Proponen que la STPS informe cada trimestre cuántas horas trabajan los mexicanos
La iniciativa plantea que la STPS publique datos sobre horas trabajadas, empleo, informalidad, salarios y productividad durante la transición hacia las 40 horas semanales.
La transición hacia una jornada laboral más corta abrirá una nueva etapa de seguimiento sobre las condiciones de trabajo en México. Ante este escenario, en el Senado se impulsa una propuesta para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publique cada tres meses información sobre las horas que realmente trabajan las personas y los efectos que tenga la reducción de la jornada en el mercado laboral.
La iniciativa, presentada por el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, plantea incorporar el artículo 61 Bis a la Ley Federal del Trabajo (LFT). El objetivo es que exista información pública y periódica que permita conocer si la reforma está cumpliendo con sus objetivos y cómo está impactando a trabajadores y empresas.
Actualmente, la legislación ya establece que la STPS deberá generar mecanismos para recopilar, procesar y evaluar información relacionada con la implementación de la reducción de la jornada. Sin embargo, la propuesta advierte que no existe una obligación específica para publicar los resultados, ni una periodicidad definida o un conjunto mínimo de indicadores que permitan evaluar los avances.
La propuesta busca aprovechar información que ya generan instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras dependencias. De esta manera, la STPS concentraría los datos y presentaría un panorama periódico sobre la evolución del tiempo de trabajo en México.
El planteamiento cobra relevancia debido a que la reducción de la jornada laboral será gradual. La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación establece que el límite será de 48 horas semanales en 2026, 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas en 2030. Además, la reducción no podrá representar una disminución de salarios o prestaciones.
¿Qué medirían los nuevos reportes?
Entre los indicadores propuestos se encuentran el empleo formal, la informalidad, la productividad laboral, las horas efectivamente trabajadas y la evolución de los salarios. Cuando la información disponible lo permita, los datos también podrían presentarse por sector económico.
La intención es que los reportes permitan comparar los resultados de cada periodo con años anteriores y detectar los cambios que genere la reducción de la jornada. Esto permitiría observar, por ejemplo, si las empresas modifican sus turnos, si aumenta la contratación, si cambia la productividad o si existen diferencias importantes entre industrias.
El seguimiento también podría ayudar a identificar los sectores que enfrenten mayores dificultades durante la transición. No tienen las mismas necesidades una fábrica con operaciones continuas, un restaurante, un comercio, una empresa de servicios profesionales o un pequeño negocio.
La propia STPS ha señalado que el cambio comenzará en 2027 con una reducción de dos horas semanales y concluirá en 2030, cuando se alcance el límite de 40 horas. La dependencia estima que actualmente 63.9% de las personas trabajadoras laboran más de 40 horas a la semana.
La reforma ya establece que la STPS deberá recopilar, procesar y evaluar información sobre su implementación, por lo que la iniciativa en el Senado busca convertir ese seguimiento en información pública y regular su difusión.
Otro punto planteado es que los informes sean publicados en formatos abiertos y accesibles, siempre respetando las reglas de protección de datos personales y confidencialidad.
De aprobarse la propuesta, el primer reporte tendría que presentar información correspondiente al primer trimestre de 2027 y serviría como una primera referencia para medir los efectos de la nueva organización del tiempo de trabajo.
La intención, según el planteamiento legislativo, es que la reducción de la jornada no sea evaluada únicamente por su entrada en vigor, sino también por sus resultados. Con reportes periódicos, el Congreso podría contar con más elementos para determinar si la reforma está generando los efectos esperados en empleo, salarios, productividad e informalidad.
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