Operativo en San Luis Potosí deja nueve detenidos y cientos de equipos inhibidores asegurados
Los operativos se realizaron en dos inmuebles de la capital potosina, donde también fueron localizadas armas, montacargas, tractocamiones y mercancía presuntamente robada.
Nueve personas fueron detenidas en San Luis Potosí durante dos cateos relacionados con una investigación por robo al autotransporte federal, operativo en el que las autoridades aseguraron armas, inhibidores de señal, vehículos, autopartes, montacargas y mercancía presuntamente robada.
Entre los detenidos se encuentra Juan José "N", identificado con el alias de "El Canas" y señalado por autoridades federales como presunto líder de una célula dedicada al robo de transporte de carga con operaciones en la región.
La operación fue informada el 5 de octubre por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que las diligencias fueron ejecutadas por la Fiscalía General de la República, mediante la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal.
Los cateos se realizaron en dos inmuebles de la capital potosina. Uno de ellos se encontraba en la Zona Industrial y otro en el fraccionamiento El Pedregal, ambos relacionados con las indagatorias sobre robos cometidos contra unidades de transporte federal.
En el inmueble de la Zona Industrial fueron localizados 30 inhibidores de señal y 359 antenas para estos dispositivos, además de un arma larga, cartuchos y cargadores. También se aseguraron seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía presuntamente robada.
El segundo cateo permitió localizar un volumen mayor de equipo destinado a interferir señales. El inventario reportado por las autoridades incluye 72 inhibidores portátiles y más de mil 500 antenas, además de dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas, cinco montacargas, fuentes de energía, baterías para vehículos, aparatos electrónicos y documentación.
En ambos inmuebles quedaron bajo resguardo objetos y vehículos que forman parte de la investigación. Las autoridades también aseguraron armas, cargadores y cartuchos, mientras el Ministerio Público Federal integra la carpeta correspondiente.
La investigación se originó a partir del seguimiento a robos de transporte de carga y permitió identificar rutas de traslado y domicilios que presuntamente eran utilizados para almacenar vehículos, autopartes y mercancía relacionada con estos hechos.
Uno de los puntos de atención para las autoridades es la carretera federal 57, corredor que atraviesa San Luis Potosí y conecta el centro del país con la frontera norte. El secretario García Harfuch señaló que las acciones forman parte de las labores para combatir el robo a transportistas y reforzar la seguridad de quienes utilizan esa vía.
El uso de inhibidores de señal constituye uno de los elementos relevantes encontrados durante los cateos, debido a que estos equipos pueden interferir las comunicaciones y sistemas de localización utilizados en los vehículos de carga. Su presencia dentro de los inmuebles quedó incorporada a los indicios asegurados por las autoridades.
La dimensión del aseguramiento también permitió identificar una estructura que contaba con espacios para almacenamiento y movimiento de mercancía, además de vehículos y equipo relacionado con el transporte de carga.
Los nueve detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que deberá determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.
El operativo representa una nueva intervención coordinada entre autoridades federales y estatales en San Luis Potosí contra el robo al autotransporte. La investigación continuará para establecer el origen de la mercancía localizada, determinar la procedencia de los vehículos y autopartes asegurados.
Con los dos cateos, la investigación dejó bajo resguardo una cantidad importante de equipos para interferir señales, vehículos, autopartes y mercancía, mientras el caso queda en manos de las autoridades federales para determinar las responsabilidades individuales que correspondan.