Oxchuc, el único municipio de Chiapas regido por usos y costumbres, extiende su ley seca

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas . Tras una asamblea que se prolongó cerca de doce horas, autoridades tradicionales y pobladores tseltales de Oxchuc acordaron establecer una ley seca permanente que se aplicará en todo el territorio municipal, incluidas sus 188 comunidades y los barrios de la cabecera. La medida incluye una multa de 300 mil pesos para quien comercialice bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas dentro del municipio.

El detonante del acuerdo fue la muerte de dos jovencitas el pasado 3 de septiembre, arrolladas por un vehículo conducido por una persona en estado de ebriedad. De acuerdo con Óscar Gómez López, agente auxiliar municipal de la comunidad de Fracción Yelaw Lum, el hecho generó una indignación generalizada en la cabecera que derivó en la exigencia colectiva de aplicar la prohibición.

Del operativo a la asamblea

Según el relato del agente auxiliar, el proceso comenzó con la elaboración de una lista de habitantes de la cabecera dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. Los cateos iniciaron la noche del 11 de septiembre y concluyeron el sábado 12, con un saldo de 13 personas detenidas. El operativo fue ejecutado por policías rurales y municipales, junto con agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), mientras que delegados de barrios, agentes rurales y presidentes de comités acompañaron las diligencias.

La asamblea general se instaló a las ocho de la mañana del lunes 14 y concluyó doce horas después. Ahí se determinó que la prohibición no se limitara a la cabecera municipal, sino que se extendiera a todas las localidades del municipio. En el templete conocido como Foro de la Paz, frente al palacio municipal, fueron presentadas aproximadamente 33 personas señaladas por la venta de alcohol o de otras sustancias.

Las cervezas, botellas y ánforas decomisadas durante el operativo fueron destruidas públicamente en la plaza central de Oxchuc, localidad situada a 45 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas. Gómez López explicó que la destrucción se realizó a la vista de los asistentes para evitar sospechas de que la mercancía decomisada pudiera reaparecer en otro lugar, una decisión que también fue acordada en asamblea.

La versión del ayuntamiento

El presidente municipal, César Gómez López, informó que a la asamblea acudieron más de 3 mil habitantes, 27 delegados de barrios y comités de 188 comunidades. Precisó que las personas detenidas enfrentarán los procesos establecidos por el sistema normativo local y que el resto del material decomisado será entregado a las instancias estatales.

Habitantes consultados señalaron que la ley seca opera bajo el régimen de usos y costumbres con el propósito de proteger a la niñez y la adolescencia, y advirtieron que las revisiones continuarán en los barrios para inhibir la apertura de establecimientos clandestinos.

Un municipio con un régimen jurídico propio

Oxchuc es el único municipio de Chiapas reconocido legalmente para gobernarse mediante sistemas normativos indígenas, condición que alcanzó en 2018 tras años de movilización comunitaria y un proceso de autoconsulta que respaldó la expulsión de los partidos políticos del proceso electoral local. Ese estatus otorga a sus asambleas la facultad de emitir acuerdos vinculantes para la población del municipio.

No es la primera vez que la comunidad recurre a esta figura: en 2025, autoridades y representantes comunitarios ya habían acordado una ley seca permanente para todo el municipio, en una decisión que entonces fue presentada como un precedente para otros municipios chiapanecos. El acuerdo de este septiembre refuerza y amplía esa medida tras el accidente mortal.

Cuestionamientos y pendientes

La decisión no ha estado exenta de controversia. En espacios digitales como la página Oxchuc Combativo, sectores críticos han cuestionado las acciones emprendidas por la asamblea y han exigido al alcalde transparencia en el presupuesto de obras públicas, en los salarios de funcionarios y en el esclarecimiento de presuntas amenazas telefónicas, en el marco de una demanda más amplia de rendición de cuentas bajo el propio régimen de usos y costumbres.

Hasta el cierre de esta información, el Gobierno de Chiapas no había emitido un posicionamiento oficial sobre las detenciones ni sobre el alcance de la medida aprobada por la asamblea comunitaria.