Detienen a jefa policial y cuatro agentes por robo de medio millón en Nayarit
El dinero habría sido sustraído de una caja fuerte de Financiera para el Bienestar; la Fiscalía de Nayarit investiga la posible participación de los agentes.
Un presunto robo cometido dentro de instalaciones públicas de Rosamorada, Nayarit, derivó en la detención de cinco integrantes de la Policía Municipal, entre ellos la propia directora de Seguridad Pública. La investigación se concentra en la desaparición de más de 500 mil pesos en efectivo de una caja fuerte de Financiera para el Bienestar y en determinar cómo habrían participado los funcionarios que ahora se encuentran bajo investigación.
El caso comenzó a tomar forma durante la mañana del domingo 4 de octubre, cuando fueron detectados daños en accesos y mobiliario de varios inmuebles públicos del municipio. Entre los espacios revisados se encontraban la Tesorería, la Presidencia Municipal y las oficinas de Financiera para el Bienestar. Fue en estas últimas donde las autoridades localizaron una caja fuerte que presentaba señales de haber sido violentada.
A partir de ese hallazgo comenzaron las diligencias para reconstruir lo sucedido. Durante la inspección de la zona, las autoridades encontraron más de medio millón de pesos en efectivo dentro de una caja de cartón. La principal línea de investigación apunta a que ese dinero correspondería al sustraído de la caja fuerte, aunque la Fiscalía deberá acreditar formalmente su procedencia y establecer las circunstancias en las que fue localizado.
La investigación llevó a la detención de Hermenegilda "N", directora de Seguridad Pública Municipal de Rosamorada, junto con los agentes Claudia Magali "N", Enyi Xomara "N", Abram "N" e Isidro "N". Todos pertenecían a la corporación municipal y quedaron a disposición de la autoridad ministerial mientras se determina la responsabilidad que habría tenido cada uno.
La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que las indagatorias se desarrollan por la probable comisión de los delitos de robo calificado y asociación delictuosa en su modalidad de pandilla. La detención de los cinco servidores públicos representa, sin embargo, el inicio del proceso y no una declaración de culpabilidad. Será la autoridad judicial la encargada de valorar los datos de prueba y resolver su situación jurídica.
Otro elemento relevante es el conjunto de objetos localizado durante las diligencias. Las autoridades aseguraron un marro, un martillo, un desarmador, una barra metálica y una herramienta eléctrica, piezas que serán sometidas a análisis para determinar si fueron utilizadas para ingresar a los inmuebles o violentar la caja fuerte.
El caso adquiere especial relevancia por el cargo de las personas investigadas. No se trata únicamente de agentes municipales: entre los detenidos se encuentra quien encabezaba la dependencia responsable de la seguridad pública de Rosamorada. Por ello, una de las preguntas centrales será establecer si existió coordinación entre los involucrados, cómo pudieron desarrollarse los hechos dentro de instalaciones gubernamentales y si participaron otras personas.
Tras conocerse las detenciones, el presidente municipal de Rosamorada, José Ampelio Gutiérrez García, manifestó que su administración colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. El alcalde aseguró que no habrá protección ni encubrimiento para ninguna persona involucrada y señaló que el Ayuntamiento brindará las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones.
La Fiscalía deberá ahora reconstruir la secuencia completa de los hechos. Además de determinar quién habría ingresado a las instalaciones y quién manipuló la caja fuerte, será necesario establecer la relación entre los daños encontrados en los diferentes edificios públicos, el origen exacto del efectivo recuperado y la posible existencia de más participantes.
Los cinco policías permanecerán sujetos al procedimiento correspondiente mientras el Ministerio Público integra la carpeta de investigación. El avance del caso dependerá de los peritajes, testimonios, indicios materiales y demás elementos que sean presentados ante la autoridad judicial.
Más allá de la cantidad presuntamente sustraída, la investigación tiene una dimensión institucional: los principales señalados pertenecían a la corporación encargada de proteger a la población y los bienes públicos del municipio. Las próximas actuaciones judiciales deberán esclarecer si esa posición fue utilizada para facilitar el robo y si el caso alcanza a otras personas dentro o fuera de la administración municipal.