Policías podrían acceder a créditos sin ser rechazados únicamente por su profesión

La diputada de Chihuahua Nancy Janeth "La China" Frías Frías presentó una iniciativa que busca impedir que pertenecer a una corporación policial sea, por sí mismo, motivo suficiente para negar un crédito bancario o imponer condiciones diferentes a las aplicadas a otros solicitantes. La propuesta plantea llevar el tema al ámbito federal mediante una modificación a la Ley de Instituciones de Crédito.

La iniciativa parte de una premisa concreta: un policía debería ser evaluado por su ingreso, historial crediticio, capacidad de pago y demás criterios financieros, en lugar de enfrentar una negativa automática debido al riesgo asociado con su actividad profesional. Esto tampoco significaría que los bancos estén obligados a aprobar todas las solicitudes presentadas por integrantes de corporaciones de seguridad.

La información revisada permite precisar además un punto importante que no aparecía desarrollado en la primera versión de la noticia: la propuesta de Frías está dirigida específicamente a promover una modificación del artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, disposición federal relacionada con el otorgamiento de financiamiento por parte de las instituciones bancarias.

El planteamiento busca que la ocupación del solicitante no sustituya el análisis individual de su situación económica. De esta manera, una institución financiera conservaría la posibilidad de negar un préstamo cuando existan razones vinculadas con capacidad de pago, antecedentes crediticios u otros elementos utilizados para medir el riesgo, pero no únicamente porque la persona trabaja como agente policial.

Frías argumentó que los integrantes de las corporaciones de seguridad también necesitan financiamiento para proyectos habituales de cualquier familia, como comprar una vivienda, mejorar una casa, pagar estudios o cubrir otras necesidades personales. Desde esa perspectiva, la capacidad económica del solicitante debería analizarse individualmente y no solamente a partir de los riesgos inherentes a su trabajo.

El asunto tiene además una dimensión jurídica relevante. La Ley de Instituciones de Crédito es federal, por lo que el Congreso de Chihuahua no puede modificarla directamente para todo México. La propuesta local busca que el Congreso estatal remita el planteamiento al Congreso de la Unión, donde tendría que continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de que pudiera convertirse en una reforma aplicable a las instituciones bancarias del país.

Por ahora, por tanto, no existe una nueva obligación vigente para los bancos derivada de esta iniciativa. Se trata de una propuesta legislativa que todavía debe avanzar por distintas etapas. Tampoco establece que ser policía otorgue automáticamente derecho a recibir financiamiento.

La diferencia es importante: el objetivo es modificar el criterio con el que se analiza una solicitud, no eliminar las evaluaciones de riesgo utilizadas por las instituciones financieras.

La legisladora pertenece al Grupo Parlamentario del PAN en la LXVIII Legislatura del Congreso de Chihuahua y representa el Distrito XII. Registros parlamentarios consultados confirman tanto su cargo como su pertenencia partidista.

La iniciativa abre así una discusión que va más allá de Chihuahua: hasta dónde puede considerarse la profesión de una persona como factor de riesgo para concederle financiamiento y cuándo ese criterio puede convertirse en una barrera injustificada.

El siguiente paso será el tratamiento de la propuesta dentro del Congreso estatal. Solo después de avanzar en Chihuahua podría llegar al ámbito federal, donde correspondería determinar si existen condiciones para modificar la legislación bancaria. Hasta entonces, los criterios actuales de las instituciones financieras permanecen sin cambios.