México prepara un presupuesto récord de 10.5 billones de pesos, pero el margen fiscal se estrecha

México se prepara para conocer este martes el Paquete Económico 2027, una propuesta que colocará nuevamente las finanzas públicas en el centro de la discusión nacional. La estimación que ha circulado en las últimas horas apunta a un gasto superior a 10.5 billones de pesos, una cifra que marcaría un nuevo máximo nominal para el presupuesto federal.

La propuesta todavía deberá ser entregada formalmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados, por lo que el monto final será conocido con la presentación oficial de los documentos que integran el paquete.

El tamaño previsto del gasto representa un incremento frente al presupuesto aprobado para 2026, que ascendió a 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos.

Pero detrás de la cifra récord existe un desafío mayor: el Gobierno tendrá que demostrar que cuenta con ingresos suficientes para financiar el gasto previsto y, al mismo tiempo, avanzar en la reducción del déficit público.

La administración de Claudia Sheinbaum ha planteado que la consolidación fiscal será gradual. La estrategia contempla mantener la inversión y proteger áreas consideradas prioritarias, entre ellas los programas sociales, salud y educación.

El diseño del presupuesto llega además en un momento en que el margen de maniobra de las finanzas públicas es cada vez más importante. El crecimiento del gasto social, el costo financiero de la deuda y las necesidades de empresas públicas como Petróleos Mexicanos obligan a Hacienda a distribuir los recursos con mayor presión sobre otras áreas del presupuesto.

Durante los últimos años, el gasto federal ha aumentado de manera considerable en términos nominales. Para 2026, por ejemplo, los recursos destinados a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores fueron establecidos en 526 mil 508 millones de pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar recibió cerca de 57 mil millones. Los programas de becas también representan una parte importante de las erogaciones sociales.

Para 2027, el Gobierno ha adelantado que la política social continuará siendo una prioridad. Legisladores de Morena han señalado que el proyecto contempla más de un billón de pesos para programas sociales, incluyendo apoyos para adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad y otros sectores.

El desafío está en que una parte cada vez mayor del presupuesto tiene compromisos difíciles de modificar en el corto plazo. Las pensiones, transferencias sociales y el servicio de la deuda limitan la capacidad para mover recursos hacia otras áreas cuando los ingresos no alcanzan las expectativas.

El costo financiero de la deuda pública constituye uno de los principales componentes de presión. Cuando aumentan las obligaciones relacionadas con el servicio de la deuda, una mayor proporción de los recursos públicos debe destinarse al cumplimiento de esos compromisos, reduciendo el margen disponible para nuevas obras o programas.

A ello se suma la situación financiera de Pemex, que continúa requiriendo respaldo del Gobierno federal. El equilibrio entre las necesidades de la empresa productiva del Estado y los objetivos de consolidación fiscal será uno de los asuntos que deberán observarse en el paquete que Hacienda entregará al Congreso.

La estrategia para elevar los ingresos no apunta, de acuerdo con los anuncios realizados hasta ahora, a una reforma generalizada para aumentar impuestos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado un incremento general de gravámenes y ha señalado que el Gobierno buscará fortalecer la recaudación mediante medidas contra la evasión y la elusión fiscal.

Entre las acciones previstas se encuentra el fortalecimiento de los mecanismos para combatir el uso de empresas factureras y otras prácticas utilizadas para reducir artificialmente las obligaciones fiscales. También se ha planteado reforzar los controles relacionados con el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de los combustibles para combatir el llamado huachicol fiscal.

El escenario económico también será determinante.

Los Pre-Criterios Generales de Política Económica elaborados por Hacienda habían contemplado para 2027 un crecimiento económico de entre 1.9 y 2.9 por ciento, inflación de 3 por ciento y una deuda pública cercana a 55 por ciento del PIB. Sin embargo, esas cifras eran preliminares y podrán modificarse en la documentación definitiva que se entregue al Congreso.

La diferencia entre crecimiento económico e incremento nominal del presupuesto será otro de los puntos que concentrarán la atención. Un presupuesto puede aumentar en pesos corrientes sin representar necesariamente un crecimiento equivalente de los recursos disponibles en términos reales, especialmente cuando una parte del incremento se absorbe por la inflación.

Por ello, el verdadero reto del Gobierno para 2027 no estará solamente en anunciar una cifra histórica de gasto, sino en determinar cuánto dinero tendrá realmente disponible, cuánto deberá destinar al pago de obligaciones ya adquiridas y cuánto podrá dirigir a nuevas inversiones y servicios públicos.

Una vez presentado el paquete, comenzará la negociación legislativa. La Cámara de Diputados tendrá la responsabilidad de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos, mientras que la Ley de Ingresos deberá pasar posteriormente al Senado. El calendario legislativo establece como fecha límite el 20 de octubre para la aprobación de la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados, el 31 de octubre para su aprobación en el Senado y el 15 de noviembre para el Presupuesto de Egresos.

Los legisladores podrán modificar la distribución propuesta por Hacienda antes de aprobar el presupuesto definitivo. Eso significa que los montos anunciados este martes todavía podrán cambiar durante la discusión parlamentaria.

El Paquete Económico 2027 llegará así con una doble exigencia: mantener el gasto social y la inversión que el Gobierno considera prioritarios, mientras se reduce gradualmente el déficit y se preserva la estabilidad de las finanzas públicas.

La cifra superior a los 10.5 billones de pesos puede convertirse en el mayor presupuesto federal de la historia en términos nominales. La prueba estará en algo más difícil: que el Gobierno pueda financiarlo, ejercerlo de manera efectiva y sostener sus compromisos sin que el ajuste termine trasladándose a la inversión, infraestructura y servicios públicos.