en su contra. Según su versión, la Fiscalía revisa la solicitud presentada por la defensa para que el exsecretario de Marina participe como testigo.

Esta declaración debe distinguirse de los hechos que todavía están pendientes de aclaración dentro del procedimiento. Una cosa es la posición expresada públicamente por la Presidencia y otra determinar, mediante las actuaciones de la FGR y del Poder Judicial, bajo qué condiciones se solicitó la comparecencia y qué trámite tendrá.

El Senado también pidió explicaciones a la Fiscalía

El caso ya provocó una solicitud de información en el Senado. La Comisión de Marina pidió a la Fiscalía General de la República aclarar si intentó localizar y notificar a Ojeda, bajo qué calidad fue requerido y cuál es actualmente el estado del procedimiento.

Este elemento agrega una nueva dimensión al caso: la discusión ya no se limita a si el exsecretario debe declarar, sino también a cómo se ha llevado a cabo el proceso para localizarlo y notificarlo.

La respuesta de la FGR será relevante para establecer qué ocurrió con la notificación y cuál es el siguiente paso procesal.

Una desclasificación que abre información, pero no resuelve el caso

La publicación de la declaración patrimonial permite conocer información que permanecía reservada y aporta datos concretos sobre ingresos, bienes y pasivos de Ojeda durante sus últimos años en el servicio público. Al mismo tiempo, su nombre continúa apareciendo en una investigación distinta, debido a la petición de la defensa de los Farías para que explique determinados hechos y documentos.

Son, sin embargo, dos asuntos que deben mantenerse separados: la desclasificación patrimonial no constituye una resolución sobre la investigación contra los hermanos Farías ni determina responsabilidad alguna de Ojeda.

El siguiente paso estará en manos de las autoridades que llevan el procedimiento judicial. Deberán determinar el trámite de la solicitud de la defensa, la forma en que se realizará —si procede— la comparecencia de Ojeda y el alcance que tendrá su eventual testimonio sobre los documentos que están en disputa.