Funcionarios de la UIF permanecerán en reserva por riesgo de sobornos, extorsiones y amenazas
La Unidad de Inteligencia Financiera argumenta que revelar nombres y datos de contacto pondría en riesgo a servidores públicos involucrados en investigaciones financieras sensibles.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo reserva los nombres y datos que permitan identificar a su personal, una medida establecida en mayo de 2024 que permanecerá vigente hasta el 31 de mayo de 2029 y que puede extenderse por otros cinco años.
La decisión vuelve a cobrar relevancia después de que se conociera que la dependencia continúa aplicando esa clasificación en las respuestas a solicitudes de información pública. Los funcionarios que elaboran, revisan y autorizan documentos de la Unidad aparecen únicamente mediante siglas cuando sus nombres podrían permitir su identificación.
La reserva fue establecida mediante el oficio D.E-UIF-140/2024, fechado el 31 de mayo de 2024. La UIF determinó entonces que la difusión de nombres, datos de contacto o cualquier otro elemento que permitiera identificar a integrantes de su plantilla podía representar riesgos para su seguridad.
Entre los riesgos señalados por la Unidad se encuentran posibles sobornos, extorsiones, amenazas y atentados dirigidos contra servidores públicos que participan en análisis relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y otros delitos vinculados con movimientos financieros.
El argumento central de la UIF es que sus funcionarios pueden tener acceso a información sobre personas y organizaciones sujetas a investigación. La identificación de quienes participan en esos procedimientos, de acuerdo con la clasificación, podría facilitar acercamientos destinados a obtener información reservada o influir en el desarrollo de las investigaciones.
La dependencia también sostiene que revelar la identidad de su personal podría permitir a personas investigadas conocer la estructura, capacidad de acción, métodos y procedimientos empleados para detectar operaciones financieras posiblemente relacionadas con actividades ilícitas.
Una reserva que puede llegar hasta 2034
La clasificación no tiene como fecha de vencimiento el final de 2026. El plazo establecido por la UIF concluye el 31 de mayo de 2029, aunque la propia resolución contempla la posibilidad de ampliarlo durante cinco años más, dependiendo de las circunstancias que prevalezcan al momento de revisar la medida.
De concretarse esa ampliación, la reserva podría mantenerse hasta mayo de 2034.
La medida alcanza no sólo a quienes participan directamente en análisis financieros, sino también a funcionarios que responden solicitudes de transparencia. Por esa razón, documentos emitidos por la Unidad pueden mostrar cargos y funciones, pero omitir los nombres completos de quienes elaboraron, revisaron o autorizaron las respuestas.
El mecanismo quedó nuevamente expuesto en una solicitud de información presentada este año. En ese expediente, la respuesta de la UIF volvió a utilizar las siglas de los funcionarios involucrados y remitió a la clasificación aprobada en mayo de 2024 para justificar la protección de sus nombres.
La reserva alcanza información vinculada con investigaciones financieras
La decisión se produce en una institución cuya actividad está directamente relacionada con el seguimiento de operaciones financieras que pueden estar vinculadas con lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
La UIF depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y participa en la coordinación con instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal y Centro Nacional de Inteligencia.
El titular de la Unidad, Omar Reyes Colmenares, explicó en agosto que la institución ha reforzado sus capacidades de inteligencia financiera y la coordinación nacional e internacional para identificar estructuras financieras vinculadas con organizaciones criminales.
La UIF también mantiene intercambio de información con organismos internacionales y con instituciones estadounidenses como FinCEN y OFAC, además de su participación en el Grupo Egmont, de acuerdo con la información presentada por su titular durante una conferencia presidencial.
El nombre queda protegido, pero no necesariamente el contenido institucional
La información institucional continúa generándose y algunas actividades, estadísticas, comunicados y resoluciones son difundidas públicamente.
De hecho, la Secretaría de Hacienda ha mantenido durante los últimos días publicaciones sobre las actividades de la Unidad. El 2 de octubre informó que el proceso de certificación para quienes realizan actividades vulnerables se llevará a cabo durante 2027, dentro de la actualización del marco de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También el 28 de septiembre la dependencia anunció nuevos formatos para fortalecer la identificación del beneficiario controlador y mejorar la información utilizada para detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El contraste entre la actividad pública de la institución y la protección de la identidad de sus funcionarios constituye el punto central de la medida: los resultados, comunicados y procedimientos que pueden divulgarse permanecen accesibles, mientras que los datos que permitan identificar directamente al personal involucrado en determinadas tareas permanecen clasificados.
La discusión sobre transparencia permanece abierta
La reserva de los nombres fue establecida bajo el argumento de proteger la seguridad del personal y preservar investigaciones relacionadas con delitos financieros. Su vigencia continuará durante los próximos años y su posible ampliación dependerá de una nueva valoración de las circunstancias.
Por ahora, la fecha establecida es el 31 de mayo de 2029. Si la UIF determina que persisten las condiciones que justificaron la clasificación, el periodo podría extenderse hasta otros cinco años.
La medida coloca en el centro del debate el equilibrio entre la transparencia de las instituciones públicas y la protección de servidores que trabajan con información financiera sensible. En el caso de la UIF, la clasificación se mantiene vigente y continúa aplicándose a las respuestas oficiales en las que la identificación del personal podría revelar quiénes participan en el manejo de información relacionada con investigaciones financieras.