Armas, expedientes navales y documentos clasificados: el nuevo hallazgo en el caso Farías
La FGR localiza armas y documentos confidenciales en bodega de exvicealmirante investigado por huachicol fiscal
La investigación contra Manuel Roberto Farías Laguna por el llamado huachicol fiscal sumó un nuevo elemento que amplía el alcance de las indagatorias: la Fiscalía General de la República localizó una bodega que el exvicealmirante rentaba en Ciudad de México y encontró en su interior armas sin registro, expedientes de personal naval, listas de aduanas marítimas y documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial.
El hallazgo fue informado por la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, quien explicó que el cateo forma parte de las investigaciones sobre una estructura dedicada presuntamente al ingreso, traslado, almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos.
La relevancia del inmueble no está solamente en las armas aseguradas. Entre los documentos localizados aparecen expedientes relacionados con personal naval y altos mandos de la institución, además de información vinculada con las aduanas marítimas. La Fiscalía clasificó parte de ese material como documentación de seguridad nacional reservada y confidencial.
Hasta ahora, la autoridad no ha dado a conocer públicamente el contenido específico de esos documentos ni la identidad de todos los funcionarios o mandos cuyos expedientes fueron encontrados. Su contenido, origen y relación con las operaciones investigadas deberán ser establecidos dentro de las indagatorias.
El aseguramiento adquiere mayor importancia por la posición que la Fiscalía atribuye a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna dentro de la estructura investigada. Según la FGR, ambos habrían tenido capacidad para intervenir en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina.
La Fiscalía sostiene que Manuel Roberto Farías tenía un papel particularmente relevante en esas gestiones y que esa influencia habría permitido fortalecer una estructura de complicidades alrededor del ingreso irregular de combustible al país.
El caso comenzó a tomar una dimensión mayor después del aseguramiento, en 2025, de un buque en Puerto Altamira, Tamaulipas, con alrededor de 10 millones de litros de diésel. A partir de esa operación, la investigación llevó a las autoridades hacia una estructura más amplia en la que aparecen funcionarios, personal aduanal, empresarios y elementos vinculados con la operación marítima.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los buques utilizados por la organización salían principalmente de Texas con cargamentos de hidrocarburos que eran declarados bajo otra clasificación para modificar el tratamiento fiscal de la mercancía al ingresar a México.
La investigación apunta además a un mecanismo en el que servidores públicos y agentes aduanales presuntamente facilitaban el paso de los cargamentos a cambio de pagos. Las autoridades sostienen que algunas inspecciones eran manipuladas mediante revisiones superficiales, volúmenes alterados o procedimientos que permitían liberar el combustible sin una revisión completa.
El nuevo cateo aporta ahora una dimensión distinta al expediente: la localización de información relacionada con personal naval y operaciones aduaneras en un inmueble vinculado directamente con uno de los principales acusados.
También fueron encontrados objetos de lujo, además del armamento y la documentación. Todo el material quedó bajo resguardo de la Fiscalía para su análisis y para determinar qué relación guarda con la investigación principal.
Manuel Roberto Farías permanece sujeto a proceso por delitos relacionados con hidrocarburos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su caso ha atravesado además distintas etapas judiciales: en enero de 2026, una jueza federal ordenó a la FGR entregar a su defensa la totalidad de la carpeta de investigación, después de determinar que había recibido información incompleta del expediente.
El hermano de Manuel Roberto, Fernando Farías Laguna, también enfrenta el proceso relacionado con la misma investigación. Después de permanecer prófugo, fue localizado en Argentina y trasladado a México, donde quedó a disposición de las autoridades.
La investigación tiene además un antecedente dentro de la propia Secretaría de Marina. La FGR ha señalado que el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, presentó en 2024 información ante la Fiscalía sobre posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval. Esa denuncia fue uno de los puntos de partida de las investigaciones que posteriormente condujeron al aseguramiento del buque en Altamira y al desarrollo del expediente contra los hermanos Farías.
Ahora, el hallazgo de la bodega abre nuevas interrogantes para la Fiscalía: por qué estaban ahí los expedientes de personal naval, cómo llegaron al inmueble los documentos clasificados, qué relación tenían con las operaciones investigadas y cuál era el propósito del armamento localizado.
La respuesta a esas preguntas dependerá del análisis pericial y documental que realicen las autoridades.
Por ahora, el caso deja un nuevo elemento de peso: una bodega vinculada a uno de los principales acusados de la investigación contenía información relacionada con aduanas y personal naval, documentos clasificados como reservados y armas sin registro.
La FGR mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de esos hallazgos y establecer cómo se integran a la estructura de presunto contrabando de hidrocarburos que las autoridades llevan más de un año investigando.
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