Chihuahua refuerza protección contra amenazas y difusión de contenido íntimo en internet
La iniciativa busca activar órdenes de protección antes de que se publiquen contenidos privados y evitar represalias contra quienes denuncien violencia.
El Congreso de Chihuahua aprobó una iniciativa para fortalecer las medidas de protección a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia digital, especialmente cuando exista la amenaza de publicar fotografías, videos, información privada o datos personales sin su consentimiento.
La propuesta fue presentada por la diputada Joss Vega, quien planteó incorporar nuevas herramientas preventivas a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El objetivo es que las autoridades puedan intervenir antes de que una amenaza digital se convierta en una nueva agresión contra la víctima.
El planteamiento cobra relevancia ante una realidad que ha cambiado con la expansión de redes sociales, servicios de mensajería y otras plataformas digitales. El acoso ya no necesariamente termina cuando una persona se aleja físicamente de su agresor: fotografías, conversaciones, videos y datos personales pueden utilizarse como instrumentos para intimidar, controlar o presionar.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es precisamente evitar que una mujer que decide denunciar quede expuesta posteriormente a represalias digitales. La legisladora advirtió que un agresor puede amenazar con divulgar material privado para intentar que la víctima abandone una denuncia o desista de continuar un procedimiento.
"Una mujer que decide denunciar no debería tener que enfrentar después la amenaza de que sus fotografías, sus datos personales o información privada sean publicados para hacerle daño. La protección debe llegar desde el primer momento", sostuvo Vega.
La modificación busca que las autoridades puedan establecer medidas de protección inmediatas cuando exista una amenaza relacionada con la publicación o difusión no consentida de información, fotografías o videos. De esta manera, la actuación institucional tendría un componente preventivo y no solamente una respuesta posterior al daño.
La iniciativa plantea adicionar una fracción al artículo 12-d de la legislación estatal para fortalecer las órdenes de protección disponibles. El alcance contempla materiales difundidos a través de medios digitales, pero también otras vías mediante las cuales pudiera producirse la exposición de información de una víctima.
La discusión ocurre en un contexto de creciente preocupación por las agresiones cometidas mediante tecnologías digitales. En la exposición de la propuesta se citó que 9.4 millones de mujeres en México han enfrentado violencia digital, con una incidencia relevante entre jóvenes de 18 a 30 años.
También se mencionaron datos relacionados con menores de edad. De acuerdo con las cifras presentadas por la legisladora, 33.6% de niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años han recibido imágenes de contenido sexual sin haberlas solicitado, un fenómeno que muestra cómo los riesgos digitales alcanzan también a las generaciones más jóvenes.
Sin embargo, la problemática no se limita a la difusión de imágenes íntimas. Puede incluir amenazas, hostigamiento, exposición de datos personales, publicación de fotografías sin autorización y otras acciones utilizadas para provocar miedo, presión o daño a la reputación de una persona.
La propuesta cobra particular importancia cuando estas conductas aparecen después de una denuncia. Una víctima podría sentirse obligada a elegir entre continuar con un procedimiento legal o enfrentar la posibilidad de que información privada sea difundida públicamente.
Por ello, el cambio aprobado busca que las medidas de protección puedan activarse desde el momento en que se identifica el riesgo, sin esperar necesariamente a que el contenido termine publicado y el daño ya se haya producido.
Vega, quien participa como secretaria de la Comisión de Feminicidios, resumió el sentido de la iniciativa al señalar que la violencia no deja de ser violencia porque ocurra detrás de una pantalla.
El desafío estará ahora en que las disposiciones puedan traducirse en respuestas rápidas cuando exista una amenaza real. En el entorno digital, donde una fotografía, video o dato personal puede distribuirse en cuestión de segundos, la velocidad con la que intervengan las autoridades puede resultar determinante.
La reforma coloca así el énfasis en un principio fundamental: frente a la violencia digital, la protección no debe comenzar únicamente después de que el contenido haya circulado. Prevenir su difusión también puede ser una forma de proteger a la víctima y evitar que la agresión continúe fuera del espacio físico.