$40 mil por mirar a otro lado: la verificadora de la Aduana Tampico que enfrenta su segundo amparo

Cada vez que un buquetanque de la red de contrabando de combustible atracaba en el puerto de Tampico, Tamaulipas, Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez tenía una tarea precisa: tomar muestras de la mercancía, revisar las fracciones arancelarias del pedimento y usar el equipo denominado "Géminis" para verificar qué contenían exactamente los tanques. Lo que la FGR le acusa de haber hecho es exactamente lo contrario: cobrar 40 mil pesos por declaración de revisión y certificar que los buques cargaban aceites y aditivos cuando en realidad transportaban diésel de contrabando procedente de Texas.

Este miércoles 17 de septiembre, un juez federal le negó por segunda ocasión el amparo con el que buscaba revertir su vinculación a proceso y salir de la prisión donde se encuentra recluida desde hace un año. El caso es una pieza más del escándalo que en México se conoce como el "huachicol fiscal", uno de los esquemas de evasión tributaria más grandes documentados en la historia reciente del país, con ganancias estimadas en más de 600 mil millones de pesos.

La decisión judicial: "La Justicia de la Unión no ampara ni protege"

Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, ratificó por segunda vez que la exservidora pública no merece la protección de la justicia federal. El juzgador rechazó el amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso dictado el 9 de septiembre de 2025 por un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

"La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez", resolvió el juzgador en acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial. Ante la segunda negativa, la defensa interpuso un recurso de revisión que fue turnado a un Tribunal Colegiado, instancia que determinará si confirma, modifica o revoca el fallo. Gutiérrez Gutiérrez permanece en prisión preventiva en lo que se resuelve el caso en su totalidad.

El soborno documentado: 40 mil pesos por revisión simulada, 14 veces

La pieza clave que sostiene la acusación contra Gutiérrez Gutiérrez es el testimonio del testigo colaborador identificado con el nombre clave "Santo", cuya identidad corresponde al capitán de la Marina Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico. Según ese testimonio, registrado en el oficio UEIDMS-EIL-MC-I-3-359/2025 de fecha 16 de mayo de 2025, la verificadora recibió sobornos en 14 ocasiones provenientes del capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como "El Capitán Sol" o "NK", el operador logístico de la red.

El mecanismo era el siguiente: entre abril de 2024 y enero de 2025, Solano Ruiz enviaba 100 mil pesos destinados a los dos verificadores aduanales implicados —Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías—. De ese total, a cada verificador le correspondían 40 mil pesos, mientras que los 60 mil pesos restantes se quedaban en manos de "Santo". Su función era simular revisiones para hacer creer que los buques de la red de "Los Primos" introducían al país aceites y aditivos, cuando en realidad transportaban combustibles, hidrocarburos o petrolíferos, evitando así el pago de impuestos correspondientes.

Quiénes son "Los Primos" y cómo operaba el esquema

El "huachicol fiscal" que destapó el caso de Gutiérrez Gutiérrez tiene nombres y apellidos en la cúpula: los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, exoficiales de alto rango de la Secretaría de Marina y sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó esa dependencia durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Conocidos internamente como "Los Primos", ambos desempeñaron cargos que les otorgaron influencia sobre presupuestos, movimientos de personal e instalaciones portuarias —estas últimas transferidas a la administración de la Armada durante ese periodo de gobierno.

Según detalló la fiscal general Ernestina Godoy en un mensaje videograbado, los hermanos Farías intervinieron en designaciones y ascensos dentro de la Marina para colocar a personas de confianza en posiciones clave del circuito portuario. La estructura colocaba a cómplices en la Aduana de Tampico —como Gutiérrez Gutiérrez— para certificar falsamente las cargas, mientras "El Capitán Sol" operaba el traslado físico del combustible desde Texas en buquetanques, distribuía el dinero entre los participantes y mantenía contacto directo con los cabecillas. Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, pero una red de empresas fachada y triangulaciones financieras eran las responsables de darle apariencia legítima a los ingresos, según informó Godoy.

En una bodega propiedad de Manuel Roberto Farías en la Ciudad de México, la FGR encontró documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos, objetos de lujo y armas sin registro.

Un año del caso: 14 detenidos, un prófugo y un exsecretario ilocalizable

El caso del huachicol fiscal se destapó el 31 de marzo de 2025 cuando el Gabinete de Seguridad anunció el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas. Días después, en septiembre de 2025, el buquetanque Challenge Procyon fue asegurado en el puerto de Altamira con otra carga millonaria, lo que permitió ampliar las investigaciones. En ese mes, junto con la vinculación a proceso de Gutiérrez Gutiérrez, fueron detenidos otros 13 implicados: representantes de empresas aduaneras, funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y oficiales navales, todos sujetos a proceso penal por delincuencia organizada e ilícitos en materia de hidrocarburos.

Al cumplirse un año, el balance es el siguiente: Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados como cabecillas, están presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. A Manuel Roberto le negaron un amparo en junio de 2026. Fernando fue oficialmente vinculado a proceso el 27 de agosto de 2026 por delincuencia organizada. Los capitanes de navío Climaco Aldape Utrera y Humberto Enrique López Arellano —este último acusado de simular revisiones a buquetanques para cobrar 13 millones 675 mil pesos entre 2020 y 2024— también permanecen presos y con amparos rechazados. En total, 14 personas han sido capturadas entre exservidores públicos, empresarios y empleados aduaneros.

El eslabón que falta es Miguel Ángel Solano Ruiz, "El Capitán Sol" o "Fantasma", quien hasta agosto de 2026 continuaba prófugo. Un juez federal dejó temporalmente sin efecto la orden de aprehensión en su contra por posibles fallas de debido proceso, mientras se determina si el mandamiento puede reactivarse. Fernando Farías, por su parte, intentó fugarse del país: en diciembre de 2025 salió hacia Guatemala y comenzó a utilizar documentación apócrifa antes de ser capturado.

El personaje más polémico del caso es el almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina. La FGR reconoce que fue él mismo quien en 2024 denunció las irregularidades ante el entonces titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, cuando la defensa de Fernando Farías lo requirió para declarar en la audiencia de imputación, Ojeda Durán fue declarado ilocalizable por la FGR. Su situación procesal no ha avanzado desde entonces.