Crisis interna y pugna por la dirigencia tensan al Sindicato Nacional de Trabajadores del Hogar
Integrantes inconformes cuestionan el reconocimiento del nuevo comité ejecutivo, denuncian cambios al padrón de afiliados y preparan acciones legales ante las autoridades correspondientes.
El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) enfrenta una disputa interna por el control de su dirigencia, en medio de cuestionamientos sobre la validez de su representación, modificaciones al padrón de afiliados y el proceso mediante el cual la autoridad laboral reconoció a un nuevo comité ejecutivo.
La controversia se concentra en la llamada toma de nota, documento mediante el cual el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) reconoce formalmente la representación de una organización sindical. Integrantes del SINACTRAHO, entre ellas María Isidra Llanos y representantes del comité ejecutivo, sostienen que el procedimiento utilizado para reconocer a la nueva dirigencia presenta irregularidades y que no corresponde con las decisiones adoptadas previamente por la organización.
De acuerdo con las representantes inconformes, la toma de nota anterior concluyó el 2 de septiembre, mientras que la nueva representación reconocida por la autoridad habría dejado fuera a integrantes del padrón sindical. Las trabajadoras cuestionan que el proceso no haya garantizado, desde su perspectiva, condiciones de participación mediante voto libre, directo y secreto.
El conflicto tiene como uno de sus antecedentes una asamblea celebrada el 19 de enero de 2025, en la que se determinó la destitución y sanción de María de la Luz Padua Orihuela y Norma Palacios Trabamala. Según las integrantes que actualmente cuestionan el proceso, las medidas estuvieron relacionadas con denuncias de presuntos actos de violencia y hostigamiento, así como con señalamientos sobre el manejo de recursos.
Estos hechos forman parte de una disputa interna cuya resolución aún está pendiente y sobre la que las partes involucradas mantienen posiciones distintas.
El padrón sindical, otro punto de conflicto
Otro de los elementos que ha elevado la tensión es el padrón de afiliados. Las representantes inconformes señalan al exasesor legal Manuel Eduardo Fuentes Muñiz por haber solicitado modificaciones a dicho registro sin contar, según su versión, con la autorización de la asamblea.
El padrón resulta relevante porque determina quiénes forman parte de la organización y, por tanto, quiénes pueden participar en los procesos internos. Cualquier modificación en ese registro puede tener consecuencias sobre la integración de los órganos de dirección y sobre los mecanismos mediante los cuales se elige o reconoce a una dirigencia.
Las trabajadoras también denunciaron un presunto saqueo de las instalaciones del sindicato ubicadas en Serapio Rendón 71, colonia San Rafael, en Ciudad de México. Este señalamiento se suma a la disputa por la representación y a las acusaciones sobre la actuación de quienes han intervenido en el proceso.
Hasta ahora, estos señalamientos corresponden a la versión de las integrantes que cuestionan la actual representación y deberán ser esclarecidos por las instancias correspondientes.
Denuncia contra funcionarios laborales
La disputa también alcanzó a las autoridades laborales. Las representantes informaron que presentaron una denuncia ante la Contraloría de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para solicitar que se investigue la actuación de funcionarios relacionados con el proceso de reconocimiento de la nueva dirigencia.
Entre los funcionarios señalados se encuentra Alfredo Domínguez Marrufo, quien estuvo al frente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Las inconformes le atribuyen presuntas omisiones durante el procedimiento y solicitan que se determine si las actuaciones de la autoridad se ajustaron a las reglas aplicables.
Paralelamente, las integrantes inconformes preparan acciones legales para impugnar la toma de nota vigente y buscar que una autoridad determine si el procedimiento cumplió con los requisitos establecidos para el reconocimiento de la representación sindical.
La controversia, por tanto, no se limita a una diferencia entre grupos dentro de la organización: también plantea interrogantes sobre los mecanismos de registro, representación y participación de las personas afiliadas.
Un conflicto que ocurre en un sector con rezagos laborales
La disputa ocurre mientras las trabajadoras del hogar continúan enfrentando dificultades para acceder plenamente a derechos laborales y seguridad social.
El SINACTRAHO ha sido una de las organizaciones que durante los últimos años ha impulsado la formalización del trabajo del hogar y la defensa de derechos como la inscripción al IMSS, contratos laborales, jornadas reguladas, vacaciones y prestaciones.
En marzo de 2026, El País publicó un reportaje sobre la situación laboral de las trabajadoras del hogar en México y recogió declaraciones de María Isidra Llanos sobre las dificultades que persisten para que este sector pueda ejercer plenamente sus derechos laborales.
La organización también forma parte de redes nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de las trabajadoras del hogar, entre ellas la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar.
Por ello, la disputa por la dirigencia adquiere una dimensión adicional: ocurre dentro de una organización que representa a un sector que todavía enfrenta importantes retos para lograr condiciones laborales formales y acceso efectivo a prestaciones.
¿Qué sigue para el sindicato?
Las integrantes que cuestionan la actual representación buscan que las autoridades revisen el procedimiento que derivó en la nueva toma de nota y que se determine quién tiene la representación legítima del SINACTRAHO.
Mientras avanzan las acciones anunciadas, el conflicto mantiene abierta la disputa por la conducción del sindicato y por la integración de su padrón de afiliados.
La resolución dependerá de los procedimientos legales y administrativos que se presenten ante las autoridades competentes. Hasta que exista una determinación formal, los señalamientos sobre irregularidades, exclusiones del padrón u omisiones de funcionarios deben considerarse como acusaciones planteadas por una de las partes del conflicto y no como hechos definitivamente acreditados.
El caso coloca nuevamente bajo los reflectores la vida interna de una organización clave para la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar en México, justo cuando el sector busca avanzar en la formalización laboral y en el cumplimiento efectivo de sus derechos.
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