Ley de autismo en Querétaro abre una disputa: colectivos reclaman mayor participación

La discusión sobre los derechos de las personas autistas llegó al Congreso de Querétaro, pero la iniciativa que pretende establecer un nuevo marco legal para esta población ya enfrenta cuestionamientos de quienes serían directamente beneficiarios de la legislación.

El proyecto de Ley de los Derechos de las Personas que Viven con el Espectro Autista y/o Neurodivergencias fue presentado por las diputadas Ginna Guzmán Álvarez y Perla Flores Suárez con el argumento de establecer obligaciones concretas para las instituciones públicas y garantizar una inclusión efectiva.

La propuesta contempla derechos relacionados con el diagnóstico temprano, atención especializada, educación inclusiva, incorporación a la vida productiva, empleo, transporte, acceso a espacios públicos, cultura, deporte y recreación, además de disposiciones contra actos de discriminación.

También plantea crear una Comisión Intersecretarial en la que participen áreas como salud, educación, trabajo, cultura, movilidad y gobierno, junto con el Sistema DIF. El objetivo sería coordinar las políticas públicas dirigidas a personas autistas y neurodivergentes para evitar que la atención dependa únicamente de acciones aisladas de cada dependencia.

Otro de los componentes propuestos es la creación de un Padrón Estatal con fines estadísticos y el establecimiento progresivo de centros de atención y diagnóstico en diferentes regiones de Querétaro, de acuerdo con las necesidades identificadas y la disponibilidad presupuestaria.

Sin embargo, el debate no se concentra únicamente en lo que plantea el proyecto, sino también en quiénes participaron realmente en su construcción.

Personas autistas y colectivos han expresado públicamente su inconformidad y han cuestionado que la comunidad haya tenido una participación suficiente y efectiva en la elaboración de la iniciativa. Algunos integrantes han reclamado directamente ante el Congreso que sus voces no han sido incorporadas de la manera que consideran necesaria.

La inconformidad ha adquirido fuerza bajo el argumento de que una legislación destinada a garantizar derechos debe incorporar de manera directa la experiencia de quienes viven con autismo. Para estos colectivos, no basta con consultar a familiares, especialistas u organizaciones: las propias personas autistas deben tener un papel central en las decisiones sobre las políticas que definirán su acceso a servicios, educación, trabajo y participación social.

El cuestionamiento llega en un momento en que la iniciativa todavía se encuentra dentro del proceso legislativo y, por lo tanto, existe margen para incorporar modificaciones antes de que llegue a una eventual votación definitiva.

Las diputadas impulsoras han defendido el proyecto como resultado de un proceso de escucha en el que participaron familias, asociaciones, especialistas y autoridades de distintas áreas. La iniciativa también contempla la participación de organizaciones de la sociedad civil y, dentro de la Comisión Intersecretarial propuesta, de al menos una persona que se encuentre dentro del espectro autista o, cuando sea necesario, de su cuidador primario.

Ese punto abre una de las discusiones centrales: la diferencia entre consultar a la comunidad y permitirle intervenir de manera efectiva en la elaboración de una ley.

La controversia también pone sobre la mesa la necesidad de que la legislación reconozca que el espectro autista no representa una experiencia uniforme. Las necesidades de apoyo pueden ser distintas entre personas y variar a lo largo de la vida, por lo que colectivos han insistido en que las políticas públicas deben contemplar esa diversidad.

La iniciativa busca precisamente establecer obligaciones que abarquen diferentes etapas y ámbitos de la vida. En educación, por ejemplo, plantea fortalecer la preparación de las instituciones y del personal docente; en materia laboral, pretende favorecer la incorporación a la vida productiva; mientras que en salud contempla mecanismos de diagnóstico y atención.

El proyecto también pretende avanzar hacia una coordinación permanente entre dependencias. La intención es que salud, educación, trabajo, movilidad y desarrollo social puedan actuar bajo una misma política pública y no mediante programas separados.

El debate adquiere una dimensión adicional porque Querétaro ya ha intentado avanzar anteriormente en una legislación estatal específica sobre autismo. De acuerdo con organizaciones participantes en el proceso, esta es la tercera ocasión en que se busca impulsar una norma de este tipo en la entidad.

A la par de la discusión legislativa, el municipio de Querétaro trabaja en un Centro Integral de Atención al Autismo, proyecto que contempla infraestructura y personal especializado para atender a personas autistas y ofrecer acompañamiento a sus familias. La iniciativa estatal busca que la atención tenga además una estructura jurídica que permita darle continuidad.

El reto para el Congreso será ahora conseguir que la discusión avance de manera que las personas autistas no sean únicamente destinatarias de la ley, sino participantes activas de su construcción.

La iniciativa todavía debe continuar su procedimiento legislativo y puede ser modificada durante su análisis. Para los colectivos que han expresado inconformidad, esta etapa representa una oportunidad para abrir un diálogo más amplio y garantizar que las experiencias de las propias personas autistas queden reflejadas en el texto final.

El debate en Querétaro deja así una pregunta de fondo: ¿puede construirse una política de inclusión sin colocar en el centro la voz de quienes viven directamente esa realidad? La respuesta marcará no sólo el contenido de la futura ley, sino también la confianza de la comunidad autista en las instituciones encargadas de garantizar sus derechos.