Madres buscadoras reclaman interconexión forense nacional y señalan a la FGR y fiscalías estatales
La demanda señala a la FGR y a las fiscalías estatales por la falta de intercambio efectivo y en tiempo real del Banco Nacional de Datos Forenses.
Dos madres buscadoras llevaron ante la justicia federal una de las principales demandas que durante años han planteado los colectivos de familias de personas desaparecidas: que la información forense de todo el país pueda cruzarse de manera efectiva y en tiempo real.
Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil promovieron el 7 de octubre un juicio de amparo indirecto contra la Fiscalía General de la República (FGR), su titular, Ernestina Godoy Ramos, los fiscales generales de las 32 entidades federativas y las fiscalías especializadas en materia de desaparición.
El reclamo está dirigido contra la falta de interconexión efectiva del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) con las bases de información de las entidades. Las promoventes solicitaron a un juez federal que ordene a las autoridades garantizar la conexión de los sistemas y el intercambio de información necesario para facilitar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
La acción legal fue presentada ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito y coloca en el ámbito judicial una disputa que hasta ahora se había desarrollado principalmente mediante exigencias de colectivos, reuniones con autoridades y acuerdos institucionales.
El planteamiento de las madres parte de una cuestión concreta: que la información obtenida en una entidad pueda ser confrontada oportunamente con los registros de desapariciones y datos forenses existentes en otra. Para las familias, una base nacional solo cumple su función si los registros pueden cruzarse de manera efectiva entre las instituciones que generan y resguardan esa información.
El propio marco legal establece que la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales, los tribunales superiores de justicia y las autoridades responsables de los servicios periciales y forenses deben interconectar sus bases de datos con el Banco Nacional de Datos Forenses y mantenerlas actualizadas. La legislación también asigna a la FGR la coordinación de la operación y centralización de la información del banco.
La FGR mantiene un portal institucional en el que define al BNDF como el conjunto de bases de datos y sistemas que contienen información forense útil para identificar personas. La propia Fiscalía señala que su finalidad es apoyar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas, así como las investigaciones relacionadas con esos delitos.
Sin embargo, las promoventes sostienen en su demanda que el funcionamiento del sistema no corresponde con las obligaciones previstas en la legislación. De acuerdo con el planteamiento llevado al juez.
La consecuencia que señalan las buscadoras es especialmente relevante para los procesos de identificación humana. Cuando los registros de personas desaparecidas, perfiles genéticos, restos localizados y demás información forense permanecen separados entre instituciones, las confrontas pueden depender de solicitudes y comunicaciones entre fiscalías en lugar de realizarse mediante un sistema nacional conectado.
Ese punto constituye el núcleo del amparo. Las madres no piden solamente que exista una base de datos, sino que las autoridades garanticen que los sistemas estatales y federales puedan intercambiar información de manera efectiva para realizar confrontas que permitan encontrar coincidencias.
El problema no es nuevo. En diciembre de 2022 fueron establecidas bases de colaboración para la operación del Banco Nacional de Datos Forenses y en mayo de 2023 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos relacionados con su implementación y operación. La propia plataforma de la FGR mantiene publicados esos instrumentos dentro del marco jurídico del banco.
Además, la FGR ha reconocido durante 2026 que el fortalecimiento de las capacidades forenses y el intercambio de información entre la Federación y las entidades continúan siendo asuntos pendientes. En agosto, durante una asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se acordó dar seguimiento a la información que integra el Banco Nacional de Datos Forenses, fortalecer sus registros y mejorar el intercambio de información entre las fiscalías federales y estatales.
Las promoventes son Margarita López Pérez, fundadora del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, y Brenda María Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido en Sinaloa en octubre de 2025. Ambas cuentan con expedientes relacionados con sus respectivos casos dentro de la Fiscalía General de la República.
López Pérez mantiene además un plantón frente a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México junto con otras familias que exigen atención a sus denuncias y avances en las investigaciones de sus familiares desaparecidos. La protesta comenzó en septiembre y ha sido acompañada por recursos judiciales relacionados con la recepción de las denuncias.
La nueva acción judicial amplía ese frente. No solo se busca solicitar la recepción de denuncias individuales: plantea ante un juez federal una obligación relacionada con la infraestructura de información que utilizan las instituciones encargadas de buscar e identificar a personas desaparecidas para que hayan avances considerables en el avance de estos casos.
El amparo señala como autoridades responsables a Ernestina Godoy; a Mariana Díaz Figueroa, fiscal especializada en materia de Derechos Humanos; a Adriana Lizárraga González, fiscal especializada en investigación de los delitos de desaparición forzada; y a los titulares de las 32 fiscalías estatales, junto con sus respectivas áreas especializadas.
Las madres también solicitaron la suspensión del acto reclamado para que las autoridades adopten medidas encaminadas a garantizar la interconexión.
El caso coloca bajo revisión judicial una herramienta diseñada para resolver uno de los problemas más complejos de la crisis de desapariciones: la fragmentación de información. Una persona puede desaparecer en un estado y sus restos ser localizados en otro.
El Banco Nacional de Datos Forenses fue creado precisamente para concentrar información que permita realizar esas confrontas. La legislación establece que debe incluir información pericial y forense útil para la identificación, además de una base de datos de información genética destinada a la búsqueda de personas desaparecidas.
El siguiente paso estará ahora en manos del Poder Judicial Federal. El juez deberá revisar los argumentos de las promoventes, los actos señalados como reclamados y la situación jurídica de las autoridades involucradas antes de determinar si concede o niega las medidas solicitadas.
Las acusaciones formuladas por las buscadoras sobre el funcionamiento del sistema forman parte de su demanda y deberán ser analizadas dentro del procedimiento. El litigio abre así una nueva vía para discutir si las autoridades federales y estatales están cumpliendo con las obligaciones legales de intercambio y actualización de información forense.
La disputa tiene una consecuencia práctica para las familias: conseguir que una información registrada en cualquier punto del país pueda compararse oportunamente con los datos de una persona desaparecida.