Julieta Ramírez queda bajo presión tras revelarse supuesto acuerdo de colaboración con EU
La senadora con licencia niega las acusaciones de un acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses mientras compite por la candidatura de Morena.
La carrera interna de Morena por la gubernatura de Baja California enfrenta un nuevo episodio de tensión después de que se difundiera la existencia de un supuesto acuerdo de colaboración entre Julieta Ramírez Padilla y autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Ramírez, senadora con licencia y aspirante a encabezar la candidatura morenista en Baja California para 2027, aparece vinculada en un documento denominado "proffer agreement", mediante el cual habría aceptado participar en una reunión con fiscales federales y agentes estadounidenses para determinar si puede proporcionar información considerada confiable.
De acuerdo con el documento difundido, la posible entrega de información estaría acompañada de una evaluación por parte de la fiscalía sobre la posibilidad de otorgar algún beneficio a la persona que coopera. La decisión, según el texto, correspondería exclusivamente a los fiscales después de conocer la información proporcionada.
El término "proffer agreement" se utiliza en el sistema judicial estadounidense para establecer las condiciones bajo las cuales una persona investigada o un posible testigo puede proporcionar información a los fiscales. Su existencia no equivale por sí misma a una condena ni significa que una persona haya sido declarada culpable de un delito.
En el caso de Ramírez, el contenido difundido tampoco identifica públicamente cuál sería el delito específico que investigan las autoridades estadounidenses ni qué información habría ofrecido la senadora con licencia.
Ese punto resulta central para entender el alcance de la revelación. Lo que aparece públicamente es la referencia a un posible mecanismo de cooperación, pero no una acusación penal formal conocida contra Ramírez ni un acuerdo definitivo que la convierta en testigo colaboradora.
La senadora reaccionó después de la publicación y rechazó los señalamientos. En sus redes sociales calificó la información como un nuevo episodio de "guerra sucia" y cuestionó el contenido difundido en su contra. Posteriormente, también negó categóricamente que exista un acuerdo de colaboración como el que se le atribuye.
La controversia adquiere una dimensión política porque Ramírez se encuentra en plena disputa por la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California. La legisladora solicitó licencia al Senado el 17 de junio de 2026 para concentrarse en el proceso interno de su partido y competir por la candidatura rumbo a las elecciones de 2027.
Su principal disputa política dentro de Morena se desarrolla frente a Ismael Burgueño, actual alcalde de Tijuana, en una contienda que ha comenzado a elevar la tensión entre los distintos grupos que buscan encabezar el proyecto oficialista en el estado.
La trayectoria de Ramírez también la coloca cerca de la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quien fue secretaria particular durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Mexicali. La relación política entre ambas ha sido señalada como uno de los elementos que explican el peso de Ramírez dentro del grupo gobernante de Baja California.
La nueva controversia llega además después de varios meses en los que el nombre de la senadora con licencia había aparecido relacionado con versiones sobre su situación migratoria en Estados Unidos.
A comienzos de 2026, Ramírez negó que las autoridades estadounidenses hubieran cancelado su visa. Posteriormente, durante el verano, volvió a rechazar las versiones que cuestionaban su posibilidad de ingresar a territorio estadounidense y llegó a mostrar públicamente el documento para responder a esos señalamientos.
En julio, la propia gobernadora Marina del Pilar reconoció que había intentado cooperar con autoridades estadounidenses en una investigación, meses después de que se conociera la cancelación de su visa. Ese antecedente vuelve a colocar bajo atención cualquier posible acercamiento de integrantes del grupo político de Baja California con autoridades estadounidenses.
Al mismo tiempo, Ramírez enfrenta otro frente político dentro de Baja California. El Instituto Estatal Electoral ordenó recientemente retirar propaganda relacionada con su promoción política después de una denuncia presentada por el PAN por presuntos actos anticipados de campaña.
La suma de estos episodios coloca ahora a la senadora con licencia ante una situación políticamente delicada. Su nombre aparece vinculado a un supuesto mecanismo de cooperación con autoridades estadounidenses justo cuando busca consolidar su posición dentro de Morena para competir por la gubernatura.
El contenido del documento atribuido a Ramírez será uno de los elementos centrales de la controversia. También será determinante conocer si existe una investigación formal en Estados Unidos, cuál sería su objeto y si efectivamente se produjo una reunión entre la legisladora y fiscales o agentes federales.
Hasta ahora, Ramírez niega los señalamientos y sostiene que forman parte de una estrategia de desgaste político, mientras la investigación que difundió el supuesto acuerdo sostiene que existe documentación que respalda el acercamiento con autoridades estadounidenses.
La disputa por Baja California entra así en una nueva etapa. La revelación sobre el supuesto acuerdo coloca a Julieta Ramírez frente a preguntas sobre su relación con autoridades estadounidenses, mientras su futuro político depende de la definición que Morena haga para la candidatura de 2027.
El desenlace dependerá tanto de la autenticidad y alcance del documento difundido como de cualquier pronunciamiento que puedan realizar las autoridades estadounidenses sobre la existencia de una investigación y las condiciones de una eventual cooperación.
- LO MÁS LEÍDO EN Política
