Una crisis que volvió a poner a Sinaloa en el centro de la polémica política mexicana
El Congreso aprobó una nueva licencia indefinida para Rocha Moya y abrió el proceso para elegir a un gobernador interino. La decisión ocurre en medio de investigaciones y acusaciones de Estados Unidos contra el mandatario, que él niega.
Sinaloa atraviesa una nueva etapa de incertidumbre política después del inesperado regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura y su posterior decisión de solicitar nuevamente licencia.
El mandatario había permanecido separado del cargo durante 112 días. El pasado 21 de agosto anunció que retomaba sus funciones como gobernador, una decisión que rápidamente generó cuestionamientos dentro de su propio partido y desde el Gobierno federal.
El regreso, sin embargo, duró poco.
Después de la fuerte reacción política que provocó su reincorporación, Rocha Moya presentó una nueva solicitud de licencia ante el Congreso estatal. La Diputación Permanente aprobó el permiso por unanimidad el 23 de agosto, dejando nuevamente abierto el proceso para definir quién asumirá temporalmente las riendas del estado.
La situación convirtió al Congreso de Sinaloa en el escenario de una disputa política en la que diferentes sectores buscan definir el rumbo que deberá tomar el estado durante los meses restantes del actual periodo de gobierno.
El regreso de Rocha Moya generó rechazo incluso dentro del oficialismo
La decisión de Rocha Moya de regresar al cargo no recibió el respaldo esperado dentro de Morena.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó públicamente la decisión y afirmó que no consideraba pertinente que el gobernador retomara sus funciones en ese momento. También sostuvo que debería elegirse a una persona capacitada y honesta para conducir Sinaloa durante la transición.
Desde la Secretaría de Gobernación se señaló, además, que el regreso de Rocha Moya correspondía a una decisión personal del mandatario.
La reacción evidenció una distancia política entre el gobernador y sectores de la estructura nacional de Morena, particularmente en un momento en el que el caso Sinaloa ha adquirido una dimensión nacional.
La controversia también puso de manifiesto que el debate ya no gira únicamente alrededor de la permanencia o salida de Rocha Moya, sino sobre quién tendrá el control político del estado durante la transición.
El Congreso debe decidir quién tomará las riendas
Con la nueva licencia aprobada, el Congreso de Sinaloa quedó obligado a avanzar en la definición de un gobernador interino.
El propio Congreso estatal confirmó que la solicitud de Rocha Moya fue aprobada por unanimidad durante la sesión del 23 de agosto.
Sin embargo, el proceso no ha sido sencillo.
La falta de acuerdos entre los grupos políticos llevó a que el relevo no quedara definido de inmediato. Mientras los legisladores buscan una salida, la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla, permanece al frente del despacho estatal de manera provisional.
El escenario muestra la profundidad de la división política: no existe consenso sobre si el siguiente gobernador interino debe representar una continuidad del grupo cercano a Rocha Moya o si debe abrirse una nueva etapa en la administración estatal.
El trasfondo: acusaciones que mantienen bajo presión al gobernador
La crisis política ocurre mientras Rocha Moya enfrenta un proceso especialmente delicado por señalamientos provenientes de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció en abril de 2026 una acusación formal contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Según la acusación, los implicados habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas.
El documento judicial estadounidense contiene acusaciones graves contra el gobernador, entre ellas presuntos acuerdos con dirigentes de Los Chapitos y supuestos beneficios políticos y económicos derivados de esas relaciones. Se trata, sin embargo, de alegaciones contenidas en una acusación penal y no de una sentencia que determine culpabilidad.
Rocha Moya ha rechazado los señalamientos.
En México, el caso también ha sido objeto de investigaciones y actuaciones de la Fiscalía General de la República. El mandatario había solicitado inicialmente licencia para separarse del cargo y evitar, según explicó entonces, interferir en las investigaciones.
La situación ha mantenido bajo presión al Gobierno de Sinaloa y ha convertido el futuro político del estado en un asunto de interés nacional.
Una acusación que también ha generado tensión entre México y Estados Unidos
El caso Rocha Moya trascendió rápidamente las fronteras de Sinaloa.
Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador y otros funcionarios, mientras que el Gobierno mexicano ha reclamado información y pruebas relacionadas con los señalamientos.
La presidenta Sheinbaum ha sostenido que México debe realizar sus propias investigaciones y ha cuestionado que se presenten acusaciones sin que exista suficiente información probatoria entregada a las autoridades mexicanas.
De esta manera, el caso combina tres dimensiones: una crisis política dentro de Sinaloa, una investigación judicial en México y una acusación penal presentada en Estados Unidos.
El regreso que terminó acelerando la crisis
El episodio de agosto dejó una imagen política difícil para Rocha Moya.
Después de más de tres meses separado del cargo, regresó a la gubernatura el 21 de agosto. El Gobierno de Sinaloa confirmó entonces su reincorporación luego de que el mandatario notificara la conclusión de su licencia.
Pero la reacción política fue inmediata.
La presidenta Sheinbaum manifestó su desacuerdo, distintos sectores de Morena tomaron distancia y el Congreso tuvo que volver a ocuparse de la situación jurídica del gobernador.
Menos de dos días después, Rocha Moya volvió a solicitar licencia. El Congreso aprobó la petición por unanimidad y abrió la puerta a la designación de un nuevo gobernador interino.
El episodio dejó al descubierto una fractura política que va más allá de la figura del mandatario.
¿Qué queda para Sinaloa?
Más allá de la disputa política, el principal desafío es garantizar la estabilidad institucional de un estado que enfrenta problemas de seguridad y una profunda tensión política.
La designación del gobernador interino será determinante para establecer si Sinaloa continuará bajo la influencia del grupo político que acompañó a Rocha Moya o si se producirá un cambio en la conducción del Ejecutivo estatal.
El Congreso tendrá que encontrar un punto de acuerdo en un escenario en el que los intereses partidistas, la relación con el Gobierno federal y las investigaciones que rodean al mandatario se cruzan de manera directa.
La discusión no es menor. El estado necesita una administración con capacidad para responder a los problemas de seguridad, economía y gobernabilidad, mientras se desarrolla el proceso político que definirá su futuro.
Un legado bajo cuestionamiento
El caso de Rocha Moya llega a su etapa final con un escenario político completamente diferente al que acompañó su llegada al poder.
La polémica alrededor de su gestión, las acusaciones formuladas en Estados Unidos, las investigaciones en México y su controvertido regreso de apenas unas horas han deteriorado el margen político del gobernador y han obligado a Morena a tomar distancia de algunas de sus decisiones.
Ahora el Congreso de Sinaloa tiene una responsabilidad decisiva: encontrar una salida institucional que permita garantizar la gobernabilidad y cerrar el periodo de Rocha Moya sin profundizar la división política.
La historia todavía no termina. La designación del gobernador interino y el avance de las investigaciones serán los próximos capítulos de una crisis que ya dejó de ser exclusivamente sinaloense y se convirtió en uno de los mayores desafíos políticos para el oficialismo mexicano.
© Copyright 2026 IBTimes MX. All rights reserved.
- LO MÁS LEÍDO EN Política
